Diputados
Jorge Antonio Romero
Diputado de la Nación
UNIÓN POR LA PATRIA
Período: 10/12/2021 - 09/12/2025
PROYECTO DE LEY
Expediente: 7480-D-2018
Sumario: GAS NATURAL - LEY 24076 -. MODIFICACION, SOBRE REMUNERACION DE COSTO A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERALES Y PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS.
Fecha: 29/11/2018
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 172
LEY SOBRE REMUNERACIÓN DE COSTOS A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS FEDERALES Y PRODCUTORAS DE HIDROCARBUROS
Artículo 1°) - Sustitúyese el inciso g) del artículo 2 de la Ley Nº 24.076 por el siguiente:
g) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria cubra los costos para una razonable renta para los prestadores y resulte idóneo para el desarollo industrial.
Artículo 2) - Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 24.076 por el siguiente:
ARTICULO 37. — La tarifa de gas a los consumidores será el resultado de la suma de:
a) Precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte;
b) Tarifa de transporte;
c) Tarifa de distribución.
El precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte deberá fijarse sobre la base de los reales costos de explotación de las empresas, las amortizaciones que técnicamente correspondan, y un razonable interés sobre las inversiones que las empresas hubieran realizado.
Artículo 3) Sustitúyese el artículo 41 de la Ley Nº 24.076 por el siguiente:
“ARTICULO 41. — En el curso de la habilitación las tarifas se ajustarán de acuerdo a una metodología elaborada en base a indicadores de mercado local e internacional que reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de los costos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de los prestadores. Dichos indicadores serán a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor destinado a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción, operación y mantenimiento de instalaciones. La metodología reflejará cualquier cambio en los impuestos sobre las tarifas.
Las inversiones deben ser realizadas por los prestadores. Las tarifas no pueden incluir valores adicionales para sustituir la falta de inversión de los prestadores, salvo que la autoridad de aplicación así lo disponga y se establezcan mecanismos que aseguren que la propiedad de las inversiones realizadas con los aportes adicionales de los usuarios quede separada de la de los prestadores.”
Artículo 4) Incorpórase como artículo 47 bis de la Ley Nº 24.076 el siguiente:
“ARTICULO 47 bis. — En las audiencias públicas estarán en debate todos los aspectos relevantes para la conformación de la tarifa, entre ellos los costos de los prestadores y el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, para lo cual participarán las empresas con concesiones regidas por la ley 17.319, debiendo informar el precio que pretender percibir exhibiendo los costos de producción y demás motivos que justifiquen su pretensión.
Artículo 5) De forma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. El minué de Iguacel con las empresas petroleras, como antes las disparatadas decisiones de Aranguren sobre la tarifa del gas, ponen de manifiesto que el Congreso debe adoptar una decisión legal para que el Poder Ejecutivo deje de realizar actos dañosos en concierto fraudulento con las petroleras.
Como se vio, el Ejecutivo utiliza como excusa una reglamentación de la ley 24.076 de 1992 para dolarizar la remuneración de las empresas que extraen gas y lo venden al sistema.
Esa reglamentación debe ser modificada en sede administrativa. Pero el Congreso puede intervenir fijando algunas reglas relevantes en la ley marco.
Por eso proponemos modificar la ley 24.076 que establece el marco regulatorio del sistema de provisión de gas, corrigiendo solo algunos aspectos relevantes. De modo que se exprese la voluntad política de este Poder de eliminar la dolarización en la remuneración de las petroleras cuando sus cotos son íntegramente en pesos (tributos, canon, sueldos, etc.).
2. El primer objetivo es, pues, eliminar la dolarización. Si los costos son en pesos, la moneda de curso legal es el peso y los consumidores cobran sus salarios o perciben ingresos en pesos, dolarizar un segmento de la cadena es irrazonable. Solo puede justificarse en la intención de realizar una brutal transferencia de ingresos a las petroleras. O crear una suerte de extraterritorialidad dentro de la República.
El segundo es consignar como objetivo del sistema la provisión de energía para el desarrollo industrial. Sin energía no hay industria. Y sin industria no hay desarrollo nacional, salarios de calidad, etc. Esto contradice el proyecto de primarización de Cambiemos, es verdad. Pues es hora de empezar a discutir qué país queremos. Con industria o sin industria.
El tercer objetivo es dejar establecido lo que jamás pudo ser de otro modo: que remuneración al “productor” de gas sea igual a un valor que atienda a sus costos y a una renta razonable sobre las inversiones.
El cuarto, por fin, es evitar decisiones como las del Ejecutivo que construyen un capitalismo muy particular. Un capitalismo parasitario, que crece a costilla del Estado o del pueblo, donde el capital lo aportan los consumidores o el Estado, pero las acciones representativas de ese aumento de capital se lo quedan los privados.
Cualquier observador imparcial diría: eso es un delito o cuanto menos una injusta y regresiva transferencia de ingresos. Injustificable ante un gobierno que ajusta a todo el mundo con el discurso del déficit fiscal. Y aun contradictoria con el discurso de la valorización del peso como instrumento de la economía. ¿Acaso todos debemos ajustarnos y “dejar de pensar en el dólar”… menos las petroleras?
Le ha prometido a las petroleras una remuneración altísima por el gas que se extrae (“produce” se usa en la jerga, lo aplicaremos indistintamente aunque parece más correcto el verbo “extraer”). Superior a cualquier lugar del mundo. Duplicando el que se paga en los Estados Unidos. Como se dijo, la excusa es que así se financia el desarrollo de Vaca Muerta. Es decir, se capitaliza a las petroleras con un mayor precio del que corresponde si se toma la ecuación lógica de reintegro de inversión más renta razonable.
Por eso el cuarto objetivo finca en aclarar lo obvio: que las inversiones las deben hacer las empresas, sus accionistas. Y si lo hacen los usuarios o el Estado vía subsidios expresos o encubiertos por abono de un precio superior al razonable, esa inversión de capital debe estar separada del patrimonio de la empresa privada. Dicho de otra manera, que quede en cabeza del que realiza el aporte de capital.
3. De suyo, el marco regulatorio de los noventa merece un estudio profundo. Su fracaso con la crisis del 2001 no llevó a una revisión formal sino por medio de la declaración de emergencia. Para evitar disparates por decisiones malintencionadas de funcionarios del Ejecutivo o en su caso reclamos en CIADI de las empresas (también disparatados, pero aceptados en esos “tribunales” que constituyen meros centros de presión de las empresas multinacionales, totalmente alejados del derecho, la justicia y la razonabilidad), es preciso modificar la ley.
4. Expresada la intención del proyecto, pasemos a fundar el marco político y económico que lo sustenta.
Los únicos que defienden la dolarización de la remuneración lo hacen bajo dos argumentos. Uno es que “solo así vendrán inversiones”: un disparate. El segundo es que “la ley de 1992 lo ordena”. También falso. La ley que proponemos modificar no asegura una renta en dólares. Es cierto que no establece las garantías que acá proponemos. Y que se desentiende del desarrollo industrial. Pero la dolarización fue una maniobra del Ejecutivo. Y la fijación del valor PIST en un nivel altísimo y en dólares a diecisiete años de haber salido de la convertibilidad fue una pésima (ruinosa) decisión exclusivamente de Macri y Aranguren. Deben hacerse cargo. O pensaban en un dólar bajo, y se equivocaron; o sabían que a la corta o larga se devaluaría el peso y se despreocuparon del interés nacional negociando en favor de las petroleras asegurándoles la renta en dólares: un seguro de cambio.
Del otro lado, omitiendo a los “economistas” que hablan rentados por las petroleras, el consenso sobre el disparate de asegurar super rentas a las petroleras que solo con concesionarios de permisos de explotación es notable,
Dice el economista Carlos Leyba, en una nota titulada “Gobernar como Penélope” que la asunción por el Estado del pago que Iguacel iba a cargar sobre los consumidores es “Un subsidio que, según el marketing oficial, es a los consumidores. Pero para otros se trata de un subsidio a las empresas productoras. Para sostener una posición u otra hay que conocer los costos reales. La relación costo precio revela para quién es el subsidio o, si quiere, la transferencia. De lo que no hay duda es que ahora es un subsidio que lo paga el Estado Nacional. Mas serio: las empresas aceptarían hacerse cargo de una parte ¿Y entonces? ¿Es tan sencillo pasar de un reclamo de 100 a conformarse con una parte?
Continúa recordando que:
“En esta discusión se discute quién paga. Pero no se discute lo principal. ¿Cuál debería ser el precio del gas en boca de pozo, cuál es el costo del concesionario? ¿Cuánto cuesta extraer el gas y el petróleo del subsuelo? El Estado no lo sabe ¿Por qué? Todavía rige la respuesta del ex ministro JJ Aranguren en el Parlamento: “no sé”. El ministro no pudo, no supo, no quiso responder. Sin embargo, las empresas conocen los costos de extraer gas y petróleo. Si no los conocieran serían irracionales. Y no lo son.
Lo que nos pasa es que, hace largo tiempo, los dirigentes de la política han comprado la “doctrina” que los precios del gas y el petróleo deben alinearse con los precios internacionales y los costos no importan. Eso es la dolarización de este insumo estratégico. La dolarización de la cabeza.
Esto es lo que se trata de imponer para un bien (o un servicio) que sólo se importa en períodos de alta demanda (dejando de lado un porcentaje básico habitual), que se extrae de bajo tierra y del que casi todo el trabajo es local y se paga en pesos.
La explotación del gas y del petróleo son concesiones. El Estado cede por un determinado plazo la explotación de los yacimientos y lo hace en función de contratos.
La lógica de la concesión no es entregar en propiedad lo que está en el pozo, sino remunerar al concesionario por su trabajo de extracción y puesta a disposición de los que serán los usuarios.
Esas tareas tienen un costo (operación, amortización, lógica rentabilidad) nadie puede dudar de la sensatez de este planteo.
Pero ¿cuál es la lógica de remunerar al precio internacional, por ejemplo, del petróleo o al precio del gas que importamos? REPSOL compró YPF a más o menos 10 dólares el barril; y hay contratos locales de provisión de gas a largo plazo que se firmaron muy por debajo de los 2 dólares el MBTU. Además el precio del petróleo, oligopólico, fluctúa con las tensiones geopolíticas ¿Dónde está el mercado?
Por último, compara los precios con los de Estados Unidos y la referencia del Ejecutivo a Vaca Muerta:
“… mientras en Estados Unidos el MBTU de gas natural se cotiza entre 2 y 3 dólares, el ministro Dante Sica afirmó en Clarín, el domingo pasado, que “Vaca Muerta tiene costos que nos permiten tener niveles de productividad similares a los de Estados Unidos”.
Además merece indagarse si no es posible explotar el gas convencional a menores precios. Pero, como es obvio, mientras el gobierno mantenga subsidios extraordinarios para Vaca Muerta no habrá más inversiones en convencional donde las reservas existentes, y ante el aluvión de gas que promete Vaca Muerta, dejan de tener sentido y deberían explotarse para paliar los costos de la importación por indisponibilidad de esa oferta.”
El subrayado es añadido.
Alfredo Zaiat en su nota “El Imperio del Gas” (https://www.pagina12.com.ar/148650-el-imperio-del-gas) informa sobre la rentabilidad asombrosa que las petroleras han logrado:
Así, señala que del análisis de los balances de las empresas surge que “Seis distribuidoras (son nueve las que integran la red nacional) que cotizan en la Bolsa, lo que permite conocer los números de los respectivos ejercicios económicos, registraron utilidades totales por 4379,4 millones de pesos.
Las dos transportistas (TGS y TGN) ganaron en conjunto 3635 millones de pesos.
De las seis productoras dominantes en el mercado, cuatro (YPF, PAE, Tecpetrol y Pampa) sumaron un resultado neto de 21.462 millones de pesos (las otras dos, Total Austral y Wintershall no cotizan en la plaza bursátil local).
En total, el año pasado, el complejo gasífero que puede ser analizado con balances de acceso público anotó una ganancia global de 29.476,4 millones de pesos.
La impactante magnitud de esas utilidades queda expuesta cuando son comparadas con las del año anterior. Las distribuidoras habían perdido en conjunto 805,5 millones de pesos; las transportistas habían ganado apenas 671 millones; y esas cuatro petroleras habían perdido 21.558 millones de pesos.
Los balances 2016 de Metrogas -controlada por YPF-, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur, TGN y de YPF explican en gran medida esos saldos negativos; el resto tuvieron ganancias. En ese año empezó a impactar los aumentos de tarifas, lo que explica la relativa mejora en la mayoría de los ejercicios, para luego contabilizar utilidades fabulosas en 2017.
En la primera mitad de este año, pese a la devaluación, todas las empresas (menos Metrogas) de cada uno de los tres eslabones del complejo gasífero han registrado ganancias, y varias por encima del total del año anterior. Igual reclamaron la compensación por el dolarazo macrista, que el gobierno concedió.”
Según el autor, la gestión de Cambiemos “… ordena su gestión con la primordial tarea de cuidar los intereses de las gasíferas y que, ante la resistencia social a convalidar otra vuelta del ajuste, retrocede un poco, aunque sin descuidar la ecuación económica de las empresas porque ahora la cuenta será cargada al fisco. Esa protección no tiene una raíz ideológica o tecnocrática basada en una concepción ortodoxa, sino que exhibe por su rusticidad en la elaboración de las resoluciones la misión de hacer cada vez más rentable el negocio de amigos, allegados o socios del macrismo.
Los nombres de los dueños de empresas energéticas lo deja en evidencia: Nicolás Caputo (distribuidoras Cuyana y del Centro), Marcelo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Paolo Rocca (Distribuidora del Litoral, TGN y Tecpetrol), Alejandro Macfarlane (Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur)”.
Es de provecho el trabajo del especialista Federico Bernal “Bases para terminar con el Ente Empresarial Regulador del Gas”.
Se pregunta Bernal luego de un serio análisis: “¿Cómo puede ser que a Chile se venda más barato el gas argentino que a los argentinos y argentinas de Bahía Blanca? ¿A qué precios estas mismas empresas cerraron el gas con las distribuidoras? También se exportará gas a otras dos empresas en Chile. Una de ellas es AGESA. Hasta el momento, sólo le venderá PAE desde la Cuenca Neuquina y lo hará a 4,05 US$/MMBTU. ¿A qué precio acordó PAE su gas neuquino con las distribuidoras?”.
Y concluye así: “El ENARGAS volvió a autorizar la dolarización del precio del gas, el abuso de posición dominante y la cartelización (específicamente de productoras). Volvió, asimismo, a omitir de la discusión y de su evaluación precios "justos y razonables" en función de los costos por yacimiento y empresas. Va de suyo recordar el costo de desarrollo de El Orejano (shale gas) informado por YPF a comienzos de este año: menor a 1 US$/MMBTU. Y va de suyo volver a insistir con que cientos de miles de hogares argentinos, tal vez millones, pagarán su propio gas más caro de lo que lo pagarán empresas del otro lado de la Cordillera. En suma, una descomunal y vergonzosa estafa que se traslada toda junta a la tarifa, en una práctica perversa heredada desde octubre de 2016. Y eso que aquí no analizamos ni el chantaje de la tarifa plana (en verano ayudaremos a financiar a las distribuidoras la compra de gas a las productoras que consumiremos en invierno) ni el del aumento de la tarifa para favorecer a las subdistribuidoras, como por ejemplo BAGSA, de la gobernadora Vidal. Y como si todo esto fuera poco, el fallo de la Corte Suprema al tacho de basura.”
Por último, recomendamos la lectura de la nota del senador Solanas “La estafa de la dolarización y el gas” con similares conceptos, entre muchas otras publicaciones:
https://www.pagina12.com.ar/148886-la-estafa-de-la-dolarizacion-y-el-gas
5. En suma, como queda expuesto, el precio que se paga a las petroleras por el gas en boca de pozo o su similar luego de flete e impuestos locales (PIST) es escandaloso. Digno de responsabilidad política.
Las petroleras reciben un valor altísimo, tal vez el más alto del mundo. Y se les asegura su valor en dólares estadounidenses.
Lo perciben sin exhibir los costos. El Estado bobo paga cualquier precio sin preguntar ni siquiera cuánto cuesta su producción. El ex ministro Aranguren, representante de los intereses de las petroleras lo dijo sin ponerse colorado: “no me interesa el costo de extracción”. Una vergüenza.
El Gobierno lo dice claramente: se cobra un sobre precio al usuario y se paga un sobre precio a las petroleras para que inviertan en Vaca Muerta.
En el capitalismo según Macri -siguiendo la idea de “empresa” de su Grupo económico- la inversión la paga el Pueblo, pero las acciones se las quedan los empresarios. En el capitalismo la inversión la paga el empresario. No el usuario por anticipado.
La actitud de Cambiemos es repudiable. Su torpeza o su actuación venal en favor de los especuladores y la concentración de la riqueza provocó la devaluación. Pero pretende que el costo sea pagado por el Estado y que las petroleras sean los privilegiados que no corran con ese costo.
Solo un gobierno antipopular dolariza obligaciones como las del pago de la extracción del gas. Recordemos que el gas NO es de las petroleras que solo tienen una concesión. El hidrocarburo es del pueblo.
Los costos son en pesos. Los sueldos se pagan en pesos. Las tarifas se pagan en pesos. Las regalías se pagan en pesos. El hidrocarburo es de los argentinos. ¿Por qué hay que pagar a las petroleras en dólares? Solo la torpeza o la venalidad lo puede justificar.
Cabe recordar que, por si fuera poco, el valor del gas PIST debió ser discutido en audiencias públicas por sentencia de la Corte Suprema y que el Poder Ejecutivo lo excluyó en un acto de sumisión ante las petroleras e incumplimiento de la decisión judicial.
El precio del gas en los Estados Unidos (Henry Hub) ronda los U$S 2,80. Aun suponiendo alguna distorsión por subsidios a la extracción y a la inversión que pagan allí el Estado Federal y el Estado específico, el precio podría rondar los U$S 3. Pero en cualquier caso pone de manifiesto el disparate de fijar en U$S 6 o 7 el millón de BTU en nuestro país.
Por lo expuesto, corresponde expresar en la ley la decisión política de que las petroleras, como todos los que operan en Argentina, cobren en pesos, del mismo modo que sus gastos son en pesos. De ningún modo deben perder plata. Sí deben tener una ganancia razonable por el servicio de extraer el hidrocarburo cuyo dominio corresponde a la Nación y a las provincias, es decir, al pueblo.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ESPINOZA, FERNANDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SALVAREZZA, ROBERTO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| GRANA, ADRIAN EDUARDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| GARRE, NILDA CELIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SORAIRE, MIRTA ALICIA | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| MERCADO, VERONICA | CATAMARCA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CARRO, PABLO | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SORIA, MARIA EMILIA | RIO NEGRO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| LEAVY, SERGIO NAPOLEON | SALTA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| ROMERO, JORGE ANTONIO | CORRIENTES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |
| DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |