Requerir al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que, a partir del 1 de enero de 2019, disponga las medidas necesarias para garantizar las condiciones actuales y fuente de trabajo de las empleadas y empleados del Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) que cumplen las funciones vinculadas al control del servicio público de distribución de energía eléctrica, los cuales pasarán por el proceso de traspaso a la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires.

Asimismo, siendo una de las funciones del ENRE regular las actividades del transporte y distribución asegurando tarifas justas y razonables, se solicita al PEN que arbitre los medios para que durante el proceso de traspaso se garanticen los derechos de los usuarios y consumidores, en cuanto al control de precios, calidad y las condiciones de seguridad del servicio de energía, prestado por las empresas privadas.

Señor presidente:

En la recién aprobada Ley de presupuesto 2019, se instruye al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar los actos que sean necesarios para que, a partir del 1° de enero de 2019, las distribuidoras eléctricas Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se afirma que una vez que se efectivice el traspaso el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) creado por el artículo 54 de la ley 24.065 mantendrá sus funciones y facultades en todo aquello que no esté vinculado al servicio público de distribución de energía eléctrica. De los 460 trabajadores y trabajadoras que conforman el organismo, 300 realizan justamente tareas concernientes al control y regulación de la distribución eléctrica, las mismas requieren de personal altamente capacitado, formado en una especificidad laboral compleja y profundamente especializada y que solo quienes vienen trabajando desde hace mucho tiempo en la temática pueden desempeñarse con pertinencia y eficacia. Por ello, entendemos que el Poder Ejecutivo nacional (PEN) debe garantizar las condiciones actuales y fuente de trabajo de los empleados del ENRE que actualmente cumplen esas funciones vinculadas al control del servicio público de distribución de energía eléctrica.

Asimismo, siendo una de las funciones del ENRE regular las actividades del transporte y distribución asegurando tarifas justas y razonables y en virtud que en la actualidad CABA y la Prov. de Buenos Aires no tienen implementados los mecanismos para llevar adelante la misma, el PEN debe garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, debiendo asegurar el control de precios y de las condiciones de seguridad, ambientales y de la calidad del servicio, de las empresas privadas a favor de los usuarios y consumidores. Es por esto que se solicita que dada la complejidad de tareas necesarias para garantizar estas funciones el Ejecutivo “arbitre los medios para que durante el proceso de traspaso se garanticen los derechos” de los usuarios. Realizar un traspaso sin un periodo de transición en donde la CABA y la Prov. de Buenos Aires adquieran los atributos necesarios para ejercer el control es sumamente riesgoso para un servicio público tan importante.

La decisión del gobierno nacional de “traspasar” a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires el control de las empresas distribuidoras de electricidad pareciera resultar beneficioso para las empresas, pero perjudicial para la calidad del servicio y los usuarios del mismo.

Así, una transferencia de empresas distribuidoras a las jurisdicciones locales sólo sería entendible bajo la intención (no declarada) de avanzar en dirección a una o más empresas exclusivas para la Ciudad de Buenos Aires, y otra (u otras) empresas para la Provincia. Esto llevaría de inmediato a un incremento de la tarifa eléctrica para la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios y la peor calidad de servicio, dado que el costo de distribución allí es mayor por razones técnicas.

En este contexto de incertidumbre, improvisación y complejidades técnicas y jurídicas, lo único que no queda claro es como se protege la fuente de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del sector y la de los usuarios del servicio.

En el caso del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), una importante cantidad de trabajadores se dedica a diario -pese a muchas dificultades- a tareas técnicas de regulación de las dos principales empresas distribuidoras del país. Estas tareas incluyen, entre otras, el control de las condiciones de seguridad, ambientales y de la calidad del servicio, así como la facturación que emiten las empresas, y la atención de los reclamos de los usuarios. Estos trabajadores ven con preocupación la continuidad de sus tareas actuales luego del anuncio presidencial de “traspaso”, dado el contexto de ajuste presupuestario y despidos que existe en el Gobierno Nacional. Por esas razones, ante la falta de respuestas concretas por parte del PEN, de las autoridades del ENRE y en los términos de los arts. 14 bis de protección del trabajo y el 42, ambos de nuestra Constitución Nacional, donde se establece expresamente para los servicios públicos nacionales “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios” en los organismos de control, es que solicito a mis pares diputados y diputadas me acompañen en este proyecto de resolución.