Expresar su preocupación por el estado de la causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la que se investiga la desaparición forzada del joven Franco Casco, cuyo cuerpo fuera hallado en octubre de 2014 en el Río Paraná tras haber permanecido detenido en la Comisaría 7° de dicha localidad, sin que existan imputados en los hechos.

Rechazar asimismo todo intento de encubrimiento de estos hechos así como todo intento de criminalización, avasallamiento y persecución de la juventud.

Señor presidente:

Franco Casco, un joven albañil de 20 años y padre de un hijo, desapareció el pasado 6 de octubre de 2014 cuando se dirigía desde la casa de su tía en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a la estación que lo llevaría de regreso a la localidad de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, donde residía junto a su familia.

Franco nunca llegó a destino, y por eso su madre Elsa -quien lo esperaba en la estación- se comunicó con la tía del joven al no tener noticias suyas, advirtiendo de inmediato que algo había sucedido con su hijo. Fue allí que comenzó la búsqueda de Franco y el calvario para sus familiares y amigos, que tras una intensa campaña por su aparición con vida -que contó con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, políticas y de los derechos humanos- culminó el 30 de octubre de ese mismo año cuando el cuerpo de Franco apareció flotando en el Río Paraná.

Tal como consta en las actas de la comisaría, Franco fue detenido ese mismo 6 de octubre por miembros de la Comisaría 7° de la ciudad de Rosario, ubicada en las inmediaciones de la terminal de ésta localidad. Allí permaneció detenido y fue brutalmente golpeado por agentes de la policía local. Por otra parte, aunque estas actas sostienen que Franco fue liberado el 7 de octubre al mediodía, sus padres denuncian que la firma del joven, que allí se reproduce, no es de su autoría.

Los familiares y amigos de Franco también denuncian que la fiscalía provincial fue la encargada de comenzar la investigación con un procedimiento absolutamente irregular, realizando el pedido de Averiguación de Paradero recién el 22 de octubre de 2014, es decir, 14 días después de tomar conocimiento de la desaparición del joven. Junto con ello, denuncian que también fue encubierto el accionar de la policía de Santa Fe, ya que el Subcomisario Álvarez en persona detiene a Franco por "desacato a la autoridad" de un modo completamente ilegal, sin testigos, sin indicios de que estuviera cometiendo algún delito, a plena luz del día, tras el llamado de un vecino que habría advertido la presencia de un joven en actitud de "merodeo". De más está señalar que el "merodeo" no es un delito y, por lo tanto, no puede ser considerado indicio suficiente para que intervenga la policía y proceda a la detención de persona alguna.

Es por ello que, ante tal estado de impunidad, la familia del joven comenzó a organizarse junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas para reclamar justicia por Franco, exigiendo en primer lugar al estado que reconozca que a Casco lo desapareció la policía y que este accionar forma parte de un "modus operandi" recurrente en las fuerzas de seguridad para con la juventud en Argentina.

Esta incansable pelea, que contó con el apoyo y la solidaridad activa de amplios sectores, logró que finalmente fuera aceptado el cambio de carátula que reclamaban los familiares y amigos de Franco. Es así que la causa que hoy procede ante el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Rosario tramita bajo la figura de "desaparición forzada", reconociendo la participación de las fuerzas de seguridad en estos repudiables hechos.

Pese a ello, los acontecimientos ocurridos el entre el 6 y el 7 de octubre de 2014 aún no se han esclarecido y tramitan en la investigación delegada a la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, a cargo del Dr. Marquevich, bajo la carátula de "NN s/ privación ilegal libertad agravada art. 142 inc. 5, Víctima: CASCO FRANCO EZEQUIEL". Por otra parte, desde que comenzaron a instrumentarse las primeras medidas en la causa, no hay imputados, y los familiares de Franco denuncian un silencio reinante en la órbita de la justicia federal.

Junto con ello, los familiares y amigos del joven también sostienen que el caso de Franco Casco no es el único en la provincia, y que esta realidad que golpea particularmente a la juventud estigmatizada y vulnerada de derechos hoy se expresa en la ciudad de Rosario de manera exacerbada.

Mientras a nivel nacional se estima que al menos un joven muere a manos de las fuerzas represivas cada 28 horas, las incansables denuncias de los familiares de las víctimas y de los organismos sociales y de derechos humanos de Santa Fe dan cuenta de que estos números se multiplican de manera alarmente en esta provincia. Allí, como es de público conocimiento, el gatillo fácil policial, la llamada violencia institucional y la impunidad que encubre la participación de numerosos agentes de las fuerzas de seguridad, tanto locales como nacionales, se ha llevado la vida de jóvenes, en su mayoría trabajadores y pobres, como Gerardo "Pichón" Escobar, Jonatan Herrera, Alejandro Ponce, Carlos Godoy, Gabriel Joroba Aguirre, Dante Fiori, Maxi Godoy, Gabriel Riquelme. Sus nombres ponen valores concretos a estas graves violaciones a los derechos humanos, a las que se suman las denuncias por los casos de apremios ilegales a jóvenes detenidos, realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, además de los gravísimos casos de corrupción policial de los que el caso del comisario Tognoli es sólo su expresión más conocida.

Esta situación alarmante del accionar represivo tiene como correlato el accionar del Estado y sus instituciones, como la una justicia, que colabora con la segregación social de la juventud sin condenar a los responsables, perpetuando la impunidad.

Franco Casco, Jonatan Herrera, Gerardo "Pichón" Escobar, entre tantos otros, se han vuelto un emblema de esta pelea contra la impunidad que encubre los asesinatos de la juventud, particularmente la más pauperizada de la la provincia, con métodos que recuerdan a los de la última dictadura militar.

Por los motivos expuestos, y con el objeto de aportar a fortalecer esta lucha contra la impunidad, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.