Solicitar al Poder Ejecutivo que informe, a través del organismo que corresponda lo siguiente:

• La nómina de denuncias efectuadas contra Magistrados ante el Consejo de la Magistratura y sus fundamentos.

• La nómina de recusaciones de magistrados presentadas en las causas que el Poder Ejecutivo o sus funcionarios personalmente son parte.

• El contenido de las reuniones que mantuvieron los ministros del Poder Ejecutivo con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• El motivo por el cual el gobierno inició acciones en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño a los magistrados Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo, en los autos caratulados “INSTITUTO PATRIA PENSAMIENTO ACCION Y TRABAJO PARALA INCLUSION AMERICANA ASOCIACION CIVIL c/ I.G.J. S/RECURSO DIRECTO A CAMARA”. Con respecto a este punto informe si el las acciones iniciadas tendientes a la remoción de los magistrados se deben al contenido de la sentencia.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como finalidad tomar conocimiento por parte de este cuerpo acerca de las acciones de recusación iniciadas por el Poder Ejecutivo para solicitar el apartamiento de magistrados en aquellas causas donde es parte o sus funcionarios de manera personal son parte y de los procesos iniciados en el Consejo de la Magistratura para solicitar el proceso de remoción de magistrados. Esta iniciativa se inscribe dentro de las facultades otorgadas a este cuerpo por el artículo 71 de la Constitución Nacional y por el artículo 204 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Resultan numerosos los casos que llegan a conocimiento público en donde el Poder Ejecutivo impulsa la remoción de magistrados por el contenido de las sentencias en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Por citar algunos ejemplos, se pueden mencionar los trascendidos en los medios periodísticos referidos a los jueces intervinientes en el otorgamiento de la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. En el mismo sentido, iguales persecuciones mediáticas padecieron los magistrados intervinientes en el otorgamiento de la libertad de los dirigentes políticos Carlos Zannini y Luis D´Elia. Todos los mencionados hasta aquí sin condena.

En el día de la fecha se conoció que el Poder Ejecutivo iniciará un proceso de remoción contra los camaristas Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo que intervienen en los autos “INSTITUTO PATRIA PENSAMIENTO ACCION Y TRABAJO PARALA INCLUSION AMERICANA ASOCIACION CIVIL c/ I.G.J. S/RECURSO DIRECTO A CAMARA”. Este pedido de remoción , según los trascendidos periodísticos, se fundamenta en el contenido de la sentencia, acción que violaría la independencia que deben tener los jueces.

La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del sistema republicano, hace a la separación de poderes y de esta manera fue concebida por el constituyente en 1853 y en las sucesivas reformas a la Carta Magna. El inicio de estas acciones contra los camaristas Liberman, Iturbide y Pérez Pardo configuran un nuevo intento del Poder Ejecutivo para disciplinar a los jueces.

Con fecha 14/12/2015 el Poder Ejecutivo emitió el decreto 83/2015 designando jueces de la Corte Suprema a los dres. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en clara violación del artículo 99 inc. 4 y del decreto 222/03 que establece el mecanismo de designación de magistrados del máximo tribunal. En una interpretación forzada, el Poder Ejecutivo entendió, en los considerandos del decreto, que lo hacía en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Nación por el artículo 99 inciso 19 19. “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. En el fallo “Orbaiceta, Mariano José c/Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo ley 16.986” se sostuvo que existió en el decreto una errada interpretación de la potestad conferida por la Carta Magna al Presidente de la República en el artículo 99 inc. 19 al interpretar a los jueces como “empleados”. En este sentido sostuvo el magistrado Ramos Padilla: “Finalmente, la apelación al vocablo "empleos" al que hace referencia el decreto presidencial y el artículo 99, inc. 19 de la C.N., no puede ser equiparada a la función de Juez. Es que dicha expresión lleva implícita una relación de dependencia, por lo que el Poder Ejecutivo sólo estaría en condiciones de nombrar a aquellos funcionarios tales como embajadores, ministros plenipotenciarios, encargados de negocios, militares, que dependen de dicho Poder Ejecutivo, pero no a los magistrados que forman parte de otro poder del estado, y que tienen entre sus funciones controlarlo y garantizar la división de poderes.¬ La sola idea de que los magistrados puedan ser considerados "empleados" del Poder Ejecutivo Nacional, podría poner en crisis todo el sistema republicano y de división de poderes establecido en la Constitución Nacional, a la vez que implicaría la arrogación de facultades judiciales de manera indirecta por parte del Presidente de la Nación expresamente prohibidas por la ley suprema”.¬

Tal como se afirma en el fallo citado ut supra, la facultad de designar “empleados” que la Constitución prevé para casos excepcionales, refiere sólo a aquellos cargos cuya dependencia funcional y jerárquica responda al Presidente de la Nación.

En marzo del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió la acordada 4/2018 que dejó sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura que resolvió transformar el Tribunal Oral en lo Criminal Correccional N° 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 y su integración por los Dres. Silvia Estela Mora, Alejandro Martin Becerra y Alejandro Nocetti Achaval. Una vez “transformado”, la Cámara Federal de Casación Penal incluyó este tribunal en los sorteos de causas de la justicia federal. De manera llamativa, el tribunal fue sorteado para intervenir en el proceso vinculado al memorándum de entendimiento con Irán en el que está acusada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de este dato por demás relevante a efectos de poner de manifiesto la utilización política y la persecución que lleva adelante el gobierno a opositores, el máximo tribunal objetó al Consejo de la Magistratura que se dejara de lado el procedimiento constitucional para la designación de magistrados, resuelto por mayorías constituidas a instancias de los representantes de Cambiemos en dicho cuerpo colegiado.

Por todo lo expuesto, en el entendimiento que esta cámara no puede quedar al margen cuando se debaten aquí cuestiones atinentes a la separación de poderes, la persecución política y la marginación del Congreso, solicito a mis pares Diputadas y Diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto.