ARTÍCULO 1º.- Comisión Bicameral. Creación: Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, la “Comisión Bicameral para el seguimientos de casos de Represión y Violencia Institucional”, cuyo objeto es identificar e investigar casos o prácticas violentas y/o represivas, violatorias de los Derechos Humanos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional y las Leyes nacionales, cometidos o desarrollados en todo el territorio argentino por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como de funcionarios pertenecientes a servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.).

ARTÍCULO 2º.- Funciones. La “Comisión Bicameral para el seguimientos de casos de Represión y Violencia Institucional” tiene las siguientes funciones:

a. Conformar y gestionar un banco de datos sobre casos de Represión y Violencia Institucional cometidos en cualquier jurisdicción de todo el territorio nacional.

b. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, Poder Judicial y/o Ministerio Público Fiscal de la Nación, cualquier información que considere relevante sobre casos específicos de Represión y Violencia Institucional, como así también estudios, diagnósticos o datos estadísticos de interés relativo a la temática.

c. Convocar a representantes del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a los efectos de exponer sobre distintas situaciones de represión y/o violencia institucional o aspectos de gestión y desempeño institucional.

d. De acuerdo a la gravedad de las circunstancias y con el fin de ampliar la investigación, la Comisión puede citar a víctimas y/o testigos de hechos analizados, a los que se les asegurará la confidencialidad de lo que allí expusieran.

e. Desarrollar y/o proponer acciones institucionales, académicas y/o sociales orientadas a prevenir, evitar, conjurar, resolver, denunciar y/o reparar cualquier acto o práctica de represión y violencia institucional.

f. Visitar, sin aviso previo, cualquier lugar del territorio nacional, en donde se haya denunciado la comisión de algún acto de represión y/o violencia institucional.

g. Formular propuestas legislativas relativas a la represión y violencia institucional, así como a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

h. Intervenir en el tratamiento de todos los proyectos de ley relativos a la represión y violencia institucional.

i. Establecer acuerdos con instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos y sociales, a los efectos de la detección de casos de represión y violencia institucional, y para desarrollar acciones de formación y/o capacitación relativas a la temática.

j. Proponer al Poder Ejecutivo Nacional, políticas, estrategias, programas y/o medidas concretas de monitoreo con respecto al cumplimiento de la normativa vigente, con el objeto de prevenir actos o prácticas violentas por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como de funcionarios pertenecientes a servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.).

ARTÍCULO 3º.- Integración. La “Comisión Bicameral para el seguimientos de casos de Represión y Violencia Institucional” está integrada por ocho Senadores y ocho Diputados, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas.

Una vez conformada, la “Comisión Bicameral para el seguimientos de casos de Represión y Violencia Institucional”, debe dictar su propio reglamento y estructura interna de funcionamiento.

ARTÍCULO 4º.- Informe anual. La “Comisión Bicameral para el seguimientos de casos de Represión y Violencia Institucional”, debe producir un informe anual de carácter público conteniendo los casos identificados e investigados, la evaluación del estado de situación nacional en las materias de su competencia y las recomendaciones institucionales a los poderes públicos respectivos.

ARTÍCULO 5º: De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Esta iniciativa se funda en la preocupante situación que estamos atravesando los y las ciudadanas argentinas, respecto de la escalada de actos de violencia que el Poder Ejecutivo Nacional está llevando adelante desde la asunción del presidente Mauricio Macri.

Violencia que se expresa por supuesto en las medidas políticas y económicas que el gobierno nacional viene implementando a machamartillo, a costa de la reducción de los derechos y garantías adquiridos por la sociedad argentina en su desarrollo histórico. Pero que de forma alarmante también, se expresa en el creciente aumento de hechos de represión y violencia institucional. Situación que los diputados y diputadas nacionales aquí firmantes no interpretamos de otra manera, más que como el correlato necesario del plan de gobierno indicado por los sectores concentrados del capital financiero internacional. El cual resulta contrario a las necesidades y posibilidades de crecimiento económico y social de la Argentina, y se anuncia con un modelo de ruptura y descomposición de las estructuras productivas para el desarrollo nacional.

Los abusos materializados en la persecución constante sobre sectores estigmatizados de la población, las detenciones arbitrarias, la práctica de tortura para castigar o disciplinar a personas privadas de libertad, la proscripción de distintos comunicadores sociales, el ocultamiento de la información, la connivencia del estado con grupos de agitadores infiltrados en movilizaciones de enorme participación ciudadana con el fin de desvirtuar el sentido de la expresión popular, el asesinato y la desaparición de personas; todo eso y más, han aparecido a todas luces, como prácticas sistemáticas de represión y violencia institucional en estos dos años de gobierno.

Pero lo más alarmante Señor Presidente, es que dichas acciones y prácticas violatorias de los Derechos Humanos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, no solamente no son sancionadas desde la institucionalidad de gobierno, sino que son impulsadas y consentidas en declaraciones públicas por los y las funcionarias de la nación, echando por tierra el estado de derecho constitucional que nos regula, bajo el cual como usted sabe, dimensionamos nuestra labor política en este Congreso Nacional.

En este sentido, son conocidas las declaraciones públicas de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien en una entrevista televisiva aludió a las diferentes versiones sobre el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, y aseguró que debe creérsele a los agentes de Prefectura: "El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad", dijo puntualmente. No puede haber consideraciones más explícitas que estas Señor Presidente, respecto de que no se propone el gobierno nacional alentar los procedimientos constitucionales que sostienen el estado de derecho. Y deja claro que continuará avalando el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. Entre tanto, el caso en cuestión tuvo avances significativos con la inspección ocular del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, en la que se encontraron muchas vainas de armas 9mm, como las que usa el grupo especial de tareas de la Prefectura Naval Argentina.

Basta con mencionar en este sentido la resolución que emitió la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bulrich, el 17 de febrero de 2016 en la ciudad de Bariloche, mediante la cual implementa el llamado “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, cuyo texto (que no tuvo tratamiento en este Congreso Nacional), estableció que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito en su

pretensión de expresarse públicamente, y retirarse bajo pena de recibir el mismo tratamiento que reciben las personas que son detenidas por las fuerzas de seguridad por el cargo de “flagrancia”. Esta gestualidad política, en la que se equipara una demanda pública, social, laboral o de otra índole, con el accionar delictivo de un particular al que las fuerzas de seguridad puede detener sin orden judicial, constituye en sí misma una señal concreta y directa de la posición asumida por el gobierno nacional respecto de las demandas sociales y la expresión popular. La cual no es otra diferente que el disciplinamiento mediante el uso de la violencia.

Los ejemplos son fecundos. El mismo presidente de la Nación expresó en una reunión de gabinete que "Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse". Según lo publica el multimedios Clarín en una nota del 28 de noviembre pasado.

Así pues, esta conducta represiva del gobierno, ha devenido sistemática en estos dos años, en los que claramente las fuerzas de seguridad han asumido ciertas medidas de estado como una señal de impulso hacia la acción represiva.

Un estudio sobre la represión en los conflictos sociales elaborado desde el Centro de Economía Política Argentina, refleja en números el impulso de violencia ejercida por las fuerzas armadas y de seguridad de todas las reparticiones jurisdiccionales, en el primer semestre de 2017. El muestreo realizado da cuenta de 39 hechos de represión, ocurridos frente a la demanda de los sectores sociales más vulnerados por las políticas económicas de gobierno.

Esta condición de la violencia, es testimonio del mecanismo ejercido por las fuerzas armadas y de seguridad, para replegar el conflicto, sofocar los reclamos y enviar un claro mensaje disciplinario para futuras protestas.

El informe del Centro de Economía Política Argentina, detalla a su vez que la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social, sino que “se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria, entre otros”.

Otro dato inquietante surge de La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, la cual contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en 36 días. Para estos casos, la red considera que se trata de “una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo”. Es importante considerar, respecto de esta modalidad en particular, que si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos.

Señor Presidente, esta iniciativa que aquí presentamos tampoco surge espontáneamente. No se trata de algo que los y las legisladoras no hayamos advertido antes. Numerosos proyectos de resolución, declaración, proyectos incluso de ley como el que aquí presentamos dan cuenta que la escalada de violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad en las distintas jurisdicciones en todo el territorio nacional, se ha incrementado de manera alarmante desde la asunción de Mauricio Macri como presidente. En este sentido, hemos venido registrando algunos casos desde 2016.

Mencionamos algunos ejemplos que dan cuenta y fundamento de ello. El 4 de enero de 2016, un miembro de la Policía Federal mató por la espalda a un menor de edad en Lomas de Zamor; el 8 de enero de 2016, la policía bonaerense reprimió con balas de goma a trabajadores municipales en la ciudad de La Plata, que reclamaban por despidos masivos frente al palacio municipal; el 26 de enero fue detenido el secretario general de la delegación provincial de ATE - Gral. Roca, Provincia de Río Negro, en una manifestación contra despidos en Litoral Cleaning SRL; el 29 de enero, en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, CABA, la gendarmería reprimió con balas de goma a los chicos y chicas de la murga “Los auténticos Reyes del ritmo”, mientras ensayaban para el carnaval; el 7 de febrero la policía bonaerense reprimió con balas de goma la salida del recital de los Rolling Stones en el estadio único de la ciudad de La Plata. En marzo de 2016,

durante el discurso de Macri en la inauguración de la asamblea legislativa, ocho trabajadores bancarios resultaron heridos con gas pimienta y balas de goma por la acción de la policía federal, que reprimio el ingreso de los trabajadores al perímetro de la ceremonia oficial; el 20 de junio en Rosario la gendarmería reprimió a los manifestantes por el tarifazo en el Monumento a la Bandera; el mismo mes, en San Isidro, la policía provincial reprimió y desalojó a los trabajadores de la empresa recuperada RB, al menos 15 trabajadores fueron detenidos y otros tres resultaron lesionados; el 16 de agosto en el Puente Pueyrredón la policía federal reprimió a jubilados que cortaron el puente en reclamo de un aumento de haberes, dejando heridos; el 19 de agosto en el Municipio de Loncopue, provincia de Neuquén, un grupo especial de la policía reprimió y desalojó de una ruta a los trabajadores municipales; el 24 de agosto en Ingenio el Tabacal en Salta, los empleados azucareros que estaban apostados en la ruta 50, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la policía, dejando un saldo de dos heridos de bala de plomo; el 16 de septiembre la policía provincial de Neuquén reprimió a los trabajadores de ATE que intentaban ingresar a la Audiencia Pública para el tratamiento de la tarifa de gas que se desarrollaba en el Concejo Deliberante de esa ciudad; el 23 de septiembre la infantería y la policía desalojaron a siete trabajadores que mantenían una toma pacífica de la planta de Calipso Cueros, ubicada en Valentín Alsina, en reclamo del pago de haberes atrasados; el 24 de septiembre, Ezequiel Villanueva Moya, un menor de 15 años, e Iván Navarro de 18, se encontraban en la villa 21 de Barracas donde fueron víctimas de torturas y amenazas de muerte por parte de oficiales de la prefectura; el 25 de octubre en el marco de la protesta de choferes por despidos en las líneas 520 de la Plata, el juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó que la policía liberara por la fuerza la terminal ocupada por los choferes dejando un saldo de más de veinte detenidos y varios heridos; el 21 de diciembre hubo golpes contra legisladores de esta honorable cámara Señor Presidente, así como contra organizaciones de DDHH que debían participar del juicio a Milagro Sala en Jujuy, además de un detenido. Ya en Enero de 2017, dos miembros de una comunidad Mapuche fueron hospitalizados producto de la represión llevada adelante por la Gendarmería, infantería y la policía de la provincia en su comunidad; también en enero un grupo de ochenta personas cortó el camino que conecta a Tartagal con Aguaray, en Salta, la infantería enfrentó con gases lacrimógenos a los manifestantes; en el mismo mes en La Plata, un joven de 22 años fue herido en el marco de una protesta por la falta de luz que los vecinos realizaban en queja tras un temporal; en marzo, durante la apertura de sesiones de este Congreso Nacional Señor Presidente, un grupo de docentes fue reprimido por la policía; también en marzo una multitud marchó a la Plaza de Mayo en el Día Internacional de la Mujer, luego de la marcha la policía de la ciudad y la policía federal reprimieron con gases lacrimógenos a un grupo de mujeres manifestantes, con dos heridas como saldo; el 30 de Marzo la Policía Local de la Municipalidad de Lanús irrumpió de manera ilegal en el comedor “Cartoneritos”, reprimiendo con balas de goma y gas pimienta y secuestrando dos personas menores de edad; el Jueves 13 de abril la policía de la Provincia de Jujuy ingresó ilegalmente a una sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy (UNJu) sin orden de allanamiento, y arrestó a dos estudiantes universitarios; el 06 de junio, efectivos de la prefectura naval argentina ingresaron al Complejo Universitario General Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin una orden judicial ni pedido expreso de las autoridades institucionales; el jueves 13 de julio cientos de efectivos de la Gendarmería Nacional y de Infantería de la policía de la Provincia de Buenos Aires, llevaron a cabo un violento operativo represivo sobre los trabajadores y trabajadoras de la Fábrica PepsiCo; el 28 de Junio el cuerpo de infantería de la Ciudad de Buenos Aires reprimió ferozmente a un grupo de manifestantes que se encontraban en la Avenida 9 de Julio, en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para solicitar una entrevista con la Ministra Carolina Stanley, el primero de agosto, el joven Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de una brutal represión llevada adelante por la Gendarmería Nacional, su cuerpo sin vida fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut; el 25 de noviembre pasado un joven de 22 años llamado Rafael Nahuel, fue asesinado en el marco de una persecución por parte de la unidad Albatros de la Prefectura Naval Argentina, entre otros casos. La lista es interminable Señor Presidente.

Es por esta razón, y ante la multiplicidad de casos de variadisima naturaleza y escala, que resulta imprescindible sistematizar la información que arrojan los hechos, y documentarlos. Como poder legislativo, tenemos la obligación de considerar las circunstancias que atentan contra el sentido democrático y el estado de derecho en argentina, para obrar de manera tal que la amenaza al sistema democrático no se convierta en una norma.

En razón de todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras que acompañen con su voto el presente proyecto de ley.