Su repudio al proceder represivo y de amedrentamiento a diversas emisoras de FM registradas en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que en algunos casos desembocaron en decomiso de equipos y clausuras de emisoras sin intimaciones previas, en operativos realizados durante el mes de febrero y los primeros días de marzo de 2017.

Tales hechos están agravados por un intento de criminalizar el ejercicio de la libre expresión, con avasallamiento de derechos constitucionales, mientras el Poder Ejecutivo sigue en mora con los planes técnicos y concursos determinados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Señor presidente:

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo de aplicación refundido por Decreto 267/15 para cumplir con las funciones encomendadas por Ley nacional 26522 a la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ha adoptado metodologías de inspección y clausura inmediata de radios en frecuencia modulada (FM), a través de operativos inusitados que en algunos casos llegó a movilizar a fuerzas de Gendarmería Nacional.

El tono represivo a emisoras que ejercen un derecho constitucional de libertad de expresión, y a las que el Poder Ejecutivo mantiene al margen de la obtención de su licencia, pese a haber sido censadas por el ex AFSCA en 2011, merece nuestro repudio.

Este proceder represivo y de amedrentamiento comenzó a registrarse contra radios comerciales y sin fines de lucro a fines el año 2016, y en febrero pasado se realizaron una andanada de inspecciones aludiendo a improbables interferencias a frecuencias aeropuertuarias. Las clasuras y decomisos de equipos, además de imputaciones judiciales del Enacom dejan sin capacidad de emisión a radios que nunca fueron regularizadas mediante planes técnicos o llamados a concursos en sus respectivas áreas.

Una reciente Declaración de Radiodifusores de Formosa, del martes 7 de marzo, ante las inspecciones y clausuras de las FMs Milenium, Popular y La Torre, señala que “La actuación del organismo federal configura un avasallamiento a los derechos que tenemos de trabajar y expresarnos libremente, sin que las opiniones o posturas que puedan asumir cada uno pueda ser motivo de molestia para algunos, ya que este es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Una situación similar ocurrió en Moreno, Provincia de Buenos Aires, con FM Ocupas los primeros días de marzo. Y días después, el raid de las camionetas de inspección del Enacom generó clausuras en otras provincias: al menos otras dos emisoras de Chaco y dos más en Corrientes fueron cesadas en su transmisión, todas bajo similar modus operandi.

Adherimos al comunicado de la asociación de radiodifusores formoseños al señalar que: “Colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el estado nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico, convocando a los concursos correspondientes para que se puedan obtener las licencias que correspondan, ya que es intención y voluntad la de trabajar con las habilitaciones definitivas”.

Asimismo, el 14 de marzo de 2017 la Coalición por una Comunicación Democrática alertó que debe primar la legalización sobre la persecución y clausura de emisoras: “Resulta de una extrema pobreza argumentativa el utilizar la supuesta falta de habilitación para acallar las voces de emisoras FM en todo el país”. “El derecho a la libertad de expresión e información debe primar hasta tanto el Gobierno complete la regularización por medio de

sendos planes técnicos y concursos ordenados por los artículos vigentes de la Ley 26.522”, refiere este colectivo de organizaciones.

Por las razones expuestas, solicitamos a las señoras y señores diputados el acompañamiento a este proyecto.