Su beneplácito ante las actuaciones judiciales que penaron la coacción de un ex Jefe de Policía provincial, en aras de preservar la libertad de expresión y el ejercicio profesional de Dante Leguizamón, periodista de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.

Señor presidente:

En tiempos donde lamentablemente debemos repudiar numerosas acciones que dejan desamparados a los ciudadanos y a los periodistas en el ejercicio de sus libertades democráticas, la Cámara 4° del Crimen de la Justicia de Córdoba dejó firme una sentencia contra una alta autoridad de la Policía provincial, que en 2014 había coaccionado contra un periodista por cubrir y opinar sobre un operativo policial violento en una barriada de Córdoba, donde tres semanas antes habían matado a un joven de 18 años en un caso de gatillo fácil.

El 15 de agosto de 2014, Dante Leguizamón, periodista de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba que ya venía realizando investigaciones y lecturas críticas de las versiones policiales, fue a cubrir un operativo en barrio Los Bulevares. Antes y después de llegar al terreno, escribió tres tuits informando la situación y alertando que en ese lugar podría haber testigos del asesinato de Fernando “Güere” Pellico, muerto el 26 de julio por dos policías hoy condenados a prisión perpetua, Lucas Chávez y Rubén Leiva.

Julio César Suárez, el último jefe de Policía del tercer gobierno de José Manuel de la Sota, molesto por los tuits, comenzó a llamar a Leguizamón a su celular. Por la noche de ese día, fue en persona a Canal 10 y exigió hablar con el periodista, que ya se había ido. Suárez lo siguió buscando hasta que por teléfono lo amenazó: “Yo me voy a encargar de vos” y le exigió encontrarse “cara a cara”. También el comisario general Suárez utilizó cuentas de twitter personales y oficiales para acusar al periodista de mentiroso. Y repitió su amenaza.

Entidades como Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudiaron el accionar grave e inusual del policía y solicitaron a las autoridades una pronta intervención, mientras que el Comisario pedía formales disculpas y su gestión dependiente del Gobierno provincial se mantuvo durante varios meses más.

Sin ahondar en los análisis respecto de que las actuaciones de altas autoridades políticas y policiales alrededor de este amedrentamiento tenían por objeto encubrir o evitar la difusión de cuestiones ligadas al “gatillo fácil” de la fuerza de seguridad en el caso Pellico, señalamos que el periodista Leguizamón denunció al Comisario General.

De acuerdo a la nota de Bettina Marengo publicada en el blog “El Cohete a la Luna” bajo el título “El Chocobar cordobés condenado”, el querellante citó jurisprudencia sobre defensa de la libertad de expresión, “concretamente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Herrera Ulloa vs Costa Rica, que toma la causa Castells vs España de la Corte Europea de Derechos Humanos, y la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las amenazas a comunicadores, que violan derechos fundamentales y coartan la libertad de expresión.

También el Cispren (Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba) ofició de querellante. En su alegato, el abogado del gremio, Juan Ignacio Ferrer, solicitó a los jueces que defiendan el derecho a la libre expresión contemplado en la Constitución nacional, provincial y en tratados internacionales.

Tras el juicio y la apelación, el 8 de marzo pasado, la Cámara 4° del Crimen de la Justicia provincial lo condenó por unanimidad a dos años y dos meses de prisión en suspenso, inhabilitación y costas al declararlo culpable del delito de coacción.

Entendemos que esta es la primera vez que un ex jefe de la Policía tiene que responder por un delito penal vinculado a una garantía constitucional, cometido mientras estaba en funciones, y por eso valoramos la actitud valiente del periodista que sostuvo su posición y denunció el hecho, de los trabajadores organizados que lo apoyaron, y de la Justicia que aún con visiones encontradas desde la Fiscalía, decidió en dos instancias a favor de preservar los derechos a la libertad de información y ejercicio profesional.

El propio Dante Leguizamón, citado en la referida nota de Marengo, calificó de “histórico” el fallo, “porque se condena a un jefe de la Policía de Córdoba, y ya sabemos cuál es la historia de la Policía de Córdoba. Creo que en el alegato del defensor, ha quedado claro que la línea de continuidad de la lógica represiva de la Policía no ha sido replanteada en los años de la democracia”, sostuvo. “También es histórico porque apunta a nuestra profesión en general. De pronto hay un periodista al que le pasó algo y decide que no va a quedarse callado. Sentí que hubo un avasallamiento de nuestra profesión, y no dudé que había que denunciarlo ni dudé que tenía que seguirla”.

Por las razones expuestas, solicitamos a las señoras y señores diputados el acompañamiento a este proyecto.