Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que disponga la inmediata concurrencia a esta Cámara del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Sr. Hernán Lombardi, y al presidente del Directorio de Télam Sociedad del Estado, Rodolfo Pousá con el objetivo de que brinden informes verbales sobre los siguientes puntos:

1 – Si en el ámbito de la agencia TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO se llevaron a cabo persecuciones sindicales en perjuicio de las autoridades del Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN).

2 – Si el actual Directorio de la agencia TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO tiene planificado una reestructuración que ponga en riesgo las fuentes laborales.

3 – Si en el ámbito de la agencia TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO se llevó a cabo la eliminación de instrumentos administrativos indispensables que garantizan el control y la transparencia en la contratación de la publicidad oficial.

Señor presidente:

Según denuncias presentadas por los representantes sindicales de los trabajadores de la Agencia estatal de Noticias y Publicitaria Télam, el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el presidente del Directorio de Télam Sociedad del Estado, Rodolfo Pousá, serían responsables de más de una actitud antisindical y persecutoria sobre la que deberían dar explicaciones ante esta Cámara.

En primer lugar, las autoridades de TÉLAM S.E. se han valido de acusaciones falaces, alegando denuncias penales inexistentes para perseguir a las autoridades del Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), en particular a su Secretario General, con la judicialización de sanciones violatorias de los derechos contemplados en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes, ataques mediáticos y otras actitudes intimidatorias con el fin de desarticular la vida sindical en la empresa, de acuerdo a innumerables denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Además, han pretendido impedir el desarrollo de asambleas del personal, ejerciendo una política intimidatoria para con los trabajadores cuya finalidad es el discip

linamiento de la actividad gremial, el silenciamiento de las voces y la no participación de los mismos en los distintos conflictos, para que en silencio y sin realizar reclamo alguno acepten las violaciones a los Estatutos Profesionales, Convenio Colectivo 301/75 y demás leyes vigentes.

A su vez, el Directorio de TELAM S.E. realizó una presentación al Ministerio de Trabajo con la finalidad de "lograr" la "ELIMINACIÓN O ANULACIÓN" de ciertos delegados de personal electos oportunamente por el voto de los trabajadores en representación del SITRAPREN y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).

Estas situaciones se encuadran dentro de la Práctica Desleal establecida en la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, como ser: Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de la organización sindical; Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical; Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales y Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales.

A esto se suma la denuncia penal presentada por el Gerente de Recursos Humanos contra el Secretario Gremial del SITRAPREN, la cual fue desestimada por la Justicia, pese a lo cual fue difundida en los medios por el señor Pousá.

Es evidente que el comportamiento antisindical es utilizado como represalia ante la actividad llevada adelante por los dirigentes y afiliados del Sindicato para evitar el vaciamiento de la agencia, salvaguardando así las fuentes de trabajo, junto a las denuncias ante el fuero Federal realizadas contra los funcionarios de la actual gestión por las graves irregularidades cometidas en el manejo del erario público.

En este sentido, es necesario recordar que Pousá en su anterior gestión al frente de TELAM en el año 2000 cuando fue designado por el Gobierno de la Alianza utilizó los mismos "métodos" contra los representantes de los trabajadores. En ese momento, entre otras medidas, inició sumarísimo de exclusión de tutela sindical contra los miembros de la Comisión Gremial Interna (CGI) para aplicarles una sanción disciplinaria por el "accionar ilícito" de realizar reiteradas medidas de acción directa (asambleas) sin la autorización de la empresa, cuando los trabajadores luchaban contra el cierre de la fuente de trabajo.

El 30 de enero de 2001, mediante el Decreto 94/01, cerraron, disolvieron y liquidaron TELAM SAIyP; más de 300 trabajadores quedaron en la calle.

Por otra parte, TELAM SE ha sufrido durante la actual gestión el cierre o desaparición de numerosos sectores y productos, con el evidente fin de limitar su capacidad y acusar un supuesto “sobredimensionamiento” al que se han referido los citados funcionarios en distintos medios de comunicación.

En ese rubro se pueden enumerar el cierre y desguace del área Publicidad, una de las funciones primordiales de la Agencia Télam S.E. de acuerdo a su estatuto, siendo además la única instancia de CONTRALOR de la Pauta Oficial del Estado Nacional; la disminución de la cantidad de cables diarios emitidos por el servicio noticioso; la reducción sustancial del número de abonados al servicio de la agencia; el cierre de las Corresponsalías del Interior del país durante los fines de semana y feriados por la falta de pago de francos compensatorios; el cierre de los portales en idioma Inglés y Portugués; el cierre del portal de Deportes; la eliminación de programas de radio por el sistema de streaming; el cierre del suplemento en papel Reporte Nacional; la reducción horaria de la sección Audiovisuales; el deterioro edilicio, las contrataciones irregulares de los servicios de Limpieza y Seguridad; el abandono de la Casa de la Defensa (patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires); la eliminación del servicio de cables en Inglés; la supresión del pago de feriados; la falta de una clara política de inserción en el ámbito regional, dado que se trata de la mayor agencia de noticias del continente y la segunda en el mundo en la generación de contenidos en Español.

A esto debe sumarse además, la tercerización innecesaria del servicio de Comedor, pese a que los empleados que desarrollan las tareas en el sector son solventados por la empresa, entre otras situaciones a todas luces desventajosas para la agencia y el erario público.

En tanto, con la llegada de la actual administración, se desplegó una clara política de vaciamiento de la empresa para una de las áreas que cumplen la otra función estatutaria de la empresa, el Área Publicitaria, primero de modo ambiguo u oculto, y en la actualidad haciéndolo de modo desembozado.

En ese breve itinerario, se puede observar la publicación de distintas medidas administrativas que producen el desguace de dicha función. Entre ellas, la Resolución 247/2016 del 24 de agosto del año 2016 que crea el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO), la promulgación del Decreto 978/16 y la Resolución 5743/2018 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya finalidad es la desregulación de la pauta oficial; situación que conduce a la reducción de TELAM SE.

Sobre este escenario, en el año 2016 entró en funcionamiento el sistema de GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA (GDE). Hasta ese momento, desde la emisión de órdenes de publicidad, hasta toda documentación vinculada al control de ventas, proveedores y pagos a proveedores se hacía a través del sistema de pautas; se tomaba conocimiento y se ejercían las funciones propias de contralor a través de la agencia TELAM.

En la actualidad, por la imposición –a través de actos administrativos formales, y conductas de presión ejercidas por funcionarios- desde el Ministerio de Modernización y por la Jefatura de Gabinete de Ministros, se ha redireccionado la operatoria de ingreso, realizándolo a través de la página web de la AFIP. A partir del 20 de marzo de 2017, todo lo emitido con posterioridad a esa fecha, no se tramita físicamente ante TELAM, sino que las facturas y certificados se suben al sistema de GDE.

La primera consecuencia, inmediatamente visible y nefasta, es que se pone en riesgo la fuente laboral de más de 200 trabajadores, por una decisión clara de vaciamiento de una función “sensible” para garantizar transparencia del manejo de fondos del estado.

La mecánica instrumentada, concentra en pocas manos el control de la pauta oficial y obscurece el mecanismo sacando del medio a una agencia especializada (con vasta experiencia sobre la materia a auditar) que constituye el contrapeso inicial a manejos arbitrarios sobre la publicidad del Estado.

El circuito administrativo correspondiente a la inscripción, planificación, contratación, control y pago de la pauta publicitaria correspondiente al Estado nacional prevé –antes del cambio de la práctica institucional denunciada- la participación de tres organismos (TELAM, la Jefatura de Gabinetes de Ministros y la Secretaría de Comunicación Pública). De este modo se logra mayor transparencia a la hora de analizar la emisión de la pauta y efectuar los pagos a los proveedores. La no obligatoriedad de incluir a TELAM en dicho circuito, deja como únicos organismos de control a la Jefatura de Gabinetes de Ministros y la Secretaría de Comunicación Pública, lo que quita toda transparencia y control. El mecanismo así diseñado, se torna vulnerable a la acción irregular y a los actos de corrupción.

Por lo expuesto, y frente a la transcendencia de los hechos denunciados solicitamos con énfasis la mayor celeridad para la aprobación del proyecto que acompañamos.