Expresar preocupación y su más enérgico repudio a la destitución ilegal de la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, por parte del Tribunal Supremo y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado sábado 5 de agosto, que representa otra prueba de la ruptura del orden institucional en dicho país.

Señor presidente:

El presente proyecto busca repudiar la destitución ilegal de Luisa Ortega Díaz, de su cargo como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que atenta contra la Constitución de dicho país.

El pasado sábado 5 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la destitución elaborada por el Tribunal Supremo de Justicia de Luisa Ortega Díaz de su cargo como Fiscal General como resultado del antejuicio de mérito en su contra. Específicamente, durante la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente se leyó una carta emitida por el Poder Judicial en la que se ordena su inhabilitación para cualquier cargo público.

En este contexto, Luisa Ortega Díaz, llegó a su oficina en la sede del Ministerio del Público este sábado en Caracas y un cordón militar le impidió el acceso, detuvo a uno de sus guardaespaldas y se vio obligada a huir custodiada en una motocicleta.

El pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo de Justicia decreta la suspensión de Luisa Ortega Díaz como titular de su cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública. Así también, prohíbe su salida del país, solicita enajenar y gravar todos sus bienes, y congelamiento de cuentas.

La destitución se hizo a pedido del Tribunal Supremo de Justicia, organismo que responde directamente al gobierno en un contexto en el que el desencuentro entre Ortega Díaz y el régimen comenzó a fraguarse públicamente en marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos sentencias que despojaban al Parlamento de sus funciones legislativas para traspasarlas al Ejecutivo.

Ante dichas sentencias, la fiscal había afirmado “una ruptura del orden constitucional” y, en el marco de protestas sistemáticas desde el mes de marzo, denunció que las fuerzas de seguridad estaban violando los derechos humanos en las manifestaciones, consideró como responsables a autoridades policiales y la apertura de juicios a magistrados oficialistas del Supremo.

En este marco, la funcionaria atribuyó la ofensiva en su contra a un intento por “esconder la corrupción” y las “violaciones de derechos humanos” que se han dado en el marco de las protestas opositoras iniciadas hace cuatro meses.

Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente prestó juramento el sábado 5 de agosto a Tarek William Saab como el nuevo fiscal general de la República y Ortega Díaz, fue reemplazada por quien demostró una fidelidad total con el gobierno de Maduro. Por lo que su llegada a la Fiscalía alerta un aumento de protestas, la presión internacional y la crisis económica.

De este modo, en un marco en el que la Asamblea Nacional Constituyente fue desconocida por gran parte de la comunidad internacional por ser ilegítima y atentar contra la voluntad del pueblo venezolano, con este acto, el cuerpo demostró que irá tras los opositores tal como advirtió Nicolás Maduro y en menos de 24 horas dejó claro que sus poderes son virtualmente ilimitados.

Frente a la ilegitimidad de la Asamblea Constituyente y el rechazo mundial que se verificó el domingo 30 de julio, día de la elección de sus representantes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, reiteró que solo el Poder Legislativo tiene la competencia de destituir a quien ejerce el cargo de fiscal general de la República.

Ante estos hechos y sin demorar, la comunidad internacional se pronunció al respecto y repudió la medida del régimen. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la “violación flagrante” de la independencia institucional de la fiscal, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al afirmar que Ortega corre peligro.

Asimismo, el Mercosur suspendió a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, una decisión rechazada por el gobierno venezolano, que la consideró una “arbitrariedad”.

En este contexto de empeoramiento de la situación en Venezuela, la Cámara de Diputados de la Nación se compromete a llevar adelante acciones para el restablecimiento del orden democrático, el respeto por la división de poderes y elecciones libres en Venezuela. A su vez, reitera la solidaridad con el pueblo venezolano que atraviesa una intensa tensión política en medio de una grave crisis humanitaria: una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una contracción económica que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año el 12%.

Por los motivos anteriores, solicitamos a nuestros pares que se apruebe el presente proyecto de resolución.