Su repudio a la criminalización de los familiares y amigos de María, joven de Santiago del Estero que falleció tras llegar a un hospital público luego de realizarse un aborto inseguro en agosto de 2016.

Su solidaridad con el reclamo de libertad para Rita, madre de María, y por el cese de la persecución a sus amigos y familiares, falsamente acusados de ser cómplices del aborto clandestino que le costó la vida a María.

Su rechazo a la penalización del aborto clandestino, la principal causa de muerte materna en nuestro país.

Señor presidente:

En agosto de 2016 en la provincia de Santiago del Estero, María, una joven de 18 años de edad, se realizó un aborto a manos de una curandera, en condiciones de extrema precariedad, y sufrió una infección generalizada que provocó su muerte.

Pocos días después, la hermana de María, Eva, con 20 años de edad, fue detenida en una comisaría de La Banda, Santiago del Estero, bajo la presunción de haber colaborado con el aborto de su hermana y, por lo tanto, ser responsable de su muerte. Fue privada de su libertad por la justicia santiagueña, sin ser indagada y sin ninguna prueba que la comprometa. Por la misma causa fue detenida también Ruth, amiga de María. Igual que sucedió con Eva, la detención tuvo lugar en condiciones totalmente irregulares (tres semanas presas sin que se les tome declaración). A ellos se suma que este año, el pasado 27 de marzo, fue detenida Rita, mamá de María, falsamente acusada de ser cómplice del aborto clandestino por el cual murió su hija en agosto del año pasado. En este cuadro de persecución, al día de hoy el hermano de Ruth permanece prófugo.

Rita (nombre de fantasía como el de Eva y Ruth, para proteger su identidad) es una trabajadora explotada en los campos de la cosecha en Santiago del Estero. Con una historia de violencia de género sufrida a lo largo de toda su vida a manos de su ex pareja, el padre de María, quien estuvo detenido durante dos meses por graves denuncias de violencia de su esposa e hijas. Este hombre salió en libertad en diciembre y hoy es querellante en la causa por la muerte de María ¡contra quienes lo denunciaron por violencia de género!

Rita sufrió un ACV hace poco tiempo y su situación es muy delicada. Sin embargo, el poder judicial no dudó en encarcelarla, cuando no tiene los recursos ni la posibilidad física de fugarse ni de entorpecer el juicio.

La libertad de Eva y de Ruth fue conquistada gracias a una intensa campaña del movimiento de mujeres y la solidaridad popular. Ante ello, el poder político redobla ahora la apuesta y encarcela a Rita. El Estado provincial, con su gobernadora Claudia Ledesma Abdala a la cabeza, se lanza de esta manera a una verdadera caza de brujas para aleccionar a las mujeres santiagueñas. Esta persecución empalma con la semana del “No Nato”, una figura instalada bajo el gobierno de Menem y defendida por los gobiernos subsiguientes. La Iglesia quiso aplicar con el encarcelamiento de Rita un contragolpe en Santiago del Estero.

Hay una responsabilidad directa del Estado y la Iglesia en esta persecución. La primera abogada de Eva, ligada a la Iglesia, actuó con negligencia manifiesta y deliberada. Las nuevas abogadas pidieron la eximición de prisión de Rita, pero el juzgado la negó sin brindar notificación, otra grave irregularidad en el plano de la intervención judicial.

La situación del aborto en Santiago del Estero es alarmante. Según el obstetra Miguel Ángel Curioni, ex director de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en la provincia, la incidencia del aborto en la maternidad es altísima, ya que casi se produce un aborto por cada nacido vivo. En una entrevista del años pasado, afirmó "(que) sin dudas la situación sigue siendo dramática y estos casos vuelven a surgir porque en algo estamos fallando (…) Si tenemos en cuenta que en la provincia nacen entre 16 y 18 mil niños por año, son aproximadamente unos 15 mil abortos por año" (http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=2078712628216791).

En Santiago del Estero no se cumplen siquiera con los casos no punibles de interrupción del embarazo previstos por el Código Penal. Las mujeres que ingresan con cualquier tipo de infección ginecológica a los hospitales son recibidas por la policía y no por médicos, para interrogarlas. En la provincia gobernada por Claudia Ledesma Abdala, no existe protocolo alguno para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que vehiculiza las arbitrariedades y la criminalización de las mujeres pobres que abortan. Esto refuerza el negocio oscuro de las clínicas clandestinas y la represión de las mujeres por la vía de la violación del secreto profesional, amparado y promovido por el Estado, que encuentra en este mecanismo un arma de disciplinamiento en masa.

En esta provincia, donde gobierna una mujer y existe la paridad de género en la representación legislativa, se niega el derecho al aborto no punible y es sistemático el encubrimiento o la inacción frente a los graves casos de femicidios que se suceden. Tampoco hay estadísticas oficiales de muertas por abortos clandestinos, frente a una realidad social agobiante (peor salario del país, mayor índice de trabajo en negro, altísimo desempleo, etc.).

Al igual que el caso de Belén, en Tucumán, liberada y recientemente absuelta tras una ardua lucha del movimiento de mujeres, la situación que viven Rita y los familiares y amigos de María, representa un caso de concentrada violencia institucional y de saña para dar un mensaje aleccionador contra los mujeres, en defensa de su sometimiento y su rol subordinado dentro de esta sociedad.

Hace 10 años este congreso tiene congelado el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto para despenalizar y legalizar la práctica. El Estado -que niega este derecho, somete a las mujeres a la oscurantista tutela clerical y es responsable de un verdadero genocidio de mujeres producto de esta política- una vez más se sirve de una justicia misógina y de clase, para criminalizar a las mujeres que deben enfrentar un aborto en condiciones inseguras. En este caso, la perversión se expresa en la criminalización de las familiares y amigas, luego de que María pierda su vida por responsabilidad de este propio Estado. Como en el caso de Belén, los funcionarios intervienen y criminalizan cuando son mujeres pobres y en el mayor estado de indefensión las que acuden a buscar asistencia médica y terminan siendo enviadas a la cárcel.

El reclamo de libertad para Rita expresa hoy la lucha contra la criminalización de tantísimas mujeres, desamparadas primero, y perseguidas luego, por el Estado y el gobierno de Ledesma. Expresa a su vez el repudio a la penalización del aborto y la defensa de los derechos de las mujeres en todo el país.

Por estos motivos, solicitamos a los y las diputados a acompañar este proyecto de declaración.