Citar al Secretario de Comercio de la Nación, Sr. Miguel Braun, de conformidad con lo establecido por el Artículo 71° de la Constitución Nacional y el Artículo 204° del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a que concurra a esta Honorable Cámara a los efectos de brindar explicaciones sobre los siguientes puntos:

1. Informe qué medidas se han tomado a raíz de los movimientos de las empresas Cablevisión S.A. y Telecom Argentina S.A., de facturación unificada y gestión compartida de redes y recursos, previa a la Resolución 374/2018 firmada por la Secretaría de Comercio el 29 de junio de 2018, atento a la fusión de facto de público conocimiento y sólo autorizada mediante Resolución ENACOM 5644/2017 el 21de diciembre de 2017.

2. Informe qué parámetros de poder significativo de mercado han utilizado para esta fusión, dado que Telecom y Cablevisión superan juntas los estándares nacionales e internacionales de concentración, según los propios registros oficiales para todos los servicios en diversas provincias del país, y especialmente en la conexión a Internet de banda ancha a nivel nacional.

3. Informe qué criterios de defensa de las fuentes de trabajo y de cálculos de inversión se utilizaron en el dictamen avalado por la Secretaría a su cargo, habida cuenta de los resultados del Balance del 1er trimestre del Ejercicio Económico 2018 de la empresa fusionada, que redujo la dotación de su planta de personal de 27.155 empleados a 26.768 (en sólo tres meses, Telecom informó oficialmente haberse desprendido de casi 400 empleados) mientras que anunció ventas, ganancias e Ingresos Promedio por Cliente –ARPU- muy elevados para los rubros Internet y TV por cable respecto de 2017, sin dudas incrementados por su poder significativo de mercado. Todo esto cuando aún no había sido aprobada la fusión de las empresas, ni autorizada la fusionada en sus compromisos, lo cual sucedió recién el 29 de junio pasado.

4. Informe si se ha evaluado o dado participación a la Oficina Anticorrupción la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por parte de Esteban Greco, titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Clarifique, en todo caso la información periodística sobre una causa iniciada judicialmente que señala que Greco ha sido integrante de GPR Economía, consultora especializada en Defensa de la Competencia y análisis de mercados que realizó trabajos para Cablevisión Grupo Clarín, y mantuvo su trabajo privado aún luego de asumir como presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el 17 de febrero de 2016.

Señor presidente:

En esta Argentina gobernada por el Presidente Mauricio Macri desde diciembre de 2015, no podemos decir que nos haya sorprendido la autorización a la fusión de Telecom y Cablevisión ahora emitida por la Secretaría de Comercio de la Nación, invocando un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero que hace más de un año fuera sospechada por analistas y actores económicos, políticos y del mundo laboral del audiovisual y las telecomunicaciones.

La mega fusión no sólo fue anunciada por las partes hace casi ya un año, sino que también fue avalada, promovida y bendecida por el gobierno, la autoridad de aplicación ENACOM y varios funcionarios y personajes amigos de ese poder fáctico.

El compromiso de campaña electoral, que en estos días se termina de plasmar con la constitución del conglomerado de infraestructuras y servicios de comunicación más concentrado de América Latina, comenzó a cumplirse durante el mismo mes de la asunción del actual gobierno, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15.

Ha sido pública nuestra oposición a tamaña necesidad y urgencia, que invocando cuestiones de modernización y apertura a la competencia, consolidó de una manera harto difícil de revertir, cuestiones que impactaron a corto y mediano plazo en la estructura del sistema de televisión abierta y de pago, telefonía e Internet principalmente. No hubo lluvia de inversiones ni crecieron los pequeños emprendedores, ni se federalizó nada: claramente profundizaron un modelo centralista, dependiente y con menos producción de programación, series y ficción. En nombre de la desregulación concentraron, en nombre de la competitividad redujeron planteles del sistema público de medios y permitieron que precaricen o echen a miles de trabajadores.

En el Parlamento no pudimos lograr el rechazo al Decreto 267/15. Numerosas organizaciones sociales sí lograron que los funcionarios comparezcan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016: allí el Gobierno se comprometió a “mitigar” los daños ocasionados por ese Decreto atento a los estándares y las buenas prácticas vulnerados por los criterios regresivos impuestos, tanto borrando límites de concentración, como eliminando el abono social e inhibiendo al Estado a regular o auditar precios de las comunicaciones, cercenando la independencia del ENACOM respecto del Ejecutivo de turno, o inventando un “mundo de servicios TIC” por fuera de las responsabilidades que le impone la legislación de una amplia cantidad de países a los distribuidores de contenidos audiovisuales a la televisión por suscripción y el video a demanda. El Gobierno sigue sin presentar ese proyecto integral de “Comunicaciones Convergentes” que había comprometido.

Han pasado más de dos años, y en el actual debate que acontece en el Senado sobre el proyecto oficial de la denominada “Ley Corta” las denuncias de la mayoría de los consultados en las audiencias informativas señalan estas “distorsiones de mercado” que no son fruto de impericias sino de una voluntad político-administrativa plasmada en el avance de la megafusionada (Clarín) Cablevisión – Telecom.

Lo han hecho por acción, a fuerza de Decretos y Resoluciones; por omisión de implementación de los articulados que quedaron en pie de las Leyes 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y 27078 Argentina Digital; y por tergiversación de la letra de la Ley en relecturas antojadizas.

No sorprendió entonces una autorización emitida por el ENACOM en diciembre de 2017 a la convergencia de facto entre Cablevisión S.A. y Telecom S.A.

La Coalición por una Comunicación Democrática de la Argentina alertaba entonces sobre el resultado y el contexto de la megafusión:

“La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste. Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social”.

Señalamos nuevamente hoy, la falta de legitimidad del DNU y de normas concatenadas como el Decreto 1340/16, así como el fracaso del “proyecto modernizador” que mantiene terribles desigualdades en el acceso a servicios y a cuadros tarifarios discrecionales.

Le preguntamos sin éxito en abril de este año al Jefe de Gabinete de Ministros, cómo podía ser que cualquier ciudadano de la Argentina que quiera contratar el servicio de la oligopólica Fibertel, (fusionada dentro de Cablevisión con Telecom), encuentre precios que oscilan entre $ 684 en Santa Rosa y Toay (La Pampa) (promo sobre precio de referencia de $1683); mientras que el mismo servicio brindado por la misma empresa en Villa María o Río Cuarto, Córdoba costaba $1666. Esta impresionante dispersión de precios, ofertada por el mismo licenciatario en diversas ciudades, es otro flagrante incumplimiento de la Ley 27078 Argentina Digital Art 48: “los precios deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. ¿La respuesta a esta discrecionalidad será la autorización definitiva emitida por la Secretaría de Comercio?

Nada dice la resolución de la CNDC sobre las ventajas competitivas que viene ejerciendo la fusionada Clarín-Cablevisión-Telecom, por ser los únicos prestadores del país con más del 30% de presencia en todos los segmentos de las comunicaciones audiovisuales abiertas y de pago, la telefonía fija y móvil y la conexión a Internet. Esto distingue desde hace un año a Telecom y al Grupo Clarín de cualquier otro competidor, y permite lo que el Gobierno avala: la distorsión de precios mayoristas y minoristas, la llave de brindar o excluir contenidos, la capacidad de determinar la suerte o desgracia de sus competidores, especialmente los más pequeños o focalizados regionalmente, los que no disponen de acceso a frecuencias del espectro radioeléctrico para bridar telefonía móvil, las PyMEs, las cooperativas, los medios públicos, nacionales, provinciales y universitarios, entre otros.

A través del presente proyecto de resolución queremos citar al Señor Secretario der Comercio, de conformidad con lo establecido por el Artículo 71° de la Constitución Nacional y el Artículo 204° del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a que concurra a esta Honorable Cámara a los efectos de brindar explicaciones e informar sobre diferentes aspectos relacionados con la reciente medida.

Ya desde el mes de febrero, la empresa fusionada emitía facturas unificadas. La compartición de infraestructuras, recursos humanos y las promociones de descuentos que permiten entrever subsidios cruzados, son señaladas por diversas fuentes.

Por otra parte, en lugar de desaprobar o restringir sobre criterios objetivos y firmas de la Administración la megafusión presentada, la Secretaría de Comercio de la Nación se limita a reconocer la situación de hecho. Y acepta vergonzantemente las propuestas que le hace la empresa ya fusionada, en un gesto de “desprendimiento” de algunos clientes de cinco provincias, de “vocación de cumplir con la ley” devolviendo porciones del espectro radioeléctrico que de hecho no debe explotar, de “compromisos de conducta” a medida de las necesidades empresariales.

El mismo anuncio de los resultados consolidados del primer trimestre del ejercicio económico 2018 (“1Q2018”) de Telecom Argentina S.A., remitido a la Comisión Nacional de Valores el 11 de mayo pasado preanuncia a los interesados inversores y a los desprevenidos consumidores cautivos el perfil de la nueva megaconcentración: con sólo leer la primera página los tips de ventas consolidadas, ganancias e ingresos por usuario, asumimos la dimensión del negocio des-controlado.

Y, como si esto fuera poco, a dos días de la autorización sobre la base del dictamen de la CNDC, se conoce que “Denuncian al funcionario que aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom” (Randy Stagnaro en Tiempo Argentino, 1° julio 2018). El Secretario de Comercio debería responder sobre la situación descripta: “en un nuevo caso de puerta giratoria, una denuncia penal pidió a la Justicia que indague sobre la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por parte de Esteban Greco, titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La demanda presentada por la abogada Liliana Zabala en la causa 12770/16 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7 a cargo de Sebastián Casanello, asegura que Greco "ha sido integrante de GPR Economía, consultora especializada en Defensa de la Competencia y análisis de mercados". El 1 de febrero, GPR Economía anunció en su página web que Greco "iba a dejar de ser parte de dicha consultora"”. Como decíamos en el primer párrafo, no nos sorprenden las decisiones del Gobierno. Pero tenemos la responsabilidad de alertar -una y otra vez- la estrecha y peligrosa relación entre reguladores y regulados, la vulneración de derechos de ciudadanos, usuarios, audiencias y consumidores ante intereses particulares y comerciales, la degradación de la circulación de información y contenidos culturales como mercas mercancías, en detrimento de su valor simbólico, político y social.

Por los motivos expuestos y ante la imperiosa necesidad de contar con respuestas de los funcionarios responsables, es que solicitamos a las señoras y señores diputados que nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de resolución.