Artículo 1°.- Derógase la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, publicada el día 5 de Octubre de 2018.

Artículo 2°.- De forma.

Señor presidente:

El día 5 de octubre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 20/2018 firmada por el Secretario de Gobierno de Energía, Ingeniero Javier Alfredo IGUACEL. La resolución dispone en su artículo 1°, “… en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en VEINTICUATRO (24) cuotas a partir del 1º de enero de 2019. …”.

Esas diferencias entre el “precio del gas previsto en los contratos” y el “reconocido en las tarifas finales” (pagado) entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, según se explica en la resolución ocurre porque “…a raíz de la marcada variación del tipo de cambio se han acumulado diferencias diarias significativas por la compra de gas en el marco de los contratos suscriptos entre los productores y las Licenciatarias de Distribución.”.

Es decir, se trata de trasladar a usuarios y usuarias del servicio público el impacto de la devaluación respecto del precio del gas pagado por distribuidoras a productores. Esta decisión de hacer intervenir al Estado en favor de las empresas por sobre los usuarios/as, no sólo pretende hacer cargo de los efectos de este modelo económico a los más débiles en la relación de consumo, en este caso de un servicio público, sino que se dicta sin una sóla mención ni consideración de los derechos de dichos usuarios y usuarias.

Este tipo de decisiones en materia de servicios públicos y tarifas no son nuevas. Este proyecto, en ese sentido, representa una continuidad de nuestra posición en el tema, contenida en la iniciativa presentada en marzo de este año (expte. 310-D-2018) y que resultara antecedente de la ley 27.443, vetada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 499/2018.

Esta resolución 20/2018 es consecuencia de la propia política tarifaria del gobierno, que ha dolarizado las tarifas y quitado subsidios sin ninguna ponderación del daño y la afectación de derechos de la población en su conjunto y de los sectores y actores de la economía más postergados por este modelo.

Como explicamos en el anterior proyecto y reiteramos ahora, las tarifas de servicios públicos, en este caso del gas, no pueden pretender afectarse sin tener en consideración los derechos de usuarias/os. Si se toman decisiones que impactan en las tarifas deben respetarse los procedimientos previos previstos para ello. Debe escucharse a usuarios y usuarios.

Rechazamos esta medida porque es exponente y consecuencia de una política tarifaria que no es sustentable social ni económicamente. Se corrobora lo dicho en el proyecto anterior: “La programación y sucesiva fijación de aumentos en los precios de gas y energía eléctrica por parte del Ministerio de Energía y Minería y aprobación de subas en los cuadros tarifarios (con intervención del ENRE y ENARGAS), están guiados expresamente por la búsqueda de quita de subsidios, el tipo de cambio y otras variables referidas a los precios de cada mercado energético, pero sin consideración de lo que es primordial, la capacidad de pago y el impacto de las tarifas en los ingresos de trabajadores y trabajadoras, la sustentabilidad y costos para PyMes, industrias, clubes de barrio, asociaciones de bien público. En efecto, diversos sectores y actores sociales se vieron obligados a demandar en el Congreso leyes o excepciones que atendieran situaciones particulares (personas electrodependientes, bomberxs, cooperativas, clubes de barrio, por enumerar algunas).”.

Esta vez a través de la Resolución 20/2018, y a menos de una semana de que se haga efectivo el aumento de hasta el 35% en la tarifa de gas, se pretende trasladar también a los usuarios la decisión de mantener dolarizadas las tarifas, en el marco de una corrida cambiaria en buena medida auto inducida por las autoridades nacionales, y que duplicara dentro de ese período contractual el valor del dólar.

El Congreso de la Nación debe legislar en favor de la sostenibilidad social y productiva de los servicios públicos, de los derechos de usuarixs, que demandan el acceso a los servicios públicos como un derecho, no un privilegio.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.