Instar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Ministerio de Justicia de la Nación, disponga los recursos materiales y humanos necesarios, para que el Juzgado Federal de Dolores pueda cumplir con su obligación de investigar y lograr un adecuado servicio de justicia, en la causa judicial “D’Alessio, Marcelo Sebastián S/ asociación ilícita y otro”, en la cual se investiga una organización para estatal de espionaje e inteligencia.

La complejidad y la importancia de la causa mencionada para la calidad del sistema democrático e institucionalidad de nuestro país, obliga a que todos los poderes del Estado, en el marco de sus competencias, cumplan con la provisión de los recursos necesarios para posibilitar dilucidar los gravísimos hechos objeto de la investigación.

Señor presidente:

En la Reunión de la Comisión de Libertad de Expresión del día 13 de Marzo, hemos recibido al Titular del Juzgado Federal de Dolores, quien nos brindó un detallado informe sobre la investigación que instruye en relación con la asociación ilícita de la que formaría parte el Señor Marcelo D’ Alessio y en la que se han encontrado pruebas que se vincularían con la existencia de una organización para estatal de espionaje e inteligencia ilegal.

Los delitos que el Juez se encuentra investigando involucran la utilización de soporte tecnológico e informáticos; y sumado a la magnitud de la prueba recabada en el expediente, se impone la necesidad de contar con recursos tecnológicos y personal especializado, para su obtención y procesamiento. Si bien los operadores de la justicia que se encuentran trabajando en el expediente, brindan todo su esfuerzo y dedicación, contar con los recursos adecuados hace a la calidad de la investigación, y por lo tanto a un adecuado servicio de justicia.

En su exposición ante los Diputados de los bloques de la oposición, el juez Alejo Ramos Padilla hizo referencia a la precariedad con que su juzgado debe enfrentar la investigación.

No sólo no se cuenta con tecnología acorde a la magnitud de los hechos objeto de la investigación, sino que ni siquiera el Servicio Penitenciario Federal ha podido trasladar al juzgado de Dolores al detenido Marcelo D’Alessio, ni al ex comisario y ex agente de inteligencia, Ricardo Bogoliuk, para que brinden sus declaraciones, por no contar con los móviles para los traslados.

Los delitos que se están investigando son de tal gravedad institucional que merecen que todos los poderes del Estado, en el marco de su competencia, cumplan con las obligaciones a su cargo.

A pedido del Juez Ramos Padilla, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) colabora en la causa ya que cuenta con experiencia técnica por custodiar e investigar los archivos de la ex Dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El relevamiento de la Comisión da cuenta de “prácticas de inteligencia ilegal en Argentina y otros dos países”, mencionó la CPM en un comunicado.

Entre las prácticas ilegales detectadas, la Comisión Provincia de la Memoria refirió a “el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, seguimientos a distintas personas sin orden judicial y las denominadas técnicas ‘de ablande’ con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos”. “El destino de dichas actividades concluía con la incorporación de sus testimonios en causas que investigan hechos de corrupción”.

La comisión provincial de la Memoria, menciona en su gacetilla de prensa del día 13 de Marzo de 2019, que “ …las acciones descriptas en el informe, violan las normativas que regulan la materia de inteligencia y de seguridad interior como exterior “, “…los hechos que se investigan en la causa, revisten una enorme gravedad institucional , ya que muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas, que solo pueden llevarse a cabo por parte de organismos públicos habilitados por las leyes vigentes”

Las obstrucciones a la investigación judicial, ya sea a través del incumplimiento de las competencias a cargo de los funcionarios, no brindando seguridad a las víctimas y testigos, así como no otorgando recursos, podrán ser objeto de un posible encubrimiento de los hechos que se investigan; siendo obligación de este Congreso y de esta Cámara, ejercer nuestra potestad de control en el marco de la forma republicana de gobierno.

Consideramos que la investigación en curso es de vital importancia para nuestra democracia y para la vigencia del Estado de Derecho; no llegar a la verdad pone en peligro las garantías constitucionales esenciales de todos y todas los/las ciudadanos/ciudadanas.

Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.