Artículo 1°: Declárase la Emergencia para el servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en todo el territorio nacional, por el plazo de un (1) año, contado desde la sanción de la presente ley. Facultase al Poder Ejecutivo a prorrogar este plazo cuando las razones que motivan esta declaración no hubieren desaparecido al momento de cumplirse el plazo establecido.

Artículo 2°: Durante el plazo de la Emergencia declarada en el artículo 1° queda suspendido y se prohíbe cualquier aumento en el costo de los combustibles destinados al transporte público de pasajeros. El precio máximo de referencia para el litro de combustible con ese fin y durante la vigencia de la Emergencia será el publicado por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A (YPF S.A) al día 01 de marzo de 2019, tanto mayorista como minorista.

Artículo 3°: El Poder Ejecutivo arbitrará las medidas que resulten necesarias para asegurar la observancia de lo establecido en la presente ley.

Artículo 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La presente iniciativa va en sintonía con el proyecto 7781-D-2018, que ha sido acompañado por un nutrido conjunto de colegas del bloque que integramos. En tal sentido, y tomando diversos reclamos de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, el actual proyecto propone declarar la emergencia para el servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en todo el territorio nacional por el plazo de un (1) año (Artículo 1°). Asimismo, en su artículo 2, se dispone la suspensión y la prohibición de cualquier aumento en el costo de los combustibles (naftas, gas oil, etc.) destinados al transporte público de pasajeros tomando como precio de referencia el precio máximo para el litro de combustible, con ese fin, publicado por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A (YPF S.A) al día 1° de marzo de 2019, tanto mayorista como minorista.

El presente proyecto es ni más ni menos que el establecimiento de medidas jurídico políticas de emergencia tendientes a paliar la grave situación por la que atraviesa el transporte público en todo el territorio nacional, pero en particular en el interior del país. Por ello, es necesario que desde el gobierno nacional se articulen medidas para frenar el aumento del combustible, de todos los tipos de combustible pero muy en especial el del gas oil. El gobierno nacional anunció el congelamiento del boleto del transporte público para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana y lo mismo debe hacerse en todas las ciudades del país, donde las subas del costo provocan la caída de la cantidad de pasajeros, en un contexto de recesión, desocupación y empobrecimiento.

Por dar un ejemplo, y conforme datos brindados por la Municipalidad de Rosario, solamente el transporte público en esa ciudad utiliza mensualmente unos 2.200.000 de litros promedio de gas oil, teniendo una participación del 15,8% en la estructura de costos, luego de la determinación del gobierno Nacional de dejar de subsidiar el consumo de combustible por parte de los sistemas de transporte. En el mes de diciembre de 2018 el precio diferencial al cual accedían las empresas de Transporte era de $11,47 (IVA incluido) por litro de gas oil mientras que el precio de mercado ascendía a $36,30 (IVA incluido). Para el mes de mayo, el costo será de $44,32 (IVA incluido) lo que implica, solo en un mes, una erogación adicional de 6,1 millones de pesos en relación al mes de abril, generando cada vez más presión sobre el costo del sistema y poniendo al mismo en una situación verdaderamente crítica, no solo en la ciudad de Rosario, sino en todo el interior del país.

A la luz de todos los indicadores económicos y sociales ya nadie puede negar la necesidad y urgencia de medidas por parte del gobierno que tiendan a mitigar la crisis y pensar en los que menos tienen; a los fines de blindar un poco a los trabajadores y la clase media de la batería de tarifazos y ajustes que este gobierno ha rociado sobre la sociedad argentina generando caída del consumo y la consecuente paralización del mercado interno.

El estado de emergencia en el que se encuentran diversos sectores de la economía nacional ha afectado duramente a las más amplias capas de la sociedad y ha repercutido en los sectores más vulnerables, así como en los vinculados al empleo, a la producción y al comercio en general, y tales efectos se hacen cada vez más evidentes en la cotidianeidad de la vida de quienes habitan nuestro país. Por tal motivo, es responsabilidad del gobierno tomar las medidas que sean necesarias a los fines de garantizar un mínimo de bienestar a los trabajadores, jubilados, estudiantes, y a la sociedad en general.

Es por las razones expuestas que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.