Repudiar y expresar su más profunda preocupación por el fallo judicial que condena a un año de prisión en suspenso a una mujer acusada por supuesta “resistencia a la autoridad” cuando fue detenida por besar a su esposa en la estación Constitución en octubre de 2017.

Dicha sentencia constituye un hecho de clara discriminación hacia una pareja de mujeres lesbianas y atenta contra la igualdad de géneros, la libertad de expresión, la convivencia y el uso igualitario de espacios públicos entre las personas de igual y diferente sexo. Asimismo, el fallo emitido por el Poder Judicial demuestra una evidente falta de perspectiva de género, en claro incumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos.

Señor presidente:

El 28 de junio de 2019, en el Día Internacional del Orgullo Gay, se dio a conocer el fallo que emitió la jueza Marta Yungano, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°26, que condena a un año de prisión en suspenso a una mujer que se la acusa por “resistencia a la autoridad” cuando fue detenida por besar a su esposa en la estación Constitución en octubre de 2017.

Este fallo debe ser repudiado por su fuerte contenido discriminatorio, constituyendo un claro acto de rechazo a la elección de la orientación sexual y/o identidad de género.

Es además absolutamente preocupante que el Poder Judicial por medio de sus sentencias, como es este caso y sin respetar los tratados internacionales de derechos humanos, dicte resoluciones sin perspectiva de género.

El día que sucedieron los hechos, Mariana (quien hoy fuera condenada) fue a acompañar a Rocío a tomar el colectivo a la estación Constitución, en el centro de Buenos Aires. Justo en ese momento empezó una tormenta de lluvia y piedras. Entonces, las jóvenes decidieron resguardarse en el ingreso de la terminal de subtes. No estaban solas: había decenas de personas haciendo lo mismo. Muchas estaban fumando también, como Mariana. “Pero de las que fumaban o se besaban, las únicas lesbianas éramos nosotras”, contó Mariana en su momento. La obligaron a colocar su cara contra la vereda, “en una actitud de violencia inusitada, pues Mariana nunca se resistió ni ejerció violencia para con los efectivos policiales”. Esto dice la presentación judicial, junto con tres videos que documentan el abuso policial. Mariana fue detenida y quedó en libertad después de las nueve de la noche.

El fallo no solo omite la perspectiva de género, sino que avala el acto de clara violencia discriminatoria efectuado en octubre de 2017 por parte de la Policía de la Ciudad contra dos mujeres besándose.

Así, el Poder Judicial aparece en la centralidad de los principales obstáculos y barreras que existen hoy para avanzar en serio hacia la erradicación de la violencia de género, gran parte de sus operadores y operadoras carecen en términos generales, cultural y procedimentalmente hablando, de perspectiva de género alguna.

La República Argentina ha dado pasos fundamentales en las políticas de inclusión de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros e Intersex (LGBTTTI) con la promulgación de la Ley N° 26.618 de Matrimonio Civil sin Restricciones de Género (“Matrimonio Igualitario”) y de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género que repararon décadas de exclusión de esta población.

Por ello, es fundamental rechazar el fallo, visibilizar lo sucedido y evitar que sentencias como las cuestionadas se repitan. Transformar el Poder Judicial es hoy la principal deuda pendiente que el Estado y el Congreso Nacional tienen con la sociedad argentina para poder avanzar de manera efectiva hacia un servicio de administración de justicia que garantice el ejercicio de derechos con igualdad de géneros.

En razón de lo expuesto, solicito a mis pares Legisladoras y Legisladores que acompañen la presente declaración.