Expresar su repudio y preocupación ante las declaraciones públicas efectuadas por el Presidente de la Nación Mauricio Macri en el marco de un recibimiento oficial que realizara el 1 de febrero del 2018 en la Casa de Gobierno al agente de la policía bonaerense Luis Chocobar, acusado de exceso de legítima defensa y homicidio, por considerarlas impropias para quien detenta la Jefatura de Estado en nuestro país, máxime cuando el Poder Judicial se encuentra en proceso de investigación del caso.

Asimismo, solicitar a todos/as los/as dirigentes y funcionarios/as con representación institucional el más responsable de los cuidados al expresar opiniones públicas que puedan poner en riesgo la división de poderes y el respeto colectivo al marco jurídico vigente y sus garantías, y aumentar así los niveles de violencia social.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar repudio y preocupación por las declaraciones públicas efectuadas por el Presidente de la Nación Mauricio Macri en el marco de un recibimiento oficial que realizara el 1 de febrero del 2018 en la Casa de Gobierno al agente de la policía bonaerense Luis Chocobar, acusado de exceso de legítima defensa y homicidio, por considerarlas impropias para quien detenta la Jefatura de Estado en nuestro país, máxime cuando el Poder Judicial se encuentra en proceso de investigación del caso.

Tal como se difundiera públicamente en los medios de comunicación nacionales, el Presidente de la Nación recibió formalmente al mencionado agente policial y lo felicitó enfáticamente declarando: "estoy orgulloso de que haya un policía como vos”. De la reunión participó también la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich quien junto con otros funcionarios también felicitaron públicamente al policía acusado de homicidio que está siendo investigado por el Poder Judicial. Luego de que Chocobar le transmitiera al primer mandatario su preocupación por el procesamiento judicial y por el embargo de 400.000 pesos, el Presidente le dijo: "quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación". Según el diario La Nación los colaboradores del Presidente aseguraron que la reunión fue un gesto del Presidente a todas las fuerzas de seguridad.

Luis Chocobar es un efectivo de la policía bonaerense de Avellaneda que el 8 de diciembre de 2017, al advertir el ataque sufrido por Joseph Wolek, un turista norteamericano que fuera apuñalado en un intento de robo en el barrio de La Boca, corrió a uno de los supuestos atacantes y le disparó por la espalda causando su muerte. El juez de menores número 1 Enrique Gustavo Velazquez, procesó a Chocobar, lo embargó por 400.000 pesos y lo investiga actualmente por el presunto delito de exceso de legítima defensa y homicidio culposo. Fue la autopsia, entre otras pruebas, la que determinó que el policía Luis Chocobar disparó por la espalda contra el ladrón, constituyendo así la prueba clave que habría fundado el procesamiento por presunto homicidio agravado en contra del policía.

Lo que queda claro es que la investigación que lleva adelante el juzgado de menores encontró, entonces, hasta el momento, elementos suficientes como para procesar al policía, ya que considera que Chocobar habría trasgredido las normas más básicas de uso progresivo y racional de la fuerza, de cumplimiento obligatorio para todos los efectivos policiales en nuestro país. En el marco de una persecución o al intentar evitar una fuga, la fuerza letal sólo se puede utilizar como un último recurso cuando es necesario proteger la vida de alguna de las personas involucradas en el hecho, incluido el personal policial. Pero no se trata de este caso, ya que el robo ocurrió a más de tres cuadras del lugar en el que Chocobar disparó siete veces hasta matarlo. “Si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona que no era una amenaza a la vida del policía o de una tercera persona, se trata de un hecho al que los sistemas internacionales de protección de derechos denominan ejecución sumaria o extrajudicial y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física. Si el policía se equivoca sobre la existencia de una agresión o utiliza la fuerza en forma desproporcionada e irracional, el caso se puede resolver como un exceso en legítima defensa; es decir, el policía comete un delito por su negligencia” .

Por lo tanto, resulta inadmisible tanto el gesto del Presidente de la Nación de recibir oficialmente a Chocobar en la Casa de Gobierno, como sus declaraciones públicas en las que lo califica como un “héroe” y un “ejemplo de policía” para los demás agentes, ya que constituyen un hecho de gravedad institucional que debieran repudiar todas las fuerzas políticas de esta Honorable Cámara y preocupar a todos los Poderes del Estado. El gobierno nacional decidió aprovechar la visibilidad mediática del caso para hacer un acto más bien de demagogia punitiva, convirtiendo el caso en un asunto de Estado de un modo sin dudas irresponsable e impropio para la máxima autoridad de nuestro país. El presidente de la Nación y sus ministros recibieron a un policía procesado por no cumplir la ley ni las reglas sobre el uso de la fuerza letal, lo calificaron públicamente de “héroe” y lo felicitaron por su conducta que describieron como “ejemplar” haciendo apología de la violencia policial. Incluso, el gobierno nacional reprodujo públicamente una versión errónea de los hechos, queriendo transmitir confusamente a la opinión pública que había sido Chocobar quien salvó al turista atacado. Todo ello resulta por lo tanto repudiable y objeto de preocupación institucional en el marco de un Estado de Derecho.

Por último, el mensaje y el gesto presidencial que acabamos de describir se interpreta evidentemente como una presión directa al Poder Judicial que se encuentra investigando a Chocobar por su accionar a partir de las pruebas existentes que indicarían este claro hecho de violencia institucional grave. El gesto de presión y condicionamiento de parte del Presidente de la Nación para con los jueces resulta también inadmisible y debiera preocuparnos a todos/as los que asumimos responsabilidades institucionales en cualquiera de los 3 Poderes del Estado.

Por estos motivos, el presente proyecto de declaración tiene finalmente por objeto, también, solicitar a todos/as los/as dirigentes y funcionarios/as con representación institucional el más responsable de los cuidados al expresar opiniones públicas que puedan poner en riesgo la división de poderes y el respeto colectivo al marco jurídico vigente y sus garantías, y aumentar así los niveles de violencia social.

Por todo lo expuesto, y apelando a la responsabilidad que asumimos todos/as como legisladores/as y al compromiso irrestricto que le debemos al Estado de Derecho, solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto.