Expresar su más honda preocupación por la restricción de los derechos republicanos en la República Bolivariana de Venezuela, instando al Presidente a pacificar la situación por medio del llamado a elecciones presidenciales anticipadas. Solicitamos que se habilite un canal humanitario, se restituyan las funciones de la Asamblea Nacional y se libere a los presos políticos.

Señor presidente:

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela prorrogó por séptima vez, desde el año 2016, “el estado de excepción y emergencia económica”, que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una supuesta medida para preservar el orden interno. Este decreto atenta contra un estado de derecho capaz de garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

El estado de excepción debería ser aprobado por mayoría en la Asamblea Nacional, que desde el 2016 tiene mayoría opositora y que en la actualidad se encuentra en desacato, por lo que el decreto sería enviado al Supremo Tribunal de Justicia para declarar su constitucionalidad.

Peligroso es también el hecho de que el mismo decreto establece la posibilidad de restricción de las garantías, siendo contraria a cualquier política de derechos humanos que debería regir.

Según lo establecido, el decreto permite disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, siendo esto un avasallamiento inconmensurable. A su vez se restringe el sistema monetario y el acceso a las monedas locales y extranjeras, vulnerando así el derecho de todos los ciudadanos.

Nuestra preocupación surge también de conocer que debido a la situación que atraviesa Venezuela al día de la fecha el saldo de víctimas fatales ascendió a 50, después de 45 días de manifestaciones, lo que nos lleva a tomar una postura que tenga en consideración la profunda crisis humanitaria.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen en la aprobación de este proyecto.