Expresar su preocupación por el estado de la causa que tramita ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la que se investiga la muerte del joven Jonatan Herrera, asesinado por miembros de la Policía de Acción Táctica en enero de 2015 en un caso de gatillo fácil policial. Advertir asimismo que existen innumerables denuncias por irregularidades en la investigación en curso y rechazar por ello cualquier intento de encubrimiento de estos hechos.

Señor presidente:

El pasado 4 de enero de 2015, el joven trabajador del comercio Jonatan Herrera, de 23 años, murió víctima de una balacera protagonizada por la policía de la provincia de Santa Fe. Tal como consta en las declaraciones de diversos testigos, efectivos de la Policía santafesina y de la Policía de Acción Táctica (PAT) ingresaron abruptamente ese día el barrio La Tablada de la ciudad de Rosario en momentos en que Jonatan se encontraba en la puerta de su casa lavando su auto. Aunque el joven trató de protegerse, los disparos lo atravesaron provocándole la muerte.

La causa cuenta con pruebas contundentes, ya que se encontraron 12 vainas en el suelo y el cuerpo de Jonatan tenía 4 disparos. Hay además testigos suficientes que dan cuenta de la participación en estos hechos de los agentes policiales Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, además de pruebas incuestionables, como las imágenes de videos en las que puede identificarse claramente a los responsables de estos hechos.

Sin embargo, a casi un año del asesinato de Jonatan, la fiscalía interviniente sigue sin presentar acusación y los policías implicados en su muerte y en su posterior encubrimiento continúan por lo tanto sin ser elevados a juicio. De esta manera, también peligra la prisión preventiva en la que se encuentran los imputados, próxima a vencer el 28 de diciembre de este año.

Al respecto, cabe destacar que tal como sucede en el caso de Franco Casco y de otros jóvenes asesinados por la policía santafesina, son numerosas las denuncias realizadas por los familiares de Jonatan por las irregularidades en la causa que tramita ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la ciudad de Rosario. Entre otras cosas, se denuncia que mientras la defensa de los agentes implicados argumenta que se trataba de "jóvenes sin experiencia" -como si este fuera un "paliativo" para su accionar criminal-, la justicia ha llegado al punto de no notificar a la familia de la víctima de las audiencias realizadas, negándoles el legítimo derecho a su participación, al mismo tiempo que concede a los imputados -como sucede con el policía Alejandro Gálvez- el beneficio a la prisión domiciliaria.

Los familiares de Jonatan también denuncian que de mantenerse este curso, la posibilidad de que los agentes implicados queden en libertad sin cargo alguno, dejando su asesinato impune, se vuelve cada vez más concreta. Numerosas organizaciones sociales, políticas y de los derechos humanos denuncian a la vez que esta situación es más grave todavía si se considera que en la provincia de Santa Fe existen gran cantidad de denuncias a la complicidad judicial, que ha permitido que la muerte de decenas de jóvenes continúe impune.Esta realidad que golpea particularmente a la juventud estigmatizada y vulnerada de derechos, hoy se expresa en la ciudad de Rosario de manera exacerbada, y es por eso que junto a los familiares de Jonatan, también se han movilizado durante todos estos meses para denunciar las irregularidades que ya existen en la causa y para exigir justicia.

Como es de público conocimiento, el gatillo fácil policial, la llamada violencia institucional y la impunidad que encubre la participación de numerosos agentes de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe se ha llevado la vida de jóvenes, en su mayoría trabajadores y pobres, como Gerardo "Pichón" Escobar, Jonatan Herrera, Alejandro Ponce, Carlos Godoy, Gabriel Joroba Aguirre, Dante Fiori, Maxi Godoy, Gabriel Riquelme. Sus nombres ponen valores concretos a estas graves violaciones a los derechos humanos, a las que se suman las denuncias por los casos de apremios ilegales a jóvenes detenidos, realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, además de los gravísimos casos de corrupción policial de los que el caso del comisario Tognoli es sólo su expresión más conocida.

Esta situación alarmante del accionar represivo tiene como correlato el accionar del Estado y sus instituciones, como la una justicia, que colabora con la segregación social de la juventud sin condenar a los responsables, perpetuando la impunidad.

Jonatan Herrera, Gerardo "Pichón" Escobar y Franco Casco y tantos otros se han vuelto un emblema de esta pelea contra la impunidad que encubre los asesinatos de la juventud, particularmente la más pauperizada de la la provincia y con métodos que recuerdan a los de la última dictadura militar.

Para aportar a fortalecer la lucha contra la impunidad, que hoy protagonizan los familiares y amigos de Jonatan, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.