Expresar su más enérgico repudio a los actos violentos realizados por un grupo de delegados gremiales que pertenecerían al sindicato UPCN en la sede del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el día 17 de marzo de 2017, saboteando el sistema informático del organismo, afectando así el funcionamiento del mismo.

Señor presidente:

Es de destacar el trabajo llevado a cabo en los últimos meses por el Lic. Jorge Todesca y el equipo técnico del INDEC. Han recuperado el organismo encargado de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el país. Instituto que décadas atrás fuera internacionalmente reconocido como uno de los centros públicos de estadística de mayor prestigio en América Latina.

Una estadística creíble y transparente es un derecho básico de los ciudadanos y es clave para el funcionamiento de todo sistema democrático. Representa una herramienta imprescindible para construir sólidos cimientos de un país.

Si la información no es confiable, no es creíble. Y la estadística deja de ser un instrumento útil para la toma de decisiones tanto públicas como privadas. Los principios básicos en la generación y difusión de la información, incluso de aquella negativa, resulta a largo plazo más valioso que el beneficio obtenido por manipular y difundir buenas noticias en el corto, incluso para los gobiernos de turno

Cuando la información es confiable, la estadística cumple un papel relevante en el diagnóstico e identificación de problemas, como también de instrumento para el diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas. Resulta factor de consulta y de decisión crucial también para que el sector privado tome decisiones de inversión, empleo, etc. Un país, su gobierno, su gente, vuelve a ser creíble. Vuelve a Ser.

Su característica principal: su exactitud científica. Su valor más preciado: la confiabilidad.

Es por ello que buscar alterar o boicotear su funcionamiento, resulta equiparable a traición a la Patria: Pone en peligro no una estadística o número, sino al futuro de todos los ciudadanos.

Por las implicancia prácticas y simbólicas que conlleva sabotear una institución clave para el país, es que venimos a expresar nuestro repudio a los actos vandálicos y de sabotaje realizados el día 17 de marzo de 2017 en la sede del Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación, que conllevó la interrupción del funcionamiento del sistema informático de dicha entidad. Se han visto afectados relevamientos de varias encuestas y estudios analíticos

En un acto que denominaron “de protesta”, un pequeño grupo de delegados, hicieron caer la página web del INDEC y sabotearon servidores internos de procesamiento de información, poniendo en peligro días de trabajo y esfuerzo.

Asimismo, en un desconocimiento irrespetuoso e indisciplinado a la autoridad, con actitudes intimidatorias, buscando interferir en el ejercicio de la libertad de trabajo, obstruyeron el contacto verbal entre el Lic. Todesca y un empleado para lograr el restablecimiento del sistema.

Ninguna duda cabe que los trabajadores pueden realizar protestas, marchas etc. tendientes a hacer escuchar sus reclamos, pero lo que no se puede permitir en forma alguna es que, como medio para ello, se dañe o inutilice sistemas informáticos o cualquier otra propiedad del estado, ya que ello conlleva un acto vandálico que excede al derecho a la protesta y genera daños económicos que luego deben ser afrontados con el erario público que se conforma con los impuestos que pagan todos los ciudadanos . Es decir, se realiza un daño que perjudica seriamente a la ciudadanía que luego debe pagar por su reparación.

Ese daño configura un ilícito penal (infracción a los arts. 183 y 184 del Código Penal), que como tal debe ser investigado por los Fiscales en turno, con el fin de asignar las respectivas responsabilidades, y en caso de comprobarse las mismas, que sean quienes produjeron el daño quienes deban repararlo

El derecho a las protestas se encuentra protegido por la Constitución Nacional y es un claro ejercicio de la democracia, pero ello no habilita a que quienes lo realizan lo utilicen de manera extorsiva, lesionando patrimonio y derechos de los conciudadanos. Todo daño a la propiedad privada y pública excede el marco de las protestas y debe ser sancionado y repudiado por toda la sociedad.

Por otra parte, el Estado Nacional no puede permitir que dentro de sus dependencias e instituciones se encuentren personas que no tengan respeto por su lugar de trabajo, sus colaboradores, y mucho menos por sus ciudadanos, a quienes en definitiva les deben servir como empleados públicos que son, representando los hechos referidos del 17 de marzo causal de expulsión.

Debemos aprender a convivir entre todos, en un marco de libertad y respeto por el prójimo. Intentemos ser receptivos y entrar en diálogo respetuoso, fomentando acciones de encuentro y no de desencuentro.

Por ello solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.