El repudio a las ilegales detenciones de cinco dirigentes de la Unión de Gremios Estatales y Jubilados de Tierra del Fuego que se encuentran enfrentando hace más de dos meses con paros y acampes el paquete de leyes de ajuste de la gobernadora del Frente para la Victoria, Rosana Bertone.

Exigir la inmediata libertad de Roberto Camacho, secretario adjunto de la CTA autónoma de Tierra del Fuego; Horacio Gallegos, secretario adjunto del SOEM; José Gómez, secretario general de AFEP; Juan Manuel Estefoni, del SOEM y Alejandro Gómez, docente del SUTEF, detenidos a través de un allanamiento ilegal y con falsas acusaciones.

Repudiar las razzias y los daños físicos e insultos a los que fueron sometidos los familiares de los dirigentes detenidos.

Señor presidente:

Entre las tres y cinco de la madrugada del día 3 de mayo de 2016, cinco dirigentes sindicales, miembros de la Unión de Gremios Estatales y Jubilados de Tierra del Fuego, Roberto Camacho, secretario adjunto de la CTA autónoma de Tierra del Fuego; Horacio Gallegos, secretario adjunto del SOEM; José Gómez, secretario general de AFEP; Juan Manuel Estefoni, del SOEM y Alejandro Gómez, docente del SUTEF, fueron detenidos en un procedimiento absolutamente irregular e ilegal.

Las detenciones se llevaron adelante irrumpiendo en los domicilios de los trabajadores y referentes sindicales con una violencia inusitada, al punto de infligir daños físicos contra familiares de los detenidos, como sucedió con el padre de José Gómez, a quien tiraron al piso, golpeándole la cara, y dejándolo semidesnudo tirado en el suelo, siendo una persona mayor.

Unas horas después de realizado un acto-homenaje a los caídos en el Crucero General Belgrano, donde un grupo de trabajadores se acercó al vicegobernador de la provincia y lo interpeló pidiéndole respuestas a las demandas de la Unión de Gremios, en la madrugada del 3 de mayo la Justicia, que actúa a cuenta y orden de la gobernación de la provincia, procedió a una caza de brujas sobre los domicilios de los dirigentes sindicales, allanando sus hogares y llevándoselos presos. Las imputaciones contra estos dirigentes no resisten el menor análisis. Los acusan de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños y robo”, aunque aún los detenidos no fueron indagados por nadie.

Es preciso señalar que el juez a cargo de la causa, Javier de Gama Soler, está imputado junto al ex juez Galeano en la causa AMIA y es quien llevó adelante el juicio que condenó a los 17 docentes del SUTEF. Esto muestra el montaje falso y persecutorio de los allanamientos y detenciones.

Desde el momento de su detención, los referentes sindicales se encuentran incomunicados y sus abogados no pudieron ponerse en contacto con ninguno de ellos, ni siquiera para verificar su estado físico.

Esta persecución sindical y criminalización de la protesta forma parte de una seguidilla de ataques contra los trabajadores en lucha. Sin ir más lejos, el pasado 12 de abril se liberó la zona para que una patota sindical de camioneros agrediera físicamente a los manifestantes en las puertas de la planta de combustibles Orión. Como resultado de esta agresión varios trabajadores recibieron heridas, algunas de gravedad, y debieron ser hospitalizados. A través de este proyecto, denunciamos la complicidad de la burocracia del sindicato de Camioneros por actuar como fuerza de choque del gobierno de Bertone.

A esta altura, debemos señalar que estas detenciones ilegales constituyen con claridad un ataque al gran movimiento popular que, a través de piquetes, movilizaciones, paros y acampes frente a la Casa de Gobierno provincial, está enfrentando, desde hace dos meses, el duro paquete de leyes de ajuste, promovido por la gobernadora Rosana Bertone y que fue votado por todos los bloques políticos. Este paquete de ajuste ha impuesto sobre los trabajadores fueguinos reducciones de salario, jubilaciones y pensiones por discapacidad (RUPE), la injerencia del ejecutivo provincial en la caja del IPAUSS, aumentando la edad jubilatoria, como así también el cierre de paritarias muy por debajo del nivel inflacionario.

El gobierno provincial, que se ha negado sistemáticamente a cualquier negociación seria con los gremios en lucha, está dispuesto a recurrir a todos los métodos para derrotar la pelea de los trabajadores de Tierra del Fuego que rechazan el ajuste brutal contra sus salarios, condiciones de trabajo y sus jubilaciones. Para ello, la gobernadora del FPV cuenta con el apoyo del gobierno nacional macrista, que respalda el ajuste del gobierno contra los trabajadores y jubilados, incluso a través del claro pronunciamiento de varios de sus ministros, como Frigerio o Esteban Bullrich.

Debemos decir que inmediatamente producidos estos hechos persecutorios e intimidatorios contra los trabajadores de Tierra del Fuego, la Unión de Gremios convocó a una movilización al Juzgado y llegaron numerosas adhesiones de solidaridad de organizaciones populares y de DDHH de todo el país. En Buenos Aires la convocatoria de repudio se realizó frente a la Casa de Tierra del Fuego.

La exigencia de libertad de todos los detenidos y de la anulación de cualquier procesamiento que pretendan llevar adelante contra los dirigentes sindicales se extiende en todo el país y es proclamada por todo el movimiento popular y trabajadores que hoy enfrentan el ajuste de Nación y las provincias.

Por todas estas razones solicitamos a los señores diputados/as la aprobación del presente proyecto.