Citar al Ministro de Trabajo, Lic. Jorge Triaca y al Administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ing. Leandro Cuccioli, en los términos de los artículos 71 y 100 inc. 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los fines de que informe de manera detallada, verbal y documentalmente:

1) Manifieste las conclusiones de la reunión llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo, entre la empresa Carrefour S.A., y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC);

2) Explique por qué sólo ha sido llamado el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), cuando hay otros gremios directa o indirectamente implicados (por ejemplo, el Sindicato de Choferes de Camiones, SICHOCA);

3) Manifieste y explique qué medidas se están llevando a cabo para proteger a los trabajadores y las fuentes de trabajo;

4) Informe acerca de las gestiones a realizarse con todo el personal, cualquiera sea su modo de contratación. Especifique cuáles van a hacer los efectos sobre los despidos, los retiros voluntarios, las desvinculaciones de contratos, y todo aquello relativo a los derechos constitucionales de los trabajadores de dicha empresa;

5) Informe si están evaluando el impacto en las redes de proveedores conexos, en cuanto a la afectación en el ámbito laboral que se generará a partir del cierre de los supermercados;

6) Informe si la empresa cumplió y cumple con la normativa Ley N° 24.241, inciso g) artículo 12, la Resolución D.E.-N N° 601/08 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo en su segunda parte, sobre la certificación de servicios incluyendo los aportes previsionales que le hayan efectuados;

7) Con respecto a la Empresa Carrefour S.A., informe, a través del área que corresponda, sobre la remisión de utilidades de la empresa nacional a la casa matriz.

8) Explicite si se realizó algún estudio acerca de la existencia de precios de transferencia o cualquier otra maniobra para incrementar los pasivos o disminuir los activos de manera artificial o evadir o eludir impuesto a las ganancias;

9) Informe el valor y composición de los ingresos, egresos, resultados, activos, pasivos y patrimonio neto de los trimestres de los últimos 4 (CUATRO) períodos fiscales.

Señor presidente:

Luego de que el jueves 5 de abril de 2018 Carrefour Argentina S.A. presentara el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE), el ministerio de Trabajo convocó para este lunes a la empresa y al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) ante la situación de rojo en los balances. Desde el gremio, que conduce Armando Cavalieri, advierten que buscan evitar el cierre de 11 hipermercados.

El Procedimiento Preventivo de Crisis se enmarca en un plan de reestructuración de la multinacional francesa Carrefour S.A. a nivel global, que incluyó el desplazamiento de todo el directorio de la casa matriz y la designación de un nuevo CEO, Alexandre Bompard. El 23 de enero, en consonancia con el recambio general a nivel mundial, se nombró al actual Presidente de Carrefour Argentina, Rami Baitieth. El nuevo mandato es reestructurar la firma a nivel global y local, lo cual podría incluir el cierre de la empresa, de algunas sucursales, la pérdida de puestos de trabajo y la renegociación de contratos con proveedores y financistas.

En la propia Francia, Carrefour, que es el mayor empleador privado del país, anunció la reducción del 2% de los puestos de trabajo (2.400 empleos), el cierre de 273 tiendas producto de la compra del supermercado DIA en ese país y una reducción salarial importante. Es por esto que los sindicatos Force Ouvrière (FO) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) iniciaron un plan de lucha con una huelga donde los trabajadores colapsaron 180 de los 220 hipermercados del país.

En términos globales, se plantea la eliminación de 390.000 puestos de trabajo en 33 países del mundo. Dado que Carrefour Argentina S.A. posee 20.000 empleados que podrían ser afectados por despidos o reducciones de salario, reviste absoluta importancia que la solución de este conflicto priorice la estabilidad del empleo y los derechos de los trabajadores. Si bien desde la empresa niegan cierres y que vayan camino a un concurso de acreedores, creemos importante prevenir cualquier quiebra fraudulenta que perjudique al país, a la recaudación impositiva y de la seguridad social.

El Procedimiento Preventivo de Crisis es una herramienta que utilizan las compañías ante situaciones adversas. El mismo contempla la posibilidad de flexibilizar las condiciones de despido. Por ejemplo, bajo este sistema, se puede pagar hasta el 50% del monto que corresponde por indemnización y no se tienen en cuenta los plazos legales que se establecen para suspender personal. De esta manera, serían vulnerados los derechos de miles de trabajadores directos e indirectos (por ejemplo, en Carrefour trabajan 1.500 camioneros).

Citamos al Ministro de Trabajo, Lic. Jorge Triaca, para que explicite los términos en los cuales se negocia en la reunión entre la empresa y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) así como por qué no incluyó a otros sindicatos vinculados directa o indirectamente. También requerimos que se aclare cuál es el alcance de la reestructuración planteada por la empresa, cuántos serían los empleos perdidos, y cuál sería la pérdida de derechos de los trabajadores. A su vez, demandamos conocer qué acciones se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Trabajo a los fines de reducir el daño a los trabajadores que, directa o indirectamente, sufran las consecuencias de la reestructuración.

Por otro lado, citamos al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ing. Leandro Cuccioli, con el objetivo de que explicite si hubo medidas fraudulentas de estimación excesiva de

pasivos en orden de forzar las pérdidas, y si hubo maniobra de elusión o evasión fiscal, en particular, en el caso del Impuesto a las Ganancias. Dado que se trata de una empresa transnacional con fácil acceso a cuentas en paraísos fiscales y precios de transferencia intra-firma, así como la capacidad de remitir utilidades a la casa matriz, observamos que es posible que se trate de un caso de intento de quiebra fraudulenta que perjudica nuestra recaudación tributaria, afecta la economía por medio de la pérdida de puestos de trabajo de calidad directos e indirectos, y habilita la fuga de capitales frente a la necesidad de divisas de nuestro país.

Según la empresa, entre Brasil, España y Argentina, la empresa tuvo pérdidas en el último enero por U$S640 millones, manifestando ganancias de U$S900 millones el año anterior. Según la empresa, las pérdidas se produjeron por depreciaciones registradas en sus activos. Por un lado, pérdidas en un año no constituyen un argumento sostenible para reestructurar las empresas, dado que las empresas de consumo masivo ocasionalmente tienen alzas y bajas cíclicas en los negocios y deben manejar sus activos prudentemente a los fines cubrir los malos tiempos. Por otro lado, el hecho de que la pérdida se deba a mayores depreciaciones de los activos abre la puerta a dudar sobre la existencia de manipulación contable de la información a los fines de “simular” pérdidas para no pagar impuestos y promover la reestructuración global de la firma.

Según el balance de Carrefour, a nivel Latinoamérica la tasa de margen de operación se ubicó en el 4,5%, 44 puntos básicos por debajo del año anterior “por pérdidas operativas en la Argentina, directamente relacionadas con el contexto macroeconómico”. La empresa arguyó que los principales problemas fueron el contexto inflacionario y la carga impositiva en 2017, agravada por depreciaciones netas de impuestos diferidos.

Entendemos que parte del problema que motiva la decisión de Carrefour surge de este modelo económico en el cual se reprime el consumo, se aumenta el precio de los alimentos y se habilita a todos los actores multinacionales a remitir utilidades y fugar divisas, promoviendo el vaciamiento de la empresa. Por lo tanto, es necesario que el Poder Ejecutivo Nacional tome cartas en el asunto y de las explicaciones del caso a esta Honorable Cámara de Diputados.

Por todo lo manifestado, es que solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución.