Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos referidos al derecho al ambiente sano que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, para los ciudadanos y ciudadanas de la zona de Los Diques, también llamada Perilagos, en el Departamento El Carmen, provincia de Jujuy.

Informe:

1. Si la Agencia de Desarrollo Sostenible de Los Diques de la provincia está impulsando un cambio en el uso del suelo y/o tiene un Plan Maestro, tal cual lo expresó el presidente de la Agencia de Desarrollo de Los Diques en medios de comunicación.

2. Si la respuesta a la pregunta anterior fuere afirmativa, informe sobre los mecanismos de audiencias públicas que tiene previsto llevar a cabo con los ciudadanos afectados en esa localidad, en particular referida a qué información pondrá a disposición antes de las audiencias públicas, con qué plazo de antelación de las mismas y en qué espacio físico se realizarán para garantizar el acceso libre e irrestricto de la ciudadanía afectada.

3. Si el mencionado Plan Maestro estuviera en marcha, se solicita indique cuáles son las medidas que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable está tomando para garantizar el derecho al ambiente sano de los ciudadanos que viven ahí.

4. La vinculación, desde su perspectiva, entre el derecho al ambiente sano de los ciudadanos y los derechos posesorios adquiridos luego de veinte años o más de posesión de las tierras.

5. Si ambos derechos son contemplados por parte de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques de la provincia, si es que dicho organismo está proponiendo un cambio en el uso del suelo.

6. El motivo por el cual la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques intima sistemáticamente a las familias campesinas para impedir cualquier mejora en sus predios para su vida y su producción, derecho contemplado también en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Las familias de la zona de Los Diques, también denominada Perilagos, en el departamento El Carmen, provincia de Jujuy, son familias campesinas que producen en el territorio desde hace décadas y actualmente están siendo asediadas y hostigadas constantemente por las autoridades de la Agencia de Desarrollo Sostenible de Los Diques (agencia provincial) a cargo de Víctor Hugo González, con el apoyo del accionar policial de la provincia. Esta situación ha sido denunciada en numerosas oportunidades por la Organización Campesina de los Perilagos, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Los hostigamientos incluyen intimaciones con "apercibimientos de ley" que intentan impedir trabajos imprescindibles para la vida o la producción de las familias campesinas, a la vez que habilitan o genera desmontes en otras zonas del territorio, generando una clara política discriminatoria y persecutoria contra el sector.

Los intentos de desalojo de las familias campesinas, que tienen derechos posesorios sobre los territorios, se han realizado con actas sin órdenes judiciales, ni juicios previos. La fiscalía de investigaciones acusa a las familias campesinas de usurpación de las tierras fiscales en que viven desde hace varias generaciones, desconociendo derechos posesorios, leyes en defensa de la agricultura familiar y la declaración de la ONU de los derechos campesinos, adoptada en diciembre de 2018.

En diciembre de 2017, la ley 6049 sancionada por la legislatura provincial desafectó el área de Reserva Natural de Los Diques, vulnerando los derechos posesorios de las familias campesinas que viven en el lugar desde hace más de dos generaciones. A mediados de 2018, la Organización Campesina de los Perilagos logró, como parte de un amparo colectivo, que se suspenda el proyecto de Desarrollo Ecosostenible porque el Estado provincial mismo reconoció irregularidades en el proceso administrativo. Sin embargo, la justicia falló en contra del pedido de inconstitucionalidad de la Ley por violación de leyes ambientales, en un acto de carácter regresivo. Este fallo de la justicia provincial fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, constituyéndose el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como amicus curiae. Esta acción se realiza en defensa del derecho a la vivienda y a la tierra, del derecho a un medio ambiente sano y del principio de progresividad en materia ambiental que declara la Constitución Nacional en su artículo 41 y establece la ley 25675, de Política Nacional Ambiental.

En la argumentación realizada por el CELS al constituirse como amicus curiae destacamos el siguiente párrafo que sintetiza la situación de la ley provincial respecto de las familias afectadas: “La sanción de la Ley Provincial 6049 debe ser declarada inconstitucional por el Poder Judicial de Jujuy, ya que implica una regresión en los niveles de protección medioambiental. La Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos prohíben expresamente que se adopten medidas que den marcha atrás a la protección derechos, como el derecho al medio ambiente, en este caso” (CELS, septiembre de 2018).

En síntesis, creemos que esta situación, si bien se encuentra enmarcada en una jurisdicción provincial, afecta directamente derechos establecidos en la Constitución Nacional, en tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Congreso nacional e integrados a la Constitución Nacional, y una ley de presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presentación del presente proyecto.