Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que brinde respuestas a las siguientes preguntas respecto de la Resolución 507-E/2016, firmada por el Ministerio de Modernización, en el marco del Plan de Modernización del Estado.

• Informe sobre las erogaciones que le producirá al estado Nacional, el manejo, por parte de empresas privadas, del Sistema SARHA.

• ¿Qué partidas presupuestarias se verán afectadas por la resolución mencionada?

• ¿Por qué se otorga a empresas privadas la administración de un software desarrollado por el Estado Nacional y no se deja que continúe con la tarea de implementación del mismo por parte de AFIP, hacia el resto de estamentos estatales?

• ¿Qué canon o contribución abonan al Estado las empresas citadas en el punto 1 por el uso y explotación comercial del sistema SARHA?

• ¿Qué medidas tomo el Estado Nacional para reservarse los derechos intelectuales y de patente sobre el sistema SARHA?

• Teniendo en cuenta la cuasi privatización o tercerización del sistema SARHA, software de administración y gestión de recursos humanos, totalmente desarrollado por el Estado Nacional, a través de técnicos y trabajadores de la AFIP, solicito informe el potencial beneficio económico que puedan tener, en los próximos 5 años, las empresas privadas favorecidas.

• Dado que la AFIP es una entidad de carácter autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, cuyo financiamiento se detalla en el artículo N° 1 del decreto Nº 1399/01; solicito al PEN que responda si ha considerado la posibilidad de que, las mencionadas empresas privadas, contribuyan al sostenimiento de AFIP con parte de los beneficios económicos que dicho sistema genera con su utilización.

Señor presidente:

En 2002 la AFIP puso en marcha el Servicio de Administración de Recursos Humanos (Sarha). En un primer momento, se implementó sólo en esa dependencia y luego la propia AFIP firmó convenios con otros organismos estatales como el Banco Central, PAMI, Cancillería y el Congreso Nacional, a quienes les cedió en forma gratuita la licencia y les brindó asistencia técnica.

Debido al éxito de la iniciativa, en julio del año 2016 el presidente Mauricio Macri ordenó generalizar el sistema Sarha al resto de la administración pública, pero en lugar de ser la AFIP la encargada de llevar adelante esa tarea se decidió contratar a consultoras privadas. Los empleados públicos que ya manejan el Sarha están capacitando a las compañías, incluso desde antes de la firma del acuerdo marco, para que luego sean esas empresas las que hagan negocios a costa del Estado.

La razón por la cual nos vemos motivados a realizar este pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional es que a fines del año 2016, el Gobierno les adjudicó a once consultoras privadas la tarea de implementar en toda la administración pública un software diseñado y desarrollado por la AFIP para facilitar la liquidación de haberes y disponer online de la historia laboral del personal.

El acuerdo marco se firmó en diciembre y desde entonces esas compañías quedaron habilitadas para cobrarle al Estado por algo que el propio Estado ya venía haciendo por sí mismo de manera exitosa gracias al aporte de los trabajadores de la AFIP, decisión que generó descontento dentro del organismo fiscal.

Hasta el momento, dos de las consultoras seleccionadas ya firmaron contratos con cuatro organismos públicos por un total de 14.214.370 pesos. Ese dinero es embolsado por las firmas privadas, pese a que son los empleados de la AFIP los que desde hace varios meses están capacitando a los empleados de las consultoras para que puedan realizar esa tarea.

El llamado a licitación pública lo realizó el Ministerio de Modernización el 13 de septiembre y el 29 de noviembre se oficializó la adjudicación a las siguientes firmas: 1) Summant Technologies S.R.L, 2) Open Solutions Argentina S.A., 3) NewRol-it, 4) Intersoft.S.A., 5) Neoris Consulting Argentina S.A., 6) Hexacta S.A., 7) Atos Argentina S.A., 8) Tecninfor SA, 9) Ryaco S. A., 10) Everis Argentina S.A y 11) Unitech S.A. Una vez firmado el acuerdo marco, las consultoras quedaron habilitadas para cerrar contratos con las distintas dependencias públicas.

En la página oficial www.comprar.gob.ar, se especifica que el 21 de febrero de 2017 la empresa Newrol It de Alberto Héctor Rolandi firmó un contrato con el Ministerio de Defensa por 5.146.600 pesos, el 18 de abril de 2017 firmó otro con el Ministerio de Energía también por 5.146.000 pesos y el 26 de junio de 2017 otro con el Ministerio de Producción por 3.264.240 pesos. En todos los casos se aclara que es para la implementación del Sarha. A su vez, la firma Tecnifor hizo lo propio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento al cerrar un contrato el 16 de junio de 2017 por 656.930 pesos.

La decisión de avanzar con lo que identificamos como una tercerización, genera serias repercusiones para los trabajadores de AFIP, ya que son los trabajadores de AFIP quienes realizaron esta valiosa innovación y aplicaron su esfuerzo para llegar al mejor sistema de administración de recursos humanos, y lo hicieron con los recursos del Estado y en beneficio del mismo.

Creemos que este tipo de medidas resulta perjudicial para el organismo y para todos los que desde su desarrollo han trabajado en el sistema, que hoy se ponga los recursos humanos de la AFIP y el fruto de su trabajo en beneficio de privados, en un contexto donde las restricciones presupuestarias en el organismo ponen en riesgo su normal funcionamiento.

Por lo tanto consideramos que el Poder ejecutivo Nacional debe responder y argumentar por qué ha tomado esta determinación.

Por todas las razones expuestas, solicito a los diputados y diputadas que me acompañen en esta iniciativa.