Expresar su enérgico repudio a la ilegal detención de Milagro Sala, diputada por el Parlasur, y exigir su inmediata liberación, en virtud de que sus derechos a la libertad ambulatoria, a peticionar ante las autoridades y a la libertad de expresión han sido perversamente vulnerados por parte del Estado provincial jujeño, concretándose ello en una palmaria violación a sus derechos humanos fundamentales y haciendo incurrir a nuestro país en responsabilidad internacional.

Señor presidente:

La detención de la dirigente social y diputada por el Parlasur Milagro Sala se produjo el día 16 de enero por orden del juez de control Raúl Gutiérrez, a raíz de una denuncia presentada por el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. La diputada fue detenida en el marco de su imputación por “instigar a cometer delitos y tumultos” y, en un hecho llamativo en cuanto a procedimientos formales, la detención fue hecha en persona por el ministro de seguridad provincial Ekel Meyer. El único medio probatorio ultilizado para sustentar esa denuncia fue un video en donde se muestra a la Diputada Milagro Sala intercambiando salutaciones con adherentes a su organización.

Sospechosamente, luego de ordenar la detención de Milagro Sala, el juez Gutiérrez solicitó licencia por enfermedad, repitiendo un comportamiento similar al que tuvo en agosto del año 2013 cuando ordenó reprimir a trabajadores de ATE, y cuyo resultado fueran de 20 heridos y más de un centenar de personas detenidas.

El Fiscal de Estado de la provincia, Dr. Mariano Miranda, a cargo de presentar las denuncias contra la legisladora del Parlasur, afirmó a la prensa ese día que “va a continuar detenida hasta que se levante el acampe”, dejando en claro que la detención de la diputada del Parlasur era un gesto de extorsión a los movimientos sociales que pacíficamente se encontraban reclamando sus legítimos derechos frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy.

En una sucesión de irregularidades judiciales, fueron rechazados los pedidos de Hábeas Corpus y excarcelaciones, cuyos fundamentos no fueron publicados por el juez de la causa.

A raíz de la falta de fundamentos y de elementos probatorios para mantener detenida a la Diputada Sala, el gobierno provincial inició nuevas acciones penales contra la parlamentaria del Mercosur, en esta ocasión por asociación ilícita, y a la vez le fue quitada la personería jurídica a la organización Tupac Amaru. Cabe recordar que ambas acciones eran utilizadas hasta 1943 para perseguir a los dirigentes sindicales, tal como consigna el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en su nota de opinión publicada en el Diario Página 12, en fecha 22/01/16, y como recursos con fines persecutorios deben ser rechazados en todo Estado de derecho.

El día 29 de enero, el nuevo juez de la causa Gastón Mercau, dictó la libertad para Milagro Sala en la causa por instigación a cometer delitos y tumultos, pero con una extraordinaria celeridad, dictó su prisión preventiva en la causa por asociación ilícita en la que la que Sala está imputada junto a otros 14 dirigentes sociales. De esa causa, únicamente fue arrestada Milagro Sala. Corresponde mencionar que la justicia local no respeta las inmunidades de la Diputada por el Parlasur en flagrante violación a la Ley 27.120.

En los últimos meses se ha instalado un régimen de persecución a militantes y representantes de las cooperativas de la comunidad, y específicamente en las últimas semanas se ha privado de la libertad arbitrariamente siendo actualmente presos políticos junto con Milagro Sala: Patricia Cabana, Mirta Aizama y Gladys Díaz (alojadas en la cárcel de Alto Comedero); Iván Altamirano (alojado en la Comisaría Nº 32, Malvinas); María Molina, Mirta Guerrero, Jesús Elba Galarza (alojadas en Comisaría de la Mujer, Huaico); Miguel Ángel Sivila (alojado en la Brigada); Raúl Noro, cónyuge de Milagro Sala (por prescripción médica se encuentra en el Hospital Pablo Soria San S. Jujuy) y Alberto Cardozo (alojado en la cárcel de varones). Es de destacar que los hechos por los que se imputa falsamente a las personas mencionadas no corresponde la prisión preventiva, sin embargo el estado jujeño los detiene con un fin aleccionador y de instalación de temor para que la Agrupación Tupac Amaru no continúe con sus objetivos que originaron su constitución, el empoderamiento como sujetos políticos de los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad jujeña.

A mayor abundamiento las detenciones anteriormente mencionadas son ostensiblemente arbitrarias e injustificadas, lo cual las tornan ilegales dado que ninguna de las personas detenidas se encuadra en los casos de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga. Ello coloca en evidencia al poder judicial jujeño y su parcialidad, siguiendo expresas instrucciones por el ejecutivo local, alineado directamente con el Poder Ejecutivo Nacional. Distinta es la vara de la justicia para con otros funcionarios actualmente en ejercicio. Como ejemplo se puede mencionar al actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien se encuentra procesado como presunto "partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" en la causa por el MEGACANJE, y tiene trabado un embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos, procesamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme el pronunciamiento de la sala III de la Cámara de Casación Penal, que confirmó el fallo de primera instancia en el año 2004.

Otro caso significativo es el del también diputado por el Parlasur por el frente Cambiemos Fabián Rodríguez Simón, quien también se encuentra procesado por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en la causa que llevó adelante el juez Fernando Cubas por las acciones violentas por la disuelta UCEP (Unidad de Control del Espacio Púlbico) con personas vulnerables en situación de calle. El juez trabó un embargo por cien mil pesos sobre los bienes de Rodríguez Simón. Ambos, funcionario del P.E.N. y legislador por el Parlasur, se encuentran en libertad.

La persecución política a la Diputada Sala aún es más palmaria, ante el allanamiento que tuvo lugar en su domicilio y el intento de ingresar por la fuerza y sin orden judicial a la sede de la organización social Tupac Amaru.

La vulneración del estado de derecho en Jujuy es tal que la organización Aministía Internacional solicitó medidas urgentes tendientes a la liberación de la Diputada Milagro Sala por considerarla una presa política. “Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión” sostuvo la directora de Aministía Internacional en Argentina Mariela Belski”.

Asimismo numerosos organismos de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional, han expresado su preocupación y su solidaridad con la Diputada Milagro Sala. Junto con Amnistía Internacional se suman: el Centro de Estudios Legales y Sociales; Eurodiputados; legisladores de América Latina expresaron su preocupación ante la última reunión de la CELAC; el premio Nóbel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Raúl Zaffaroni; entre otras numerosas organizaciones políticas y sociales.

Al día de la fecha la Diputada Milagro Sala se encuentra hace siete meses privada de su libertad y aún no se ha definido su situación procesal porque los responsables de su detención no poseen elementos probatorios suficientes que sustenten la misma. Se reitera que Milagro Sala no reúne los requisitos que supondrían justificar su detención preventiva. Ella se encuentra detenida en flagrante contraposición con su presunción de inocencia, principio de raigambre constitucional.

A lo anteriormente descripto se suma un hecho lamentable más y es que actualmente Milagro Sala se encuentra realizando una huelga de hambre como protesta ante una infundada sanción que la mantiene incomunicada y en atención a ello se han multiplicado acciones en solidaridad con ella. Los Curas en Opción por los Pobres y Madres contra la Violencia Institucional comenzaron un acampe en Plaza de Mayo y una huelga de hambre para reclamar por el inmediato cese de la incomunicación de Sala.

“La medida arbitraria e ilegal, adoptada por orden de Gerardo Morales constituye un nuevo hecho de agravamiento en las condiciones de la detención de la diputada del Parlasur que permanece desde el 16 de enero privada ilegalmente de su libertad”, indicó la agrupación Tupac Amaru en un comunicado.

Este atropello de la justicia jujeña, con la complicidad del poder ejecutivo jujeño más los grupos concentrados mediáticos que se empecinan en generar una vergonzosa campaña de desprestigio y estigmatización de la Diputada Milagro Sala, hará incurrir a nuestro Estado en responsabilidad internacional por violar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los cuales nuestro país ha suscripto y rigen en nuestro ordenamiento interno.

Por los motivos expuestos, esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación se solidariza con la Diputada del Parlasur Milagro Sala, repudiando enérgicamente su ilegal detención y exigiendo su inmediata liberación, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.