Expresar su preocupación por las irregularidades que atraviesa la causa en la que se investiga el homicidio del joven Gerardo Ezequiel Escobar, que tramita ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Manifestar asimismo su solidaridad con el reclamo de sus familiares y amigos, que a más de tres meses del hallazgo de su cuerpo sin vida en el Río Paraná, y habiendo testimonios que dan cuenta de la participación de agentes de la policía provincial en estos hechos, exigen el cambio de carátula de esta causa para que se reconozca y se investigue su desaparición forzada.

Señor presidente:

Gerardo Escobar, conocido como Pichón, era un joven de 23 años que vivía en barrio Alvear de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y trabajaba como empleado municipal en el área de Parques y Paseos. El 14 de agosto de este año fue a bailar con amigos al boliche "La Tienda", ubicado en el centro de la mencionada localidad. Tras una intensa búsqueda, que promovió la movilización incansable de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, su cuerpo sin vida fue encontrado el viernes 21 de agosto de 2015 flotando en aguas del río Paraná, en cercanías del Club Náutico ubicado entre el Canal 5 y la Avenida Pellegrini de la ciudad de Rosario.

Los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, imputaron el 31 de agosto del corriente a uno de los custodios del local bailable por el delito de "homicidio", mientras que otros dos miembros de la seguridad privada del boliche y dos miembros de la policía santafesina fueron imputados por el delito de "encubrimiento". Hasta el momento, todos ellos permanecen con prisión preventiva.

En base a los informes brindados por testigos, los fiscales sostienen que Cristian Jesús Vivas, de la seguridad privada del "La Tienda", fue quien golpeó a Escobar en la cabeza y en la cara a la salida del local, en la esquina céntrica de las calles Sarmiento y Tucumán, arrastrándolo luego hasta la calle Catamarca donde lo intercepta un patrullero. El resto de los imputados, tanto los miembros de la agencia de seguridad privada del local José Luis Carlino y César Ampuero, como los policías provinciales Maximiliano Amiselli y Luis Alberto Noya, están acusados de haber encubierto estos hechos tras presenciar la brutal golpiza de la que fue víctima Gerardo.

Según las pruebas, pericias y testimonios aportados en la investigación, Gerardo fue llevado luego en un móvil policial hasta la Comisaría 3°, donde permaneció detenido ilegalmente, golpeado y torturado hasta que su cuerpo sin vida fue arrojado al Río Paraná. Como afirman sus familiares y amigos, todo esto resulta más que suficiente para concluir que nos encontramos ante la existencia de los delitos de "privación ilegal de la libertad" y de "desaparición forzada de personas", motivo por el que exigen el cambio de carátula de la causa.

Tanto los abogados Salvador Vera y Guillermo Campana, que representan a la familia en la querella, como las organizaciones de derechos humanos que la acompañan, han denunciado también que la mencionada Fiscalía obstruyó la investigación desde el primer momento, encubriendo la participación policial en la desaparición de Gerardo y sin que fueran siquiera ejecutadas las medidas necesarias para preservar los elementos probatorios, como las cámaras de seguridad privadas y el peritado de las mismas - que permitirían constatar si las imágenes que contienen fueron borradas o adulteradas-, al mismo tiempo que mantiene la negativa a la asesoría legal solicitada por el Defensor Provincial Dr. Gabriel Ganón para asistir a la familia de Escobar.

Junto con ello, también denuncian que resulta preocupante el accionar del Ministerio de Seguridad de la provincia, que no puso de inmediato a disposición de la causa las pruebas mencionadas, a pesar que éstas permitirían avanzar en el esclarecimiento de los hechos y del accionar policial.

Por otra parte, cabe destacar que el caso de Gerardo Ezequiel Escobar llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Defensor Provincial Dr. Gabriel Ganón, dónde se realizó una presentación para solicitar al Estado Argentino que realice medidas cautelares necesarias para evitar que continúe el proceso irreparable de destrucción de pruebas sobre lo ocurrido en el caso.

Una vez más tenemos que decir que, como denuncian los familiares y amigos de Gerardo, existe un entramado judicial, policial y estatal que encubre y sostiene con impunidad estas prácticas nefastas de persecución, desaparición y muerte por parte de las fuerzas de seguridad, de las son víctimas particularmente los jóvenes más pobres de la provincia. Este entramado, como también denuncian, incluye la protección a los propietarios del local bailable "La Tienda", que al momento de los hechos ya contaba el reiterado antecedente de denuncias a causa de las golpizas protagonizadas por personal contratado para la seguridad privada contra jóvenes que asistían al lugar.

La violencia policial de la que es víctima la juventud, particularmente la juventud estigmatizada y vulnerada de derechos, hoy se ve en la ciudad de Rosario de manera exacerbada. El gatillo fácil, la llamada violencia institucional y la impunidad que encubre la participación de numerosos agentes de las fuerzas de seguridad en la provincia ya se ha llevado la vida de Gerardo "Pichón" Escobar, Jonatan Herrera, Leonel Martínez, Alejandro Ponce, Carlos Godoy, Gabriel Joroba Aguirre, Dante Fiori, Maxi Godoy, Gabriel Riquelme, entre algunos de los nombres que ponen valores concretos a estas graves violaciones a los derechos humanos. A ellas hay que sumar también las denuncias por los innumerables casos de apremios ilegales sufridos por jóvenes detenidos en comisarías de la provincia, realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, así como los gravísimos casos de corrupción policial de los que el comisario Tognoli es sólo su expresión quizá más conocida.

Esta situación alarmante del accionar represivo tiene como correlato el accionar del Estado y sus instituciones, como la una justicia, que colabora con la segregación social de la juventud sin condenar a los responsables, perpetuando la impunidad.

Gerardo "Pichón" Escobar, Franco Casco, Jonatan Herrera y tantos otros se han vuelto un emblema de esta pelea contra la impunidad que encubre los asesinatos de la juventud, particularmente la más pauperizada de la la provincia y con métodos que recuerdan a los de la última dictadura militar.

Para aportar a fortalecer la lucha contra la impunidad, que hoy protagonizan los familiares y amigos de Gerardo, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.