Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que, a través de los organismos pertinentes, y en aquellos aspectos de su competencia, conforme lo determinan, las leyes 24.521 de Educación Superior y 26.206 de Educación Nacional, informe a esta Cámara en relación al Proyecto de Creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA):

1. De aprobarse el mencionado Proyecto de Ley, qué acciones tiene previstas en resguardo de la continuidad y funcionamiento de las instituciones de formación docente cuya formación y acreditación tienen validez nacional, dado que el Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, establece las políticas, los mecanismos de regulación y los criterios de evaluación y de articulación relativos a los Institutos de Educación Superior dependientes del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispone el artículo 36 de la ley 26.206 de Educación Nacional.

2. Qué acciones tiene previstas en resguardo de los derechos laborales y previsionales de los docentes que forman profesores cuya actuación tiene alcance nacional, en relación a los institutos de formación que serán transferidos a la proyectada UniCABA

3. Qué acciones tiene previstas en resguardo y protección de los trayectos formativos parciales de los alumnos que están cursando estudios de alcance nacional en esas instituciones, de conformidad con las responsabilidades previstas en la Ley 24.521 de Educación Superior para el Estado nacional.

4. En virtud de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 24.521 de Educación Superior, qué acciones tiene previstas en resguardo de los egresados cuyos títulos tienen validez nacional.

5. Teniendo en cuenta que según lo previsto por la Ley 24.521 de Educación Superior, la validez de los títulos docentes, expedidos por las instituciones de educación superior oficiales o privadas reconocidas, es nacional; cómo se validarán los títulos otorgados por los Institutos de Formación Docente de gestión privada, que quedan fuera del alcance de la UniCABA

Señor presidente:

El 20 de marzo de este año se realizó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presentación pública del proyecto de creación de la UniCABA, el cual estuvo a cargo del Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa Diego Meiriño.

Se trata de un proyecto que absorbe a todos los Institutos de Formación Docente porteños por lo cual la denominada Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA) concentraría todos los profesorados de la Ciudad, afectando los derechos de los estudiantes, docentes y no docentes que se forman y desempeñan en los 29 Institutos de Formación Superior de la Ciudad de Buenos Aires.

La citada iniciativa, de inminente sanción en la legislatura, fue elaborada de manera inconsulta por el ejecutivo porteño, desconociendo la identidad e historia de cómo se organizó la formación docente en esta ciudad; soslayando además buena parte de la normativa nacional sobre regulación y titulación de los Institutos de Formación Docente.

Ante un proyecto de semejante relevancia, la comunidad educativa porteña del nivel superior no universitario, no tardó en reaccionar para fijar su postura frente al escueto proyecto de apenas quince artículos, cuya deficiente técnica legislativa y tensiones en materia de jurisdicción y contradicción normativa es la que nos impulsa a presentar este proyecto con el objeto de que se informe a este cuerpo ciertos aspectos que merecen debida aclaración.

Señor Presidente, la comunidad educativa de la ciudad se viene pronunciando al respecto mediante diversas manifestaciones callejeras cuyo hecho mediático más contundente ocurrió en la reciente interrupción del acto de inauguración de la Feria del Libro lo que posibilitó instalar el tema ante la opinión pública.

Cabe destacar que varios expertos en formación docente y rectores fueron contundentes a la hora de oponerse a la idea de agrupar a todos los institutos en una unidad académica. Al respecto, Patricia Simeone, rectora del Joaquín V. González y presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (Cesge), aseveró que “el proyecto de la Universidad enmascara la desintegración de los 29 institutos” y representa “un avasallamiento que borra de un plumazo la trayectoria de esas instituciones educativas”.

Por su parte, Myriam Feldfeber, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA y master en Ciencias Sociales con orientación en Educación de Flacso, cuestionó que “sea un proyecto elaborado sin la participación de las comunidades educativas”. En ese sentido refirió que “No hay una propuesta para mejorar algo que pueda tener buenos resultados sin la participación de los actores involucrados”, y agregó que la medida “es inviable”.

Jason Beech, docente investigador de Sociología de la Educación, Educación Comparada y Problemas Educativos Contemporáneos en la Universidad de San Andrés, indicó que “aprobar este proyecto sería una irresponsabilidad de parte de los diputados porque es un salto al vacío, no da detalles de cómo se va a llevar adelante”. Considero a su vez que “Van a cerrar instituciones centenarias con un proyecto que ni siquiera dice cómo se va a hacer”, y agregó que “no se puede promover un cambio tan importante sin consultar a nadie”.

Finalmente, Débora Kosak, rectora del Normal 1, sintetizó que durante la jornada “se escuchó el rechazo profundo a la Universidad y coincidimos en que el debate fue negado”.

Estos testimonios son valiosos al provenir de expertos conocedores de la realidad educativa, pero más allá de la necesaria palabra de rectores y académicos, no podemos rehuir la incertidumbre que este proyecto genera en los docentes, a los cuales no se les explica qué pasará con la validez de sus títulos actuales; qué es lo que deberán hacer para reconvertirlo en uno universitario, o qué pasará con sus aportes previsionales.

A su vez, no podemos dejar de mensurar, la angustia de los estudiantes que actualmente se encuentran cursando sus carreras docentes, ya que como no puede ser de otra manera, el proyecto, -tal como fue concebido-, está teñido de incertidumbre por el cambio radical que podría generar en su formación docente.

Señor Presidente no se nos pasa por alto que ciertas cuestiones planteadas a partir de la inconsulta medida del ejecutivo porteño en torno a la creación de la UniCABA, son de índole jurisdiccional, sin embargo, ello no obsta a la necesaria implicación del Estado nacional en la política educativa en general y en la formación de sus docentes en particular. Por esta razón es que sopesamos el involucramiento del Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de que informe sobre aquellos aspectos que hacen a su competencia a partir de la vinculación del sistema de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las leyes 24.521 de Educación Superior y 26.206 de Educación Nacional,

Un breve repaso a ciertos artículos del proyecto de creación de la UniCABA confirma los puntos que entendemos, tornan viable este pedido de informes.

Ello así, en el artículo 1º se dispone que la UniCABA “funcionará como persona jurídica pública estatal en la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el organismo que en el futuro lo reemplace”, lo cual nos lleva a concluir que las universidades jurisdiccionales, como por ejemplo, la Universidad Autónoma de Entre Ríos o la Provincial de Ezeiza, por tomar dos ejemplos, si bien son creadas en el ámbito de la jurisdicción, luego deben tramitar su validación frente a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), como cualquier universidad nacional. En efecto, la creación de la UniCABA aplaza la resolución acerca de la validez jurisdiccional de los títulos que expida, que serán los de todos los institutos de formación docente que hoy tienen validez nacional hasta tanto obtengan un reconocimiento. La frase final que dispone “o el organismo que en el futuro lo reemplace” torna posible el camino hacia una eventual nacionalización como ocurrió con la Universidad Pedagógica o podría ocurrir con la Universidad de Ezeiza.

El art. 2º del proyecto, si bien parece alinearse con lo que promulga la Ley de Educación Superior, la redacción del art. 15º colisiona con el espíritu de dicha norma en lo que respecta al modo en que deben resolverse los conflictos internos.

En cuanto al art. 10º, se advierte su semejanza con el art. 29º de la Ley de Educación Superior, aunque el Estatuto Académico que debe dictarse debe ser aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación y ello no sería un obstáculo por el alineamiento del ejecutivo porteño con el nacional, aunque la última oración cuando establece que “El Estatuto será aprobado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación” es condición suficiente para su entrada en vigencia.

Señor Presidente, una cuestión no menor es la que se observa en el art. 13º en relación a la validación de los planes de estudio que elabore la UniCABA “…de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y en un todo de acuerdo con lo previsto en la Sección II, Régimen de Títulos, de la Ley de Educación Superior Nº 24.521”.

Al respecto, y más allá de percatarnos que los autores del proyecto han incurrido en un error de redacción en cuanto a la denominación correcta de la Ley 26.206, -esto es, Ley de Educación Nacional y no como se lee: Ley Nacional de Educación-, los planes de estudio deben ser validados por el Ministerio de Educación de la Nación. Esta circunstancia nos lleva a interrogarnos que, si el trámite previo es la acreditación de la UniCABA por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, cuánto demorará concluir dicho trámite o qué pasará con la titulación de los docentes en ese ínterin, o acaso se suspenderán los egresos mientras se tramitan esos expedientes.

Señor Presidente, resta referirnos al art. 15º, tal vez el más polémico ya que habilita la intervención de la UniCABA por parte de la Legislatura y si bien se trata de un artículo calcado del art. 30 de la Ley de Educación Superior, en la norma nacional, el art. 31º especifica con meridiana claridad que “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”, aclaración que no aparece en el proyecto de ley de creación de la UniCABA.

Si pensamos un instante en los antecedentes de la irrupción policial en la Universidad Nacional de Jujuy en abril de 2017 y la escalada represiva que vino aconteciendo en el gobierno de la alianza Cambiemos, el art. 15º desprovisto de una salvaguarda sobre la fuerza pública abre un escenario de desamparo para la educación superior porteña.

Sin lugar a dudas, el proyecto de creación de la UniCABA devino en un disparador para plantear muchas preguntas que no dudamos, podrán ser zanjadas con las respuestas que proporcione el Ministerio de Educación de la Nación, máxime cuando nos inquietan algunas cuestiones técnicas del proyecto que no permiten esclarecer su articulación con la normativa nacional vigente.

Finalmente, estamos convencidos que una reforma educativa que se precie de tal no puede silenciar la palabra de los docentes que diariamente están en el terreno, de la comunidad académica y de los estudiantes.

Nos preocupan los proyectos carentes de rigurosidad técnica, salidos a las apuradas bajo la firma de burócratas de escritorio que no sólo desconocen el verdadero nombre de la ley de Educación Nacional, sino que parecen abrevar en un mero control político y de mercantilización, de espaldas a toda la comunidad de los Institutos de Formación Docente con el único objetivo de atacar a esas comunidades sin mejorar sus trayectorias académicas

Si la idea del ejecutivo porteño fue proponer un cambio importante en la formación docente, dar a conocer el proyecto unilateralmente, a través de los medios o mediante encuestas en Twitter y Facebook, así como en páginas propias, ello no hizo más que subestimar a la comunidad educativa al impedirle debatir participativamente en semejante iniciativa.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de Resolución, con su tratamiento y aprobación.