Expresar repudio por el episodio de violencia física sufrida por el periodista Jesús Báez do Nacimento, propietario de la radio FM Carretera 101 de la localidad de San Antonio, provincia de Misiones; perpetrado el pasado 26 de julio de este año en la puerta de su vivienda donde además funciona la emisora radial.

Señor presidente:

El pasado 26 de julio de 2017 por la tarde, el periodista Jesús Báez do Nacimento, sufrió un ataque en el momento en que se encontraba en la puerta de su domicilio, donde además funciona la emisora radial FM Carretera 101 de la localidad de San Antonio, provincia de Misiones.

El hecho fue violento ya que dos hombres con identidad desconocida llegaron en una moto y le dispararon al periodista mientras se encontraba junto a su esposa afuera de su casa.

Esto resulta llamativo ya que Báez do Nacimento realiza constantes denuncias contra las fuerzas de seguridad en la Municipalidad de San Antonio por no luchar contra el narcotráfico y el contrabando.

El episodio no sólo afecta la posibilidad del periodista de realizar su labor de informar a la sociedad acerca de cuestiones de interés público, sino que genera la imposibilidad de informar apropiadamente acerca de los acontecimientos que tienen lugar en esa parte de nuestro país.

En un contexto en el que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) y el Foro de Periodistas de Misiones (FoPreMi) han condenado enérgicamente el atentado sufrido por el periodista, el presente proyecto busca repudiar el acto de violencia del que fue víctima Báez por ejercer su derecho de libertad de expresión.

Es fundamental tener en consideración que desde el año 1994, con la reforma constitucional, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCYP), gozan de jerarquía constitucional. Ambos instrumentos consagran la libertad de expresión en sus artículos 13 y 19, respectivamente.

La situación repudiada a través de la presente iniciativa, puso en riesgo las dos dimensiones de la libertad de expresión, estas engloban por un lado el derecho individual a no ser arbitrariamente impedido de manifestar su pensamiento, como el derecho de la sociedad de recibir informaciones de interés público.

En el año 2006, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de los Estados Americanos, a través de una declaración conjunta destacaron las consecuencias producidas por los ataques contra comunicadores sociales, entendiendo que estos “limitan la libertad de expresión no sólo de los periodistas sino de todos los ciudadanos, porque producen un efecto amedrentador sobre el libre flujo de información.”.

Existe una obligación por parte del Estado de garantizar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, esto implica que los particulares no limiten ilegítimamente la libertad de expresión de otras personas. La Corte Interamericana de derechos humanos ha considerado que una de las actitudes apropiadas por parte de las autoridades públicas frente a los actos de agresión contra periodistas es la manifestación pública de reprobación de tales hechos.

Por los motivos anteriores, solicitamos a nuestros pares que se apruebe el presente proyecto de resolución.