Artículo 1°: Declárese el estado de emergencia del sector de frutas de pepita y carozo en todo el territorio nacional y las acciones que de ella deriven, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Facultase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a prorrogar la vigencia de la presente por otro período.

Artículo 2°: Realícese un relevamiento de todos los productores frutícolas de pepita y carozo afectados con la coordinación conjunta de las autoridades provinciales y nacionales en la materia.

Artículo 3°: Poder Ejecutivo a asistirá económicamente a los productores frutícolas de pepita y carozo, para la ejecución de acciones y obras tendientes recomponer el capital de trabajo perdido como consecuencia de la crisis que atraviesa el sector.

Artículo 4°: El Poder Ejecutivo, través del Banco Nación, o de cualquier otra institución, instrumentara una línea de créditos con el objetivo de recomponer el capital de trabajo necesario a los efectos de llevar adelante las tareas culturales necesarias durante el tiempo de duración de la emergencia.

A tal fin se le otorgara a las empresas y productores beneficiarios, el equivalente en pesos de 0.13 centavos de dólares por kilos de fruta producida. Para la determinación de los kilos de referencia se tendrán en cuenta el promedio producido en las últimas tres temporadas. Se establece como limitación al presente beneficio la cantidad de 20 hectáreas netas como tamaño máximo de superficie producida.

La entrega de los fondos se realizara en pagos parciales teniendo en cuenta los tiempos agronómicos adecuados a las buenas prácticas para el desarrollo de la producción.

La amortización del presente crédito se realizara en un plazo de cinco años y la tasa de interés será como máximo el 50% de la tasa pasiva utilizada por el Banco Nación para sus operaciones comerciales. El comienzo de la devolución de los fondos contara con un plazo de gracia de dos años.

Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Señor presidente:

La grave situación económica que atraviesa nuestro país ha impactado fuertemente en las economías regionales.

Es por ello que al declarar la situación de emergencia del sector frutícola apuntamos a generar un marco propicio para que el Poder Ejecutivo implemente acciones tendientes a reducir la presión impositiva, para los pequeños y medianos exportadores con pequeñas escalas y reducir los requisitos solicitados al productor para acceder al financiamiento bancario.

El Estado Nacional debe intervenir con políticas concretas que permitan resolver la situación de miles de productores frutícolas damnificados por el actual contexto socio económico. Dichas políticas, deben estar orientadas a inversiones en la economía real, financiando emprendimientos productivos y de infraestructura, que concedan a nuestros productores un campo propicio para su desarrollo y a su vez se facilite el acceso de todos los productores pequeños y medianos del país.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Ley.