Expresar preocupación por la crisis institucional en Venezuela y manifestar rechazo y no reconocimiento a los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente del domingo 30 de julio de 2017, que atenta contra la voluntad del pueblo venezolano.

Señor presidente:

El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para el domingo 30 de julio de 2017 por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha agudizado la crisis institucional por la que atraviesa dicho país.

Si bien este llamado se enmarca en los artículos 347, 348, 349 y 350 de la Constitución de Venezuela, el procedimiento que llevó a cabo el presidente Maduro para la convocatoria de la elección se realizó en forma inconstitucional ya que no convocó a una consulta popular para que el pueblo venezolano se pronunciaran a favor o en contra de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

En esta línea, que la Asamblea Nacional Constituyente sea convocada por parte del presidente puede representar una amenaza al sistema democrático ya que el Jefe de Estado goza de mayor poder para convocarla a diferencia de la Asamblea Nacional que necesita la aprobación de las dos terceras partes o los Consejos de Municipales mediante el voto de las dos terceras partes. A su vez, los artículos 348 y 349 enmarcados por el 347 y el 350 de la Constitución de Venezuela establecen que por más que el presidente tenga el poder para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo es el depositario del poder constituyente originario por lo que Maduro debería haber llamado a un plebiscito para dar cuenta la verdadera voluntad del pueblo. Al no hacerlo, el llamado se considera ilegítimo.

En este contexto, la Consulta popular organizada por la Asamblea Nacional de Venezuela y por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) el pasado 16 de julio ha demostrado que la voluntad del pueblo no es congruente con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera, el Presidente no puede definir el pueblo a su saber y entender y a su conveniencia sino debe respetar los resultados de la Consulta Popular ya que esta se enmarca en el concepto del poder popular que está establecido en el artículo 350 de la Constitución de Venezuela: “El pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”

El llamado por parte del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Constituyente busca su perpetuación en el poder ya que con esto incumple con el calendario electoral. A su vez, dicho llamado tiene por objetivo la acumulación de poder ya que las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente serán absolutas y esto consolida la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo de Venezuela.

El día domingo 30 de julio tuvo lugar la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en un contexto de represión y violación a los derechos humanos. Cabe aclarar que el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no alcanzó el millón y medio de votantes (el 7% del padrón de elección para la Asamblea Nacional Constituyente). Sin embargo, advirtió que el Consejo Nacional Electoral "ya tiene su boletín para decir que votaron más de 8.5 millones”.

Frente a los hechos acontecidos, cabe aclarar que la Comunidad Internacional se ha expresado en contra de la Asamblea Constituyente. Los gobiernos de Panamá, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, México, Costa Rica, Suiza, Chile, España, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, se han manifestado destacando la ilegitimidad popular del llamado. A su vez, organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo desconocieron la iniciativa del presidente Maduro porque el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente viola los principios básicos de la democracia establecidos en tratados internacionales y en la propia Constitución de Venezuela.

Nuestro gobierno mediante un comunicado de Cancillería ha anunciado el día de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente el no reconocimiento de Argentina de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente.

En este contexto, este proyecto rechaza y desconoce los resultados de la Asamblea Constituyente porque la misma atenta contra el derecho al sufragio directo, secreto y universal y contra el funcionamiento de todos los Poderes Públicos. A su vez, tiene como objetivo aprobar una nueva Constitución afín a los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Todo ello, al margen de un sistema democrático.

Asimismo, desde la Cámara de Diputados nos sumamos al llamamiento para que el gobierno de Maduro termine con la represión, permita restablecer el orden democrático y abra el canal de ayuda humanitaria al país venezolano que está atravesando una grave crisis humanitaria.

Por los motivos anteriores, solicitamos a nuestros pares que se apruebe el presente proyecto de declaración.