Expresar su profunda preocupación por la situación planteada en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, cuya Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada –COOPI-, presta el servicio de producción y distribución domiciliaria de agua potable y servicio de saneamiento sin que se renueve el contrato de concesión necesario para ello

Señor presidente:

La inexistencia de contrato de concesión a marzo de 2020 con la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada –COOPI- es la consecuencia directa de la decisión del municipio local de asumir en forma directa la prestación de los servicios de cuya prestación se ha venido ocupando esta cooperativa. La decisión no encuentra explicación en un mal desempeño de la actual prestadora, algo que no ha sido cuestionado por sector organizado alguno en la ciudad serrana, y además generó un conflicto de poderes en el ámbito del gobierno local que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial al que se le pide se expida sobre si la decisión de la municipalización del servicio de agua potable en Villa Carlos Paz puede ser asumida por el Poder Ejecutivo o, por el contrario si es atribución del Consejo de representantes.

Entendemos que la prestación de servicios públicos esenciales como la distribución de agua potable y el servicio de saneamiento debe realizarse en condiciones que garanticen su accesibilidad a toda la sociedad, ello en función del interés individual y también social que se debe atender.

Allí donde hay una necesidad puede verse un derecho o un negocio. Para quien ve como negocio la satisfacción de la necesidad, esto importa el despliegue de una actividad comercial con el fin de obtener una ganancia. Para quienes vemos un derecho, esta responsabilidad supone el despliegue de una actividad económica no lucrativa tendiente a la satisfacción de la necesidad.

Durante el último gobierno neoliberal imperó la visión mercantil, y así sufrimos la Argentina de los tarifazos que tanto agobio provocó a las familias y tanta recesión a la economía desbaratando el aparato productivo nacional.

La economía social y solidaria que despliegan actores como las cooperativas de provisión de servicios, esencialmente implica participar de la economía real a través de realizar actividades económicas sin fin de lucro buscando satisfacer en forma autogestiva necesidades comunes. Este ha sido el caso de desplegar servicios públicos esenciales como el agua potable y el saneamiento a través de organizaciones como la COOPI, lo cual aparece como expresión práctica de la visión necesidad - derecho.

Expresó el actual presidente de los argentinos en el acto de su asunción que el cooperativismo será actor central de las políticas públicas de gobierno.

Por historia y por presente el cooperativismo ha sido y es un actor central en la prestación de servicios públicos. La COOPI presta los servicios de agua potable y cloacas en Villa Carlos Paz y parte del Valle de Punilla hace casi 60 años. Quitarle a la cooperativa sin justificación alguna la prestación de estos servicios implica hacerla desaparecer, poner en riesgo esa misma prestación y poner en peligro los puestos de trabajo que genera y sostiene, de altísima calidad en condiciones de trabajo y salarios, al igual que la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Resulta anacrónico hoy que sea el Estado el que accione en contra del cooperativismo, cuando es precisamente la cooperativa como instrumento organizacional jurídico, económico y social, al constituirse como una empresa de propiedad común y gestión democrática, una herramienta fundamental en el camino hacia la reactivación económica de nuestro país desde la visión de construcción de un modelo de desarrollo humana y ambientalmente sustentable, equitativo e inclusivo. En estos momentos donde un proyecto nacional y popular está emprendiendo la reconstrucción de Argentina, no debería estar jaqueándose a la Cooperativa de Villa Carlos Paz desde una concepción neoliberal que después de una gestión de gobierno fue rechazada en las urnas y repudiada por la mayor parte de la sociedad argentina.

Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de las diputadas y los diputados, al presente proyecto.