Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe a esta H. Cámara de Diputados de la Nación los siguientes puntos relacionados con el Caso Odebrecht.

1- ¿En qué fecha, recibió el exhorto del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Dr. Sergio Rodríguez dirigido al Ministerio Público de Brasil, mediante el cual se solicita la conformación de un equipo bilateral para investigar las causas vinculadas a la empresa brasileña Odebrecht en la República Argentina?

2- ¿Cuál fue la fecha en que esa Cancillería remitió este pedido, del Fiscal Sergio Rodríguez, al Ministerio Público de Brasil?

3- ¿Cuál fue el itinerario administrativo que siguió el exhorto hasta su recepción por parte de la justicia brasileña?

4- Remitir constancia documentada de lo informado en cada uno de los puntos anteriores

Señor presidente:

Como resultado de un compromiso con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el que la empresa multinacional brasileña Odebrecht se declaró culpable de infringir las normas en ese país, la opinión pública tomó conocimiento de que parte de esas operaciones ilícitas se habrían realizado también en la República Argentina.

A partir de esa revelación se abrieron una serie de investigaciones judiciales en nuestro país sobre el llamado Caso Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados y con divisiones en más de 28 países.

Sin embargo hay que señalar que la investigación del caso en Brasil, conocida como operación Lava Jato, comenzó en julio de 2013 y reveló que la constructora, para obtener las concesiones de obras públicas, apelaba a la corrupción de funcionarios estatales en distintos países de América Latina. En Argentina las investigaciones apuntaron a desentrañar la trama de corrupción en torno al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y los gasoductos Norte y Sur.

La trasnacional brasileña es objeto de investigación en distintas causas que llevan adelante los fiscales Federico Delgado, Franco Picardi, Gerardo Pollicita y Sergio Rodríguez ;y los jueces Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi, entre otros magistrados.

Una de las líneas de investigación la encabeza el fiscal federal Federico Delgado. El funcionario judicial, entre otras diligencias, pidió a los ex directivos de la empresa Odebrecht en Argentina presten declaración sobre el destino de sobornos pagados ilícitamente en nuestro país, amparados en la ley del arrepentido, (art. 8 de la Ley 27.304)

También el fiscal Federico Delgado junto al Fiscal Nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, obtuvieron declaraciones del operador financiero Leonardo Meirelles , un arrepentido condenado a cinco años de prisión por el pago de coimas, que se acogió a los beneficios de la delación premiada en el marco de la investigación Lava Jato. En sus declaraciones terminó involucrando a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a quien habría transferido más de medio millón de dólares, en coincidencia con la reactivación del plan de soterramiento del tren Sarmiento. Esta obra, que fuera adjudicada por licitación al consorcio de empresas liderado por Odebrecht y que integran además Ghella, Comsa y IECSA, cuyo titular es Angelo Calcaterra, será finalmente financiada directamente por el estado nacional, según lo establece el DNU 797/2016. En este decreto, que modifica el presupuesto vigente, se estima que la construcción del soterramiento ferroviario costará $ 45.000 millones en total: $ 300 millones se cancelarán este año; $ 8.940 millones en 2017 y 2018 y $ 28.820 millones en años subsiguientes.

Por su parte, también el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Dr. Sergio Rodriguez, con la anuencia de Procuradora Alejandra Gils Carbó, promovió la conformación de un equipo bilateral para investigar las causas vinculadas a la empresa brasilera Odebrecht en la República Argentina.

La agencia de noticias TELAM, quien admite haber tenido acceso exclusivo al texto de este documento, informa el 5 de mayo de 2017, que el Fiscal Rodríguez “(…) envió la propuesta a los fiscales federales del sureño estado brasileño de Paraná Deltan Dallagnol, Orlando Martello y Paulo Galvao, que integran el equipo de Investigación del denominado "Lava Jato". También agrega esta agencia que el titular de la PIA solicitó "la conformación de un equipo bilateral de investigación constituido por funcionarios del Ministerio Público de Brasil y de la República Argentina".

El Fiscal Sergio Rodríguez basó su pedido en "lo establecido en el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción" y en lo "lo acordado en la declaración de Brasilia sobre cooperación Jurídica Internacional firmada el 16 de febrero de 2017 en Brasil".

Según medios nacionales, el equipo estaría integrado por uno de los fiscales brasileños del Lava Jato, el propio Rodríguez y al menos uno de los fiscales federales que interviene en las causas contra la empresa. Servirá para el intercambio directo de información y documentación y será clave cuando llegue la hora de formular los interrogatorios.

Sin embargo lo que debió ser un mero trámite administrativo quedó llamativamente detenido, por tres semanas, en los despachos de la cancillería argentina. Esta demora sirvió de argumento para que el Ministro de Justicia, el Dr. Germán Garavano, se reuniera el 27 de mayo de 2017 con los abogados de la empresa Odebrecht ya que, según sus dichos, “ Nosotros veíamos que en el Ministerio Publico Fiscal no se registraban avances, y en función de eso convocamos a la empresa".

Este detalle es relevante ya que si bien, el Fiscal de la PIA Javier Rodríguez, envió un exhorto pidiendo al juez brasileño Sergio Moro todo el material vinculado a operaciones de Odebrecht en nuestro país, teniendo en cuenta que la justicia brasileña liberará a partir del 1 de junio las pruebas de las que dispone, es improbable que la información más sensible para el esclarecimiento de estas investigaciones pueda ser remitida, por los investigadores brasileros, sin un acuerdo de cooperación judicial entre ambos países.

También en las negociaciones con la empresa Odebrecht, cuyos apoderados están detrás de un acuerdo para proteger a sus propios ejecutivos, podrían haberse acelerado de no mediar la morosidad de nuestra Cancillería. Se torna difícil, cuando no imposible, para los fiscales argentinos establecer acuerdos con los arrepentidos sin conocer en profundidad la información con la que cuenta el sistema judicial brasileño.

Si bien Brasil aprobó el trabajo coordinado con la Justicia argentina que, confiamos, revele la trama de sobornos y otros delitos no podemos dejar de señalar la conducta dilatoria que ha tenido el Ministerio de Relaciones y Culto que preside la Canciller Susana Malcorra.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.