Su más enérgico repudio frente a los dichos del secretario de Gobierno de la localidad de Funes -provincia de Santa Fe- Ezequiel Fernández de Salvi, quien dijo el pasado 25 de marzo que la señalización de la Quinta de Funes -espacio físico que funciono como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar- como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado "será una contribución para hacer de Funes una ciudad turística".

Señor presidente:

El pasado viernes 25 de marzo en la ciudad de Funes -provincia de Santa Fe- se llevó a cabo el acto de señalización como Sitio Oficial de Terrorismo de Estado de la Quinta de Funes, espacio físico que funciono durante la última dictadura cívico militar como centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas. El ex centro clandestino de detención, que funcionó durante los años 1977 y 1978, tiene desde ayer, a unos metros de su ingreso, un cartel que lo identifica. "Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado". En este lugar fueron mantenidos en cautiverio decenas de militantes, que sufrieron el flagelo de la tortura y que en su mayoría se encuentran desaparecidos.

La decisión de señalizar este lugar como Sitio de la Memoria responde a una larga y persistente lucha que ejercieron los organismos de derechos humanos de esta región -H.I.J.O.S., Madres de la Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos, APDH, entre otras- a la cual se sumaron organizaciones sociales de la localidad de Funes, que reconocieron la necesidad de que el reclamo de verdad y justicia se vea acompañado por una política de Estado orientada a construir la memoria colectiva en torno a los hechos sucedidos en nuestra historia reciente, que representaron la mayor vulneración a los derechos humanos, sociales y políticos.

En el marco de este acto el secretario de Gobierno Ezequiel Fernández de Salvi, señalo que es "muy irrespetuoso" hablar "sin haber vivido la historia", la historia oscura y aberrante que sufrió este país. "Los que están apoyando este proyecto y nosotros tenemos menos de 40 años y si no vivimos esa historia es muy difícil saber y poder contarla", ahondó sin pruritos el secretario político del gabinete funense, que pidió luego "no hacer un hecho político de esto". El funcionario dijo que la señalización contribuirá al objetivo central de la gestión actual, que Funes "sea una ciudad turística". Unas horas tarde el municipio expresó oficialmente que la demarcación significa para el Ejecutivo local un destaque "de interés cultural y turístico".

La señalización de sitios de la memoria en todo el territorio nacional fue materializada como política pública a partir del año 2003 acompañando la decisión de reconocer en cada lugar físico la posibilidad de realizar un ejercicio de memoria que reflexione, no solo en torno a los delitos cometidos por el Estado, sino también en lo concerniente al compromiso político y militante que asumieron todos aquellos que buscaban construir un país más justo.

Esta formidable política de Estado -judicial, educativa, cultural- con eje en la Verdad, la Memoria y la Justicia requiere de prácticas sostenidas que desde la estructura pública contribuyan a nutrirla en lo cotidiano. Por esto generan preocupación las expresiones que distintos funcionarios públicos han expresado en torno a la fecha en la cual se cumplieron 40 años del 24 de marzo de 1976, fecha en la cual se iniciaba la dictadura cívico militar que fue responsable ideológica y material de la desaparición de más de 30000 argentinos y argentinas, la tortura y prisión ilegal de otros miles de compatriotas, el robo de más de 500 bebes nacidos en cautiverio y el exilio de miles de ciudadanos de nuestro país. En especial las que mencionamos en el presente proyecto, pero también las expresadas por el presidente de la Nación Mauricio Macri quien optó por no referirse al terrorismo de Estado sino por el contrario equipararlo con una "época de intolerancia" y con "violencia institucional".

Creemos que estas manifestaciones revisten no solo una profunda irresponsabilidad institucional sino una concepción subyacente acerca de nuestra historia cercana. Nuestra sociedad ha atravesado un proceso de fuerte debate y construcción de su memoria colectiva, en el marco de la cual estos hechos han sido juzgados socialmente y en los tribunales, no dejando ningún lugar a dudas acerca del repudio absoluto de los mismos. Este saldo es irrenunciable para la sociedad en su conjunto, y quienes ejercen la función pública deben ser expresión de esto.

Asimismo como legisladores representantes de una generación que se ha comprometido y responsabilizado de ocupar espacios en la gestión pública, consideramos absolutamente repudiable que un funcionario manifieste la imposibilidad de expresarnos acerca de la historia de nuestro país por no haberla vivido físicamente. La educación, la reflexión colectiva, el poder reconocerse parte de un pueblo y de una nación, nos permiten constantemente repensar, posicionarnos y expresarnos en torno a cada hecho que forma parte del relato de nuestra historia argentina. Que alguien que ejerce una función pública no pueda reconocer esto, solo contribuye a empobrecer a nuestra dirigencia.

Por todo lo expuesto previamente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.