Que vería con agrado que el Presidente de la Nación, en virtud de sus facultades legales, arbitre los medios necesarios para tramitar la cancelación del derecho a usar la “Orden del Libertador San Martín” otorgada por la Ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner al Sr. Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el día 8 de mayo de 2013.

Señor presidente:

El 8 de mayo de 2013 la Ex Presidente de la República, Cristina Fernández de Kirchner, otorgó al Sr. Nicolás Maduro Moros la “Orden del Libertador San Martín”, en grado de collar, dado el cargo de quien recibió la distinción. Dicha condecoración fue oficializada mediante el decreto 481/2013 que aprobó el acta del “Consejo de la Orden del Libertador San Martín”, suscripta el 18 de abril de 2013.

La Orden del Libertador es la máxima distinción que otorga la República Argentina de manera exclusiva a los funcionarios extranjeros que, en el ejercicio de sus funciones, merezcan en alto grado el honor y reconocimiento de la Nación, según reza el art. 1 del Decreto-Ley N° 16.628/1957. Asimismo, la reglamentación del Decreto-Ley mencionado anteriormente, en su art. 5, establece la conformación del Consejo que otorga la condecoración y las competencias del mismo, previendo expresamente en el inciso “G” la facultad de: “Suspender o cancelar el derecho a usar las insignias conferidas por cualquier acto incompatible con la dignidad de la Orden”.

Cabe destacar que fue nuestro Libertador, el General San Martín, quien adoptó en la ciudad de Lima la iniciativa diciendo que creaba la “Orden del Sol” para recompensar a todos los hombres beneméritos, por ser esa la prerrogativa más honorable de todo Gobierno. Este fue el antecedente que fundamentó la creación de la condecoración que lleva su nombre, la cual no significa una distinción de mera cortesía, sino la más alta recompensa nacional para los funcionarios extranjeros que merezcan el honor y el reconocimiento de la Nación argentina.

La situación actual en la República Bolivariana de Venezuela es alarmante, ya que se ha abolido la división de poderes y el régimen de gobierno carece de los atributos necesarios para ser definido como una democracia. En los últimos cuatro meses se ha desatado una ola de conflictividad social donde el Poder Ejecutivo, no sólo ha cooptado al Poder Judicial, sino que además ha conspirado con éste para suspender a la Asamblea Nacional, reprimiendo ferozmente a quienes intentan poner límite a las aspiraciones totalitarias del Presidente.

Lamentablemente han fallecido más de 120 personas en los últimos cuatro meses a causa de la represión, estatal y paraestatal, que el régimen oficialista despliega sobre las manifestaciones de quienes disienten con la postura del gobierno y actualmente hay más de 400 personas detenidas por cuestiones políticas. En marzo de este año el Poder Judicial confirmó la alianza con el Poder Ejecutivo al asumir las funciones de la Asamblea Nacional y, si bien debió dar marcha atrás con esa medida, la crisis del orden democrático alcanzó un punto del cual es muy difícil retornar.

La democracia en Venezuela existe sólo en el plano formal, ya que se suspendieron las elecciones regionales de 2015 y desde entonces la oposición exige, sin éxito, su celebración. En el año 2016 se llevó adelante la recolección de firmas para iniciar el procedimiento de referéndum revocatorio de la gestión de Maduro, el cual, a pesar de haber reunido la cantidad necesaria de firmas fue ignorado por el gobierno y jamás se llevó a cabo.

Si bien Venezuela es miembro del MERCOSUR, se encuentra suspendida en el proceso de integración desde el 2 de diciembre de 2016 por la gravedad de su situación interna. El 21 de julio del corriente año, durante la presidencia pro tempore argentina, los Estados miembros del Mercado Común del Sur junto a Chile, Guyana, Colombia y México emitieron una declaración oficial donde: “[…] Hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos” . Además, el 16 de julio de 2017 se realizó un referéndum simbólico que fue convocado por la Mesa de Unidad Democrática, en donde más de 7.000.000 de venezolanos, en su gran mayoría residentes en el extranjero, demostraron su rechazo al llamado de Maduro a realizar una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna venezolana.

Más de 40 Estados, entre los que se encuentra la República Argentina, han manifestado que no reconocerán el resultado de la Asamblea Constituyente celebrada por el oficialismo el pasado 30 de julio porque consideran que el procedimiento no se ha ajustado a derecho y es un intento desesperado de Maduro para perpetuarse en el cargo.

La “Orden del Libertador San Martin” es la máxima distinción que otorga la República Argentina de manera exclusiva a aquellos funcionarios extranjeros que, en el ejercicio de sus funciones, merezcan en alto grado el honor y reconocimiento de la Nación. El Presidente Maduro ha incurrido en acciones directas que importan una gravedad tal que amerita la cancelación del derecho a usar las insignias conferidas, ya que sus acciones son incompatibles con la dignidad de la Orden.

Por lo expuesto, Sr Presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.