ARTICULO 1º — Incorpórese al Censo Nacional de Población y Vivienda a realizarse en los períodos que correspondan, una encuesta complementaria con la temática de auto-identificación sobre Población Trans y Travestis.

ARTICULO 2º — El relevamiento de las personas objeto de la presente ley debe ser sistematizado través de ítem descriptivos que cuantifiquen la población, así como sus características sociodemográficas y condiciones de vida de las mismas, en todo el territorio nacional.

ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El 26 de marzo de 2007 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, tuvo lugar la presentación de los Principios de Yogyakarta, posteriormente ratificados por la Comisión Internacional de Juristas.

Estos principios se materializaron en un documento de referencia ineludible en el tema de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Establecieron los estándares fundamentales para que las Naciones Unidas y los Estados garanticen las protecciones a los Derechos Humanos a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y Transgénero). Según los mismos “...las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género reales o percibidas de las personas constituyen un patrón global y arraigado que es motivo de seria preocupación. Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos.”

En la Argentina tenemos una larga tradición de respeto a los derechos humanos a partir de nuestro regreso a la democracia, y en la última década una serie de avances en la legislación ha inaugurado un modelo de inclusión en materia de derechos vinculados a la orientación sexual y la identidad de género, que nos ha convertido en ejemplo a nivel mundial. Se debe mencionar como hitos indiscutibles, la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario en julio de 2010 y la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012.

El inicio de un proceso de concientización sobre las problemáticas que vivencian las personas Trans y travestis surgió de un compromiso de las máximas instancias gubernamentales de nuestro país con la materialización de la visibilidad de las personas más excluidas, a fin de que ello se traduzca en una optimización en el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos y sociales.

Dentro del colectivo de las personas LGTBYQ, las personas Trans y Travestis son la población más vulnerada, se enfrentan a diario a diferentes formas de transfobias, por el simple hecho de romper con las normas binarias impuestas en nuestra sociedad. Un importante porcentaje sufre discriminación y enfrenta de manera constante las consecuencias de la falta de acceso a una salud integral, a la educación en todos sus niveles y a trabajo digno, fundamentalmente. Más allá de la legislación arriba mencionada, es urgente la implementación de políticas públicas para derribar barreras que obstaculizan a acceso al pleno ejercicio de los derechos de las personas Trans.

Con ese criterio entre el 18 y el 29 de junio de 2012, se realizó la Primera Encuesta sobre Población Trans en el Municipio de La Matanza, organizado a través de la firma de un Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) firmado en el mes de noviembre de 2011. Los resultados de la misma, pueden consultarse en el Informe Técnico. Según se argumenta en el propio informe, “La encuesta surgió a raíz de la necesidad de contar con información sociodemográfica de una población notablemente vulnerada, tanto desde el punto de vista social como del ejercicio de los derechos ciudadanos. La ruptura con políticas discriminatorias y prácticas institucionales del pasado enmarcan la génesis de este proyecto, ya que es en este contexto donde se concretaron las condiciones de posibilidad que permitieron que la demanda para la elaboración de datos oficiales sobre las personas Trans de parte de las Organizaciones Sociales y los grupos de interés vinculados a la diversidad sexual y de género, se materializara en un estudio pionero sin precedentes internacionales (en términos de iniciativa estatal).”

Los objetivos generales de la encuesta fueron los siguientes:

a. Describir las condiciones de vida y las características sociodemográficas del conjunto de personas Trans y Travestis, indagando acerca de las experiencias de discriminación, alfabetización jurídica y el acceso a la justicia de misma.


b. Capitalizar los resultados
de la encuesta en el ámbito nacional, en una instancia de alcance territorial más amplio y por ende, de mayor complejidad, a partir de los resultados obtenidos y evaluados en la etapa de la Prueba Piloto.

c. Buscar a través de la Encuesta Nacional cumplimentar los objetivos generales propuestos por este proyecto, planteando un tipo de estudio descriptivo de alcance nacional.

La encuesta a nivel nacional nunca se llegó a hacer, pero en esta prueba piloto están los recursos metodológicos que servirán de insumos para incorporarlos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevará a cabo en el 2020.

Un antecedente importante que vale la pena mencionar es el Censo Nacional de Personas Trans que se realizó en Uruguay el año pasado. El primero en el mundo en realizarse a nivel nacional, buscó el conocimiento de la realidad concreta de la población Trans para diseñar respuestas específicas, y utilizar dispositivos nuevos o ya existentes tomando en cuenta su ciclo de vida, su nivel socioeducativo y su situación en el mundo del trabajo.

Como señalamos más arriba, el presente proyecto apunta a incorporar en el próximo Censo Nacional, una encuesta complementaria con la temática de auto-identificación sobre Población Trans. Creemos en la importancia de la obtención de información, para generar las políticas públicas necesarias para proteger los derechos de uno de los colectivos más vulnerados de nuestro país. Por ello, y en vistas a la necesidad de contar con esta herramienta, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.