Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del jefe de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Producción y Trabajo, informe el motivo por el cual, al día de la fecha, no fuera girado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el refuerzo presupuestario de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) asignados por ley 27.467 en su artículo 16.

 

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por finalidad la toma de conocimiento por parte de los diputados y las diputadas, como también de las autoridades, los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la situación de las asignaciones presupuestarias, votadas por ley de este Congreso, destinadas al organismo.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Creado en 1956, sus objetivos y esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo nacional. Como integrante del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Nacional, desarrolla capacidades para el sector agroindustrial y participa en redes que fomentan la cooperación interinstitucional; genera conocimientos y tecnologías que pone al servicio de distintos sectores de la sociedad, a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. Los aportes del INTA le permiten al país alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.

Desde el comienzo de la gestión de Macri, el INTA viene sufriendo recortes en sus partidas presupuestarias y el ajuste de su planta de personal. Para el presente año el Congreso Nacional aprobó para la institución una asignación de $ 7.786 millones (contemplando la paritaria 2019) más un refuerzo de $ 400 millones para gastos operativos. Esto significa una caída del presupuesto del organismo de casi $ 5.800 millones de pesos comparado al presupuesto 2015 (pesos constantes a precios de 2019), un 42% menos en términos porcentuales (fuente: http://www.jorgealiaga.com.ar/?p=1623). A esto hay que sumarle el hecho de que los $ 400 millones para gastos operativos asignados como refuerzo en el artículo 16 de la ley 27.467, no fueron girados al organismo.

A este ajuste presupuestario debe sumarse que desde 2015 a la fecha la planta de trabajadores y trabajadoras del INTA se redujo en 850 personas, producto de la no reposición de vacantes producidas por jubilaciones, retiros voluntarios y renuncias, dificultando la prosecución de trabajos de investigación y extensión y llevando a desmembrar equipos de trabajo que demandaron años de esfuerzo para su consolidación. A su vez se implementó un proyecto de modificación de la estructura organizativa del INTA (sobre el cual he presentado, junto a otros Diputados y Diputadas, un pedido de informes, que aún no ha sido respondido, para conocer los motivos y alcances de la misma), que implica la reducción de los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Patagonia, Cuyo y NEA a simples áreas de investigación de centros regionales, el cierre de las 12 Agencias de Extensión Rural insertas en Estaciones Experimentales, y la disolución de los institutos de Economía y de Prospectiva y Políticas Públicas Todo este contexto está llevando al INTA a un estado de parálisis. Situación que no es exclusiva, sino que se produce en forma conjunta con otros organismos como el CONICET, INTI, ARSAT, CONEA, CONAE, INVAP lo que afecta crecientemente la capacidad científica tecnológica del país, lo cual no es un gasto superfluo como parecen pensar algunos sino es una inversión absolutamente necesaria para su desarrollo productivo, económico, social afectando en forma directa la calidad de vida, la salud y el bienestar del conjunto de la población.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.