Solicitar, con carácter urgente, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 2 Inc. b de la Ley 24284, a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, a que proceda a proponer ante las Cámaras los candidatos para ocupar el cargo de "Defensor del Pueblo de la Nación", el cual se encuentra en estado de acefalía imposibilitándose así el cumplimiento que la Constitución Nacional le asignara en su Artículo 86.

Señor presidente:

De acuerdo a lo que establece el Artículo 86 de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo de la Nación tiene como misión la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, y si bien adquiere rango constitucional con la reforma de 1994, ya existía a través de la Ley 24.284.

El Defensor del Pueblo de la Nación posee autonomía funcional, no recibe instrucciones de ninguna de las autoridades ni tampoco integra ningún poder, gozando de los mismos privilegios e inmunidades que los legisladores.

La importancia del Defensor del Pueblo de la Nación resuena en muchas causas que revelan la trascendencia de su figura. En este sentido, la imposibilidad de contar con el Defensor del Pueblo es clave debido a que compromete seriamente la defensa y protección de los derechos ciudadanos en general (Art. 41) y los derechos y garantías de los usuarios y consumidores en particular (Art. 42).

En la defensoría, su titular recibe denuncias y las investiga; le avisa a la sociedad en forma pública y masiva cualquier clase de irregularidad que haya detectado; etc. Su actividad no se interrumpe durante el receso del congreso, pero, paradójicamente, dicho puesto se encuentra acéfalo hace varios meses.

Tras la salida de su titular y el vencimiento del mandato provisional del Defensor adjunto, la Defensoría del Pueblo se encuentra hoy representada por un secretario General, con acciones acotadas, mayormente protocolares y, por ende, sin poder iniciar nuevas causas en defensa de los derechos de los ciudadanos.

La actuación del Defensor del Pueblo ha sido definitoria en casos de grave vulneración de derechos humanos, entre los que podemos destacar los siguientes:

En la causa "Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)", se demandó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Defensoría del Pueblo se presentó como tercero junto a un grupo de ONG e integran un cuerpo colegiado que supervisa la aplicación del fallo de la Corte, de 2008, que obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces.

En 2007 promovió una denuncia sobre un exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable de pobladores indígenas en el Chaco, la Corte Suprema interpuso una medida cautelar que obliga al estado provincial y nacional a prestarles asistencia alimentaria, garantizar la provisión de agua y el derecho a la salud.

En 2008 también demandó al Estado ante la Cámara de la Seguridad Social "por omisión" y reclamó que se fije un criterio de movilidad para las jubilaciones, según los criterios fijados en la Corte para el caso "Badaro", su impulsor la definió como "una acción colectiva innovadora".

En tal sentido, creemos fundamental la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, una persona que cumpla con las calidades para ser elegido de acuerdo a la Ley 24.284, y que por sobre todo cumpla con nuestra Constitución, siendo independiente, ético y proactivo, para darle curso a las causas activas pendientes y a las que aún esperan de su intervención.

La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo debe a través del Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación proponer el candidato a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo con la mayor celeridad del caso para darle cumplimiento a nuestra Constitución Nacional.

Es por todo esto, que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.