Rechazar la nota de denuncia del Tratado de UNASUR, expresada en el Co-municado de Prensa 114/19 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país

Ratificar el rol insoslayable del Honorable Congreso de la Nación en la adop-ción de medidas de política exterior, especialmente en lo que refiere al rechazo o la aprobación de los Tratados o la modificación de los mismos, tal cual lo es-tablece nuestra Constitución Nacional en los incisos 22 y 24 del Artículo 75.

Instar al Poder Ejecutivo Nacional a remitir la denuncia del tratado de UNASUR para su tratamiento legislativo tal cual lo establece explícitamente nuestra Constitución en el Art 75 inciso 24 párrafo 3 en lo referente a Tratados de integración con países de Latinoamérica

Resaltar las obras y realizaciones de la UNASUR a lo largo de estos años lo que ha permitido avanzar sustancialmente en la integración regional, consoli-dar

América del Sur, como una zona de paz, fortaleciendo nuestras democracias y fomentando el multilateralismo en el escenario internacional.

Señor presidente:

Hemos tomado nota con preocupación de la decisión de nuestra Cancillería, denunciando el Tratado de la UNASUR. Esta decisión ha sido tomada sin consultar al Poder Legislativo, violando, flagrantemente, lo establecido en nuestra Constitución Nacional en el Art 75 inciso 24 párrafo 3 en lo referente a Tratados de integración con países de Latinoamérica, que sostiene:

“24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizacio-nes supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden de-mocrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presen-tes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miem-bros de cada Cámara.”

Existen también otra serie de cuestionamientos a esta pretensión de salir de UNASUR, que creemos hacen al fondo del debate acerca de la integración regional y sus instituciones. Sin dudas, estamos en presencia de un nuevo intento por avanzar en la desarticulación del proceso de integración regional, que tanto a nivel de UNASUR como de Mercosur y de CELAC, ha permitido a lo largo de los últimos 28 años construir instituciones, a partir de consensos de gobiernos de diferentes signos políticos e ideológicos. Dicha desarticulación asegura la intrascendencia de nuestra región en el escenario internacional, promueve la dependencia bilateral ante actores centrales y consuma la pérdi-da de autonomía para llevar adelante decisiones soberanas para nuestros paí-ses y nuestra región.

En el comunicado de prensa 114/19, el único argumento esgrimido por el Po-der Ejecutivo muestra la incongruencia de esta decisión, ya que sindica a la acefalía y parálisis que tiene el Organismo. Dichas acefalías y parálisis han sido promovidas por nuestro país que durante su Presidencia Pro Tempore no convocó a reuniones ordinarias ni extraordinarias de Presidentes ni del Con-sejo de Ministros de Relaciones Exteriores, vació el funcionamiento de los dis-tintos Consejos Sectoriales y sumió en una absoluta parálisis burocrática e institucional a la Secretaría General, sin buscar consensos para la designa-ción de un nuevo Secretario General. La crisis institucional que alega el co-municado de prensa fue autoinfligida por el gobierno de la República Argenti-na que tuvo a su cargo la Presidencia Pro Tempore de UNASUR entre abril de 2017 y abril de 2018. De la misma manera, la referencia a una agenda de alto contenido ideológico que sostiene el comunicado que, supuestamente, existió en la UNASUR es claramente desmentida por los acuerdos alcanzados a nivel presidencial, por ejemplo en las designaciones de los distintos Secretarios Generales y en la resolución de conflictos y situaciones complejas, y por los avances de los distintos Consejos Sectoriales en los que, debido a la regla del consenso, gobiernos de distinto signo político pudieron relacionarse.

La creación de la UNASUR constituyó un hito central en el proceso de institu-cionalización de la integración sudamericana, ya que, por primera vez en la historia, reunió a los jefes y a las jefas de Estado del sur de América, sin la presencia de Estados Unidos. Fue la expresión de un proyecto que dio cuenta de los cambios que estaban teniendo lugar en la dinámica política regional. Por eso, el tratado constitutivo de la UNASUR contempló las dimensiones polí-tica, económica, productiva, social y cultural de la integración, en un esquema multidimensional que aseguraba una visión integral de la integración. La UNASUR ha tenido logros sumamente importantes y de trascendencia históri-ca, fundamentalmente como espacio de concertación política y de defensa de la democracia, la estabilidad y la paz en la región, sin recurrir a países extra zona, Entre los momentos trascendentales, podemos destacar su actuación en los procesos de desestabilización en Bolivia (2008) o en Ecuador (2010) y la resolución del conflicto entre Colombia y Venezuela, plasmado en el Acuerdo de Santa Marta, que garantizó la paz entre estos dos países sudamericanos.

Respecto al esquema multidimensional del que hablábamos anteriormente, la UNASUR contó con numerosos Consejos Sectoriales que avanzaron profun-damente en la concertación de políticas y planes de acción. Ha sido particu-larmente relevante la agenda de Defensa, con la creación del Consejo de De-fensa Sudamericano y el inicio de la elaboración de una doctrina de defensa claramente diferenciada de las cuestiones de seguridad y centrada en los in-tereses de nuestra región. La defensa de los recursos naturales, entre otras cuestiones, fue un eje central de esa agenda autónoma. El área de salud fue emblemática en la construcción de una agenda sudamericana, anclada en la perspectiva de derechos, que promovió una diplomacia concertada en organi-zaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud o acciones concretas de negociación conjunta para las compras públicas de medicamen-tos, en aras de fortalecer el acceso para las poblaciones de la región. También permitió consensuar una Agenda de Proyectos Prioritarios de Infraestructura de Suramérica (API) con más de 30 proyectos de carácter estratégico y de alto impacto para la integración física. Además, en poco tiempo desarrolló un sis-tema de cooperación técnica mutua con financiamiento propio y un mecanis-mo de observación electoral reconocido internacionalmente.

Esto marca una diferencia fundamental con las practicas que hoy vemos que se llevan adelante tanto en el autodenominado Grupo de Lima o en el recien-temente auspiciado PROSUR, en donde se excluyen y no se invita ni convoca a los gobiernos que se oponen a una visión determinada del proceso de inte-gración regional. Sin dudas, pueden existir diversidades y diferencias en cuanto a las visiones acerca del proceso de integración y también dificultades o demoras en la implementación de muchas decisiones. Pero es impensable que, por ello, se procure la destrucción de instituciones que han sido creadas a partir de un amplio consenso y con mucho esfuerzo.

Por ello, estamos convencidos de que es inconveniente denunciar el Tratado de UNASUR, incluso para aquellos que pregonan un modelo distinto de inte-gración al que se ha vivido en la primera década del Siglo XXI. El descalabro institucional que el gobierno de Mauricio Macri está proponiendo es insosteni-ble jurídica y políticamente. Como todos sabemos, la Unión de Naciones Sur-americanas (UNASUR) entró en vigor en 2011 luego de las ratificaciones ne-cesarias de su Tratado Constitutivo. Es la primera y única organización do-tada de personalidad jurídica internacional que reúne exclusivamente a los 12 países de Suramérica en igualdad de condiciones, convirtiéndose en el espacio natural de convergencia entre los países del Atlántico y del Pacífi-co.

Debemos tener en cuenta que la UNASUR es el único foro de la región que tiene una “Cláusula Democrática” consagrada en un tratado internacional en vigor del cual son parte los 12 países suramericanos: el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia (fir-mado en 2010 y conocido como “Protocolo de Georgetown”). El Protocolo de Ushuaia I del MERCOSUR (1998), también un tratado internacional, fue fir-mado y ratificado por los 4 Estados fundadores más Bolivia, Chile y Venezuela y, por ende, sólo se aplica a ellos. El alcance del Protocolo de Georgetown es incluso más “integral” que el propio Protocolo de Ushuaia I ya que se aplica a casos “de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una viola-ción del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráti-cos”. Recordemos que la Carta Democrática Interamericana adoptada en la OEA (2001), que posee un lenguaje similar al Protocolo de Georgetown, es una resolución y no un tratado internacional, con la diferencia jurídica que eso conlleva.

El hecho de que, en una organización internacional, existan diferencias o vai-venes políticos o ideológicos no puede ser un argumento sostenible ni sólido. Es como si la salida de De Gaulle del gobierno francés a fines de los ´60 o la de Willy Brandt de la República Federal Alemana a mediados de los ’70 hubie-ra generado la parálisis o la desaparición del proyecto europeo, que se conso-lidó y fortaleció institucionalmente gracias al liderazgo de actores provenientes de diversas corrientes políticas e ideológicas, provocando que Europa se con-vierta en un actor central en el escenario internacional.

Disolver la UNASUR, dilapidando los recursos invertidos y crear un “grupo de amigos”, no hace más que demostrar al mundo la incapacidad o falta de volun-tad de los gobiernos promotores del Grupo de Lima y de Prosur para resolver los problemas que aquejan a la región, permitiendo la interferencia de visiones extrarregionales que habían sido, felizmente, eliminadas en el período ante-rior. Sería, incluso más productivo, que mejoráramos las estructuras y tratados existentes, en vez de borrar y crear nuevas instituciones.

Por último, es necesario recordar que, en nuestro país, mediante la ley 26.602 sancionada en junio de 2010, se aprobó el Tratado Constitutivo por unanimi-dad del Congreso Nacional, manteniendo el tradicional consenso que las fuerzas políticas de nuestro país han sostenido respecto de los proyectos de integración regional, lo que refleja el grado de consenso político para avanzar en esa dirección respecto de la integración sudamericana.

Estamos convencidos de que nuestro destino como Nación está ligado a la consolidación y el fortalecimiento de la integración regional. En ese sentido, el actual gobierno ha propiciado el desmantelamiento institucional, lo que sin dudas merma y diluye el funcionamiento de todos los procesos de integración como la UNASUR, de la misma manera que lo ha hecho con el Mercosur y la CELAC. Parecería que, a 8 meses de terminar el mandato, el gobierno del Pre-sidente Macri se empecina en desestructurar todos los ámbitos que hacen a la construcción de una integración que garantice la autonomía y el desarrollo sostenible y democrático en la búsqueda de nuestra inserción internacional.

Por ello, creemos, fervientemente, que es necesario más UNASUR, más diálogo y más amplitud y más visiones que respeten las diferencias políti-cas para garantizar una integración democrática, inclusiva y sostenible y exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional que remita la denuncia del Trata-do de UNASUR para que sea debatido por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria tal cual lo exige la Constitución Nacional.