EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA TARIFARIA

ARTÍCULO 1°.- Declárase la emergencia pública en materia tarifaria eléctrica, de gas por redes y de agua corriente en todo el territorio de la República Argentina hasta el 31 de diciembre del año 2019.

ARTÍCULO 2°.- Retrotráiganse los cuadros tarifarios de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente en todo el territorio de la República Argentina al 1° de enero del año 2017.

ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo de la Nación debe elaborar un esquema de actualización tarifaria que no podrá superar la evolución del Coeficiente de Variación Salarial desde el 1° de enero del año 2017 hasta la fecha de promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 4°.- Las empresas prestatarias de los servicios públicos servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente deberán recalcular las deudas acumuladas por los usuarios que se encontraren en tal situación en función de los cuadros tarifarios resultantes de lo establecido en el artículo 3° de la presente ley. Estas deudas serán condonadas.

ARTICULO 5°.- Las empresas prestatarias de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente deben suministrar un informe detallado de las deudas de los usuarios, discriminando de forma clara y visible monto, intereses y todo otro rubro que las compongan, que deberá ser incorporado a las facturas de los servicios que envían a los usuarios.

ARTICULO 6°.- El Poder Ejecutivo Nacional, en acuerdo con los entes reguladores, instrumentará el nuevo diseño de las facturas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°.- La presente ley debe ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 8º.- Comunicase al Poder Ejecutivo Nacional. -

Señor presidente:

Vengo a proponer que sea declarada la emergencia pública en materia tarifaria eléctrica, de gas por redes y de agua corriente en todo el territorio de la República Argentina hasta el 31 de diciembre del año 2019.

Es necesario que se retrotraigan los cuadros tarifarios de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente en todo el territorio de la República Argentina al 1° de enero del año 2017.

Asimismo, las empresas prestatarias de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente deberán suministrar un informe detallado de las deudas de los usuarios, discriminando de forma clara y visible monto, intereses y todo otro rubro que las compongan, que deberá ser incorporado a las facturas de los servicios que envían a los usuarios.

Es menester recordar que el Congreso de la Nación sancionó durante el año en curso, una ley que declaraba la emergencia en materia de tarifas de servicios públicos y construía un índice de actualización contemplativo de la actual situación socioeconómica que vive el país, muy distinta al momento en que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, definió que aumenten a la par del dólar norteamericano.

Conviene recordar que aquel proyecto de ley, que el Poder Ejecutivo Nacional terminó observando en su totalidad, fue aprobado por esta Cámara de Diputados el día 9 de mayo del 2018, y por la Cámara de Senadores de la Nación el 31 del mismo mes. Recién comenzaba por entonces la corrida cambiaria que aún sigue castigando a nuestra economía y a la del pueblo y las empresas del país, sin que nada de lo que intenta el gobierno nacional sirva para frenarla. Pocas horas antes de la sanción en esta casa, se había anunciado, a raíz de dicha corrida, que se acudiría al Fondo Monetario Internacional para intentar estabilizar la situación.

El 20 de junio de 2018, más de un mes después de tomada la decisión de regresar al FMI (que, vale destacarlo, debería haber tratado este Congreso, omisión inconstitucional que le ha significado a Macri y a parte de su gabinete una imputación penal), llegó el primer desembolso del organismo, correspondiente al mutuo stand-by acordado con el organismo, por 15 mil millones de dólares. Monto similar al que, hasta esa fecha se habían malgastado en intentar en vano frenar la corrida, dejando las reservas del Banco Central en 48 mil millones de dólares, cuando a principios de año superaban los U$S60 mil millones.

Sin embargo, a poco más de dos meses de aquello, se ha agotado esa primera ayuda, sin poder evitar que el valor de la divisa estadounidense se duplique, que la tasa de referencia del Banco Central escale hasta el 65% (con lo que se garantiza una recesión que amenaza el nivel de empleo) y obligando a pedir un nuevo stand-by al prestamista de última instancia. Este nuevo acuerdo plantea condiciones socioeconómicas mucho más duras que las iniciales, y de ningún modo garantiza que la crisis cambiaria pueda resolverse.

Toda esta mención resulta imprescindible debido a que el presidente Macri, por su exclusiva voluntad, decidió atar precios básicos de nuestra economía, como las tarifas, los alimentos y los combustibles, a la evolución del precio del dólar. No hizo lo propio, por supuesto, con los salarios y el resto de los ingresos (como Asignación Universal por Hijo y jubilaciones, entre otros), respecto de los cuales opera para que se actualicen por debajo del alza del Índice de Precios al Consumidor, que a su vez es alimentado por los aumentos tarifarios mencionados, y amenaza no tener techo en tanto no se le encuentre uno al dólar, del que estas variables dependen.

La relación dispar entre ambas variables, la que representa la ganancia empresaria de los sectores más concentrados del país y la de las economías familiares, hace imprescindible la intervención de este Congreso. Si a principios de año la gravedad de este cuadro había venido a ofrecer alternativas legislativas a la totalidad del arco político (con excepción del oficialismo, pese a varias declaraciones mediáticas previas en idéntico sentido de varios de sus integrantes más importantes), mucho más urgente es ahora, que la coyuntura ha empeorado sensible e inocultablemente. Basta para comprobarlo con observar las variables del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, corregido todos los meses para peor. De igual modo, el consumo popular no para de rodar cuesta abajo, según la unanimidad de las cifras privadas.

Y más allá de las estadísticas, alcanza con recorrer los distintos barrios de nuestra patria. Sólo con eso se palpa de cerca el sufrimiento de nuestro pueblo, que no llega a fin de mes, o que para lograrlo a duras penas debe reducir su bienestar. Son ellos los que sufren el ajuste que exige el FMI en carne propia. Se ha llegado al extremo de recortar en salud y de poner la cartera de Trabajo bajo el mando del ministro de Producción. Es decir, a condicionar la aprobación de los acuerdos paritarios a la firma de un funcionario dedicado a cuidar la rentabilidad patronal.

Volviendo a lo tarifario, la angustia se expresa en este punto en aumentos desmedidos que determinan ese no llegar a fin de mes o reducción de bienestar que mencionaba antes. Porque, como sabe cualquiera que no haya vivido encerrado en los edificios de las grandes corporaciones o en countries, la economía de las familias más necesitadas de nuestra patria se maneja separando primero lo necesario para alimentos e impuestos, y luego gastando lo que queda: con la política económica de estos tiempos, cada vez queda menos… si es que queda algo. De lo contrario, nuestro pueblo se ve atrapado en las mismas deudas a las que el actual gobierno condena al Estado Nacional, que a veces a duras penas pueden sobrellevar acudiendo a los usureros de los barrios. Y si ni eso consiguen, quedan debiéndoles a las empresas, y es por ello que también propongo en este proyecto poner en claro esta situación, y condonar deudas, si las hubiere, porque el desbarajuste es tal que es imperiosamente necesario volver todo lo actuado en este campo al momento en que la ecuación cambiaria se salió de cauce. El pedido de reformulación de esta política requiere de remover de raíz también sus derivaciones dañinas.

El Presidente ha dicho que aquella ley de emergencia tarifaria era una de las culpables de la corrida cambiaria. Como si ese drama no hubiese comenzado antes de la sanción, y como si, a bastante tiempo ya de su veto, la corrida se hubiese solucionado. Más aún: es “vox populi” que en todas las etapas de esta corrida participaron fuertemente las empresas energéticas, las que, los días posteriores a saltos bruscos del tipo de cambio, suelen registrar brutas ganancias en el Mercado de Valores. La explicación es simple: los tarifazos suponen una súper-renta para las prestatarias de este servicio público, transferida desde las clases medias y medias-bajas. Ese dinero, se suponía, se destinaría a inversiones. Pero, como es obvio, los usuarios, al encontrarse con valores siderales en sus facturas, ajustan a la baja su consumo.

Entonces, las empresas no tienen incentivo para invertir: antes la excusa era la “falta de señales de precios”; ahora, la innecesaridad de ello por menor consumo. ¿Adónde se dirigieron entonces los mayores márgenes otorgados a las energéticas? ¿A la compra de dólares para posterior fuga? Si el presidente Macri hubiese escuchado, se habría evitado los sacudones cambiarios que le propinaron actores beneficiados por el modelo de ajuste, que así le agradecieron.

Pero en aquel debate se dijo, desde varias bancadas, que, a pesar de haberse votado la actualización tarifaria en curso en el Presupuesto 2018, como las variables se habían visto significativamente alteradas, cabía reconsiderar también el precio de los servicios públicos. Era obvio para cualquiera que las economías familiares, que venían muy golpeadas por dos años de ajuste continuo desde la asunción presidencial de Macri, se había visto completamente desacomodadas con el aumento del dólar, que se había llevado por delante, cualquier previsión. Recuérdese que el Presupuesto 2018 contemplaba un dólar de $19,30 y una inflación de 15% para diciembre, y un crecimiento de 3,5%: estamos oscilando en los $40 por dólar, la inflación va rumbo al 45% y las proyecciones del propio gobierno hablan de una caída del PBI de 2,4%.

En este contexto, sin embargo, las empresas prestatarias de servicios públicos tienen su rentabilidad garantizada. Ni que hablar de las empresas, sobre todo las PyMEs, pero también algunas grandes (nada menos que Arcor reportó pérdidas por primera vez en su vida), que ven inflada demencialmente su ecuación de costos: sumado esto a lo ya comentado sobre las tasas de interés, el riesgo de desempleo queda a un paso. Por último, se insiste: hay que otorgar alguna certeza acerca de futuros aumentos a los usuarios porque el problema del dólar está lejos de poder arreglarse, y si eso sigue arrastrando a los precios, pero no a los ingresos, ni siquiera es útil para las empresas prestatarias, puesto que corremos riesgo de que empiecen a registrarse situaciones de incobrabilidad que afectarán inversiones.

De esta forma, no parece tener piso la espiral de degradación socioeconómica, cargada a cuenta exclusiva de las espaldas de quienes más necesitan de la acción del Estado, que hoy lejos de haberse retirado de la vida pública se dedica a reforzar las desigualdades. No quedando asunto que interese a nuestro pueblo sin arruinar, es urgente volver al punto de partida de este ciclo histórico y repensar por completo la situación para diseñar algo viable. Este Congreso, vista la ceguera del Poder Ejecutivo Nacional frente al caos descripto, tiene que asumir la responsabilidad de que el pueblo no reaccione, ante la desesperación, de modos que haya que lamentar y contra la política toda, como casa partidaria que es. Nadie desea desenlaces tristes, pero para eso no es suficiente con palabras políticamente correctas: hay que accionar para cortar con el ajuste, y pronto.

Es por lo aquí expuesto que solicito de mis pares acompañamiento para el presente proyecto.