Expresar la solidaridad y acompañamiento al reclamo de los ex presos y represaliados durante la dictadura fascista de Augusto Pinochet, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 13 de abril del corriente año reclamando políticas reparatorias más abarcativas y consistentes; manifestando, asimismo, la preocupación por la salud y la vida de quienes no dudaron en arriesgar ambas en la lucha por la recuperación democrática. Instamos a que se adopten caminos de diálogo y solución a sus justos reclamos.

Señor presidente:

Desde el 13 de abril, un grupo de 34 compañeros pertenecientes al grupo de ex presos y torturados políticos por la dictadura de Pinochet, se encuentran en huelga de hambre líquida en la catedral de Rancagua, en San Felipe y en Osorno.

Tan drástica decisión se basa en el reclamo de juicio y castigo a genocidas y torturadores, y en el logro de una justa reparación, sobre la base del Pacto de san José de Costa Rica, del cual Chile es signatario, al igual que nuestro país y el conjunto de países latinoamericanos.

El Estado de la República de Chile estableció un reconocimiento económico a través de una pensión mínina a favor de las víctimas, conforme lo estipulado en la llamada "Comisión Valech", ($ 140 pesos chilenos, equivalentes a menos de $ tres mil en pesos argentinos).

Con fecha 22 de abril de 2014, la Presidenta del Senado Isabel Allende envió oficio al ejecutivo solicitando se incorpore este proyecto en la agenda legislativa para el año 2014. Al no obtener respuesta del gobierno las reiteradas peticiones, el 1 de diciembre del 2014 los ex presos políticos de Rancagua organizaron una huelga de hambre. Esta tuvo como feliz resultado una entrevista en el Senado con la ministra y la sub secretaria de la Secretaria General de la Presidencia, acordándose en tal ocasión, el aumento del monto de la pensión y la conformación de una mesa tripartita entre el gobierno, parlamentarios y la agrupación de ex presos políticos de Chile. Pero tales iniciativas no tuvieron implementación práctica.

La dimensión del horror dictatorial padecido por nuestros pueblos no tiene compensación posible, pero es obligación estatal el impulso de la investigación, justicia y castigo a los genocidas y represores y también la implementación de indemnizaciones y/o políticas reparatorias económicas que, si bien no compensan el daño sufrido por las víctimas, implica un compromiso tanto presente como futuro para que NUNCA MAS ninguna persona sea perseguida, represaliada, torturada y detenida por pensar distinto o por defender la democracia de sus detractores.

Por tal razón, expresamos nuestra solidaridad y solicitamos al gobierno de la República de Chile se inicien caminos de diálogos que tomen en cuenta los reclamos de los sobrevivientes y víctimas de la dictadura pinochetista. Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de este proyecto a todos mis compañeros.