ARTÍCULO 1°.- Deróganse los incisos e) e i) del artículo 4° de la Ley 27.432

ARTÍCULO 2°.- Modifícase el último párrafo del artículo 4° de la Ley 27.432 que quedará redactado de la siguiente manera:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, toda asignación específica vigente de impuestos nacionales coparticipables mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, excepto los denominados impuestos a las entradas de espectáculos cinematográficos, y sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741; y los impuestos o gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual previstos en la ley 26.522”.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley aborda una tensión normativa que debe ser resuelta para sostener las genuinas e históricas fuentes de financiamiento de las actividades de las industrias audiovisuales y cinematográficas argentinas, que durante varias generaciones se han destacado por su capacidad de generar relatos de ficción y no ficción con calidad y reconocimiento internacional.

El espíritu del legislador, vigente y nunca modificado en los textos sancionados y actualizados de las Leyes de Fomento de la Actividad Cinematográfica N° 17.741, y de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 (LSCA), ambos cuerpos normativos que entroncan con una política de estado en materia de promoción del cine, la televisión, el audiovisual y la radio en Argentina-, ha sido disponer de fuentes de financiamiento genuinas originadas en la propia actividad alcanzada por disposiciones tributarias, para reinvertir recursos en pos de fortalecer los productos identitarios de las industrias culturales de las y los argentinos. Más aún, del destino previsto de los fondos con asignación específica, se desprende el mantenimiento de otras actividades primordiales para la política cultural nacional como financiamientos de los Institutos Nacionales de la Música, del Teatro, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos y el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Sucesivos funcionarios de los distintos gobiernos con responsabilidad de ejecutar las políticas señaladas por Ley quienes en múltiples declaraciones públicas han sostenido la importancia vital de mantener activa la ejecución operativa y presupuestaria de los mencionados fondos (LSCA arts. 94 y ss. y Ley 17.741 art. 21 y ss.).

Contrario a tal sentido, el gobierno de Mauricio Macri quiso ocultar sus intenciones, aún tras la asunción como Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y cuando tomó estado público una propuesta de Fundación FIEL –cuyos integrantes fueron contratados por Dujovne para “ayudar a que cierren los números”- (basada en el documento Nº 123 - "El sistema tributario argentino. Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo"). Un artículo del diario La Nación, publicado el 4 de febrero de 2017, relativo a la elaboración de un proyecto de reforma tributaria integral (ver http://www.lanacion.com.ar/1981745-el-gobierno-evalua-proyectos-para-bajar-algunos-impuestos) enunciaba: "eliminar impuestos de bajo potencial recaudatorio, o que tienen asignación específica de su recaudación". Y el listado elaborado por FIEL para su reapropiación en las arcas generales de Hacienda ya incluía a ambos impuestos o gravámenes aludidos en este proyecto. Entre febrero y abril de 2017, las organizaciones de realizadores, productores, distribuidores y trabajadores en general del cine y el audiovisual se movilizaron en la calle y constituyeron deiveros Foros y Asambleas: lograron una desmentida oficial de los entonces Ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Cultura, Pablo Avelluto. Idéntica desmentida del descalce de la asignación específica de los fondos fue realizada en una reunión de la Comisión de Educación y Cultura el 30 de mayo de 2017, por el ministro Avelluto (“No existe ninguna decisión que tienda a afectar el Fondo de Fomento de la Industria. No es nuestra intención que el cine tenga ninguna afectación en sus fondos”, reiteró en varias oportunidades) y Alejandro Cacetta –entonces Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales-, quien renunció al poco tiempo.

Gran parte del sector vinculado a la producción audiovisual incrementó el cariz de sus reclamos. A la exigencia de cumplimiento de cuotas de pantallas existentes por Ley 17741 para el cine y por Ley 26522 art. 65 a 67 para la televisión, se agregaron demandas de mantenimiento del sistema de financiamiento desde las pantallas tradicionales, y la incorporación en cualquier iniciativa legislativa de una extensión del sistema de cuota de pantalla para difusión de audiovisual nacional o un piso mínimo de existencia en catálogo para sistemas a demanda, en sintonía con las propuestas en discusión en el Parlamento Europeo y/o vigentes en algunos de sus países miembros. Desde mediados de 2017, los diversos actores del sector audiovisual denuncian lo que el Gobierno dispone en general: ajustar el gasto público aún teniendo los recursos asignados. Mientras tanto, los funcionarios vinculados al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales y al Sistema Federal de Medios Públicos lo minimizan o callan, sosteniendo así para sus áreas el relato de la búsqueda de la “modernización y la desburocratización”.

La sucesión de hechos desafortunados consiste básicamente en la persistente subejecución de recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico derivado de la Ley 17741 por parte del INCAA, y la persistente subejecución del Fondo Concursable de Medios Comunitarios (FOMECA) por parte del ENACOM. Ambas situaciones han ameritado reclamos, tanto por la demora en los trámites de convocatoria, y la sustanciación de los resultados de las operatorias, como por la acumulación de remanentes que al no ser ejecutados consisten en un ajuste de hecho operado sobre actividades muy sensibles a la hora de enhebrar formas de financiamiento público-privadas que permitan llevar adelante los proyectos de largometrajes de ficción y documentales, series, programas de radio y TV entre otras producciones.

Respecto del FOMECA, entidades nucleadas en el Espacio InterRedes como las federaciones FARCO, CONTA, RNMA, AMARC Y Red Colmena, más ARUNA, ARBIA Y la Red de Radios Rurales calculan una subejecución de arrastre que asciende a los $160 millones para proyectos presentados en concursos correspondientes a 2017, a lo que deben sumarse $300 millones que corresponden a 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, y deudas por decenas de millones correspondientes a diferencias entre los presupuestos y las erogaciones de 2015 y 2016 (Comunicado “En qué se la gastan?. En ENACOM adeuda cientos de millones a los medios comunitarios”, 14 setiembre 2018).

En diciembre de 2017, con un nuevo “consenso fiscal” que tenía como marco la firma del Pacto Fiscal y la aprobación del Presupuesto General para 2018, el Poder Ejecutivo coló un articulado en un proyecto que tuvo tratamiento express en ambas Cámaras el mismo día 21 de diciembre de 2017. Entre los incisos del artículo 4° se manifestó la voluntad ajustadora para arremeter con lo que venía siendo una bandera de la política de Estado de los argentinos: la asignación específica sin fecha de vencimiento de fondos para sostener producciones audiovisuales de calidad. No fue tema de debate ni tampoco fue registrado por la crónica periodística.

Otros eran los temas de la macroeconomía que sacudían al país, y así se modificó el status normativo a mediano plazo desde una visión extremadamente fiscalista, sobre cuentas que tienen una incidencia relativa muy menor sobre las ecuaciones de la política económica nacional pero que son extremadamente sensibles para un sector como el audiovisual, que es objeto de promoción desde los Estados Unidos hasta Turquía, desde Francia hasta Chile.

Por estas razones, y más allá de cuestiones de técnica legislativa propias de tradiciones de política tributaria que arracimaron en diez incisos sobre un artículo complementario de consensos fiscales tratados en el Congreso de la Nación a fines de 2017, y dado que nunca habían existido plazos de vigencia de los sistemas públicos de fondeo con recursos de asignación específica, es que entendemos un error subsanable de corrección, la nominación de los denominados Impuestos a las entradas de espectáculos cinematográficos, y sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741; y los impuestos o gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual previstos en la ley 26.522, como materia de vigencia restringida por una norma interpretativa como la sancionada Ley 27.432 en su artículo 4°.

El repudio por el impacto a mediano plazo que la medida sancionada dentro del paquete de la Ley 27432 puede causar en la comunidad del cine y el audiovisual ha sido tangible, y por eso proponemos su reversión.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de las señores y señores diputados en la aprobación del presente proyecto.