Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación respondiendo por escrito a las siguientes preguntas, relativas a la posible inclusión, en el presupuesto general de la Administración, de los recursos y gastos previstos en el marco de los convenios de cooperación técnica y financiera bajo las Leyes Nros. 17.050, 23.283, 23.412 y 25.363:

a) ¿Qué mecanismo se establecerá para asegurar la continuidad laboral y con los mismos niveles de ingresos del personal contratado a través de los entes cooperadores?

b) ¿Qué mecanismo se establecerá para asegurar el mantenimiento del nivel de ingresos de los empleados públicos que perciben incentivos económicos por parte de los entes cooperadores? ¿En qué consistirán los procedimientos para su restablecimiento? ¿Qué implica el restablecimiento parcial de los esquemas de incentivo: no serán, los nuevos premios o incentivos, equiparables en su significación económica y en su extensión con los actualmente vigentes?

c) La cantidad de personal que será afectado por las medidas propiciadas, detallando, por un lado, el número de administrativos y profesionales contratados; y, por el otro, la cantidad de empleados públicos que gozan actualmente del régimen de incentivos.

d) ¿Qué recaudo será instrumentado para evitar que los fondos que actualmente son recaudados con destino exclusivo al régimen de convenios con entes cooperadores no sean absorbidos por las rentas generales del Tesoro Nacional en perjuicio de la finalidad específica con la que se instituyeron?

e) ¿Qué recaudos se instrumentarán para garantizar la calidad y mejora continua de los servicios administrativos involucrados, especialmente aquellos que son prestados directamente por los organismos públicos destinatarios de los convenios de cooperación?

Señor presidente:

Recientemente, los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación han protagonizado una jornada de protestas y reclamos ante la inminente sanción, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de un decreto de necesidad y urgencia que tendría por objeto derogar el sistema de cooperación técnica y financiera entre determinados organismos de la Administración Pública Nacional —entre ellos, además de ministerio mencionado, el de Seguridad, y el Registro de Precursores Químicos— y sus respectivos entes cooperadores.

De adoptarse tal medida, por un lado, serían rescindidos aproximadamente 10.000 contratos de trabajo que los entes cooperadores mantienen con personal profesional y administrativo que se desempeña en las reparticiones públicas cumpliendo funciones propias de la Administración Pública; y, por el otro lado, caducaría el sistema de incentivos económicos que se otorgan al personal de planta permanente de los organismos asistidos por los entes cooperadores, lo que implicaría que sus ingresos se verían fuertemente disminuidos.

Ello sucedería a partir del próximo ejercicio presupuestario, manteniéndose aquellos contratos e incentivos hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio.

En un portal de noticias, puede leerse que El Gobierno tiene listo un decreto para publicar en unos días que pone en peligro 10 mil puestos de trabajo. Es el borrador que está manejando el ministro Andrés Ibarra que podría eliminar 10 mil lugares en el Estado. Por decreto, Cambiemos eliminará los entes cooperadores. ¿Qué son? Son los entes descentralizados que tienen convenios con el Estado y contratan personal tercerizado. De ellos dependen los sueldos de 10 mil trabajadores, que son conocidos en el sector público como "contratados". "Es sorpresivo. No se llevó a cabo ni una negociación ni un marco de diálogo para hacer una salida coordinada de esto", afirmó en off una importante fuente desde los sindicatos estatales, notablemente ofuscada por la determinación unilateral del Gobierno. Este decreto es impulsado por Modernización y también por el Ministerio de Hacienda, en medio de una profunda crisis económica en el país y del ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional. En el artículo 2º del decreto se confirma que el Ministerio de Ibarra solicitará "la rescisión de todos los contratos del personal celebrados por entes cooperadores". El final de esta tarea que pone en peligro miles de puestos en el Estado concluirá antes del 1º de enero de 2019. Además, en su artículo 5º pide sumar un ítem al decreto 632 de julio de este año: esto es prohibir la contratación de personal a través de entes cooperadores. Aún se desconoce el impacto que pueda tener para esos 10 mil contratados: si van a ser reubicados en planta o si van a ser despedidos. ¿Los echan a todos? ¿Los meten a planta a todos? ¿El decreto 632 lo permite? ¿Entran por otro lado con sueldos más bajos? Es el debate hoy por hoy puertas adentro. "Es un riesgo enorme, porque ya sabemos lo desprolijos que son cuando toman resoluciones de este tipo en el Gobierno. Y los platos rotos siempre los terminamos pagando nosotros, los trabajadores", manifestaron desde el gremio de ATE Capital. Desde el Ministerio de Modernización no quisieron dar respuestas oficiales a esta información cuando El Destape se contactó con voceros (https://www.eldestapeweb.com/documentos-exclusivos-el-decreto-que-prepara-macri-medio-la-crisis-que-pone-peligro-10-mil-puestos-trabajo-el-estado-n48510).

Cabe recordar que el sistema de entes cooperadores tiene sustento legal, habiendo sido instrumentado desde hace varios años por las Leyes Nros. 17.050, 23.283, 23.412 y 25.363; y que mediante este mecanismo, se recaudan fondos con motivo del ejercicio de funciones administrativas a favor de usuarios de los servicios, fondos que luego se utilizan, en el marco de una relación de cooperación técnica y financiera con el ente cooperador, para mejorar y financiar los recursos, los métodos y la calidad del servicio de que se trate, normalmente de carácter registral (Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Registro Nacional de Precursores Químicos), aunque en el caso del Ministerio de Seguridad los fondos de cooperación tienen por objeto contribuir a la una adecuada prestación del servicio de seguridad pública respecto del lote automotor y sus usuarios. Así, los entes suministran a las reparticiones beneficiarias medios materiales, les contratan recursos humanos y financian un régimen de incentivos económicos al personal para estimular un desempeño más eficiente y productivo.

De acuerdo con un presunto proyecto de decreto de necesidad y urgencia que ha sido circularizado, el sistema, así concebido, se eliminaría para que los fondos en juego se incorporen orgánicamente al presupuesto nacional. Aunque se priorizaría su uso por parte de los organismos cuya actividad prestacional genera los recursos —que son abonados por los usuarios de los servicios—, la norma en preparación dispondría, además del cese de contratos y de incentivos a que antes se hiciera referencia, la remisión a las rentas generales del Tesoro Nacional de aquella porción de los fondos que los organismos involucrados decidieran cederle, además de la derivación al Tesoro de los saldos remanentes al final de cada ejercicio presupuestario. Con tal destino de los fondos, se perdería la finalidad que fue tenida en cuenta al momento de establecerlos: el fortalecimiento y mejora de la calidad de los servicios con un fondo de financiamiento específico, no susceptible de ser absorbido por otras necesidades fiscales.

Para recapitular, la medida en preparación, de concretarse, entrañaría una situación de crisis laboral y social, porque son varios de miles los trabajadores que resultarían cesanteados, o con sus ingresos disminuidos, en un contexto inflacionario de pérdida pasmosa del poder adquisitivo de los salarios. También podría provocar un decaimiento generalizado de los servicios registrales y administrativos involucrados.

Con relación a los contratos de trabajo —y, también, de locación de servicios— que serían rescindidos, el decreto determinaría que el Ministerio de Modernización podrá formular un procedimiento para la eventual recontratación del personal con recursos presupuestarios; asimismo, dicho ministerio, con relación a los incentivos que serán suprimidos, podrá formular un procedimiento especial para restablecerlos, también con cargo al presupuesto público, en forma total o parcial. Dado el propósito inocultable del Gobierno Nacional para reducir el gasto público y aumentar las fuentes de recaudación, cabe preguntarse si la medida en preparación no conducirá a la cesantía definitiva de la mayor parte del personal afectado, y a la disminución irreversible de los ingresos por la eliminación del incentivo económico que muchos trabajadores públicos perciben actualmente. Ello, porque las herramientas otorgadas al Ministerio de Modernización para el diseño de mecanismos “compensatorios” son, como se ha visto, de naturaleza absolutamente discrecional, de modo que los trabajadores dependerán de la buena voluntad del Gobierno para mantener sus contratos o sus ingresos.

Es por todo ello, Señor Presidente, que consideramos necesario la aprobación de una resolución de la H. Cámara, dirigida al Poder Ejecutivo, para que éste informe sobre aquellas cuestiones; y por ello solicitamos también, a los demás Diputados, que nos acompañen en esta iniciativa.