SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 26.992 -Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios-

Señor presidente:

La ley 26.992 que en su art.1 dispone la creación de “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, como organismo técnico con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación.” (Sic) fue sancionada el 17 de Septiembre de 2014 y promulgada el 18 de Septiembre del mismo año, quedando finalmente reglamentada con la publicación del decreto 41/15 en el Boletín Oficial.

A través de esta ley queda establecido que el Observatorio de precios depende de la Secretaría de Comercio Interior, brindándole así al Estado Nacional herramientas para actuar y evitar distorsiones o aumentos injustificados de precios.

Sin embargo, y motivando la presente solicitud, se observa que a la fecha de la presente no se han tomado las medidas pertinentes para que la mencionada norma haya sido implementada y puesta en efectivo funcionamiento.

El incumplimiento de la Ley 26.922 evidencia una clara falta de voluntad política y demuestra una inactividad manifiesta por parte del Estado frente a los diversos abusos que se comente contra los consumidores.

Uno de los grandes problemas detectados y señalados en nuestro país por la mayoría de los especialistas y académicos vinculados al análisis de la cadena de consumo, es el perjuicio en que se ven afectados ambos extremos de la cadena productiva, el productor y el consumidor. Al reconstruirse la diferencia de costos entre los montos recibidos por los productores y los que paga el consumidor final pueden llegar a encontrarse, en algunos productos, diferencias de hasta el 1.500 por ciento.

Esta enorme brecha, que el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios tendría la función de controlar, afecta a millones de consumidores de todo el territorio nacional. Perdiéndose, de esta manera, de la posibilidad de contar con un instrumento que defienda y sostenga la economía familiar y garantice un mejor acceso a bienes y servicios de calidad. Herramienta imprescindible en tiemos en que los índices inflacionarios más altos de la última década, la caida real del poder adquisitivo y la caida del consumo, azotan a la gran mayoría de las familias argentinas.

Por estos motivos es que solictamos con urgencia la regulación y puesta en funcionamiento de la mencionada Ley.