Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que:

por intermedio de los organismos que correspondan, respetando los procedimientos y la normativa del Mercado Común del Sur (Mercosur) promueva la suspensión del derecho a participar en los órganos del Mercosur y de las deliberaciones de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos del artículo 5º del Protocolo de Ushuaia.

Por intermedio de los organismos que correspondan, solicite la inmediata intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de cumplir con su misión principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en los términos del artículo 106 de la Carta de la OEA.

Señor presidente:

El Protocolo de Ushuaia afirma en su artículo 1 que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo"

En el mismo sentido, el artículo 5 dispone que los Estados partes -frente a la ruptura del orden democrático- podrán decidir la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.

Cabe aclarar que Venezuela ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos pero continúa siendo miembro de la Organización de Estados Americanos, habiendo ratificado la Carta de la OEA el 29/12/1951. La referida Carta dispone en su artículo 106 que: "Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia."

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que: "En caso que el procedimiento llegue a término y la denuncia de la Convención cobre vigencia en el plazo de un año, la Comisión continuará con el procesamiento de peticiones y de solicitudes de medidas cautelares relativas a Venezuela, así como con la supervisión de la situación de derechos humanos en ese país, en base al Artículo 106 de la Carta de la OEA y la Declaración Americana." (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/117.asp)

Es decir que, aún cuando Venezuela ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, sigue obligada internacionalmente a respetar los derechos humanos, por haber firmado y ratificado otros instrumentos internacionales. Es la misma Carta de la OEA, de la que Venezuela es parte, la que permite la plena intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Debemos recordar que, ya en el año 2011, Venezuela ha incumplido una sentencia de la Corte Interamericana y eso me ha motivado junto a otros legisladores la presentación de un proyecto de declaración de preocupación y repudio (Expte.: 5350-D-2011).

Posteriormente, en el año 2012, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chavez, le solicitó al Consejo de Estado analizar la posibilidad de retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "CIDH"), decisión que se concretó el día 10 de Septiembre de 2012 mediante la comunicación oficial realizada ante la Secretaría General de la OEA, depositando el instrumento de denuncia a la Convención.

A la situación descripta debemos agregar que el día 12 de Febrero de 2014 se realizó una manifestación política que terminó con una brutal represión y censura por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El Diario El País reflejó que: Una manifestación convocada este miércoles por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro terminó con un saldo trágico. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó la muerte a tiros de dos personas más otros 23 heridos en las protestas que se produjeron en Caracas y las principales ciudades del país. (http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/13/actualidad/1392246745_ 349858.html)

Por su parte, la BBC informó que una manifestación de la oposición en Caracas dejó al menos tres muertos y decenas de heridos en el marco de una jornada de protestas convocadas por estudiantes en toda Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. (http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/02/140212_ultnot_venezuela _protestas_maduro_estudiantes_violencia_dp.shtml)

Así también, se ha denunciado que han salido a la calle grupos paramilitares, con el único objeto de reprimir las protestas sociales y generar disturbios.

A estos hechos de violencia y represión se debe agregar la censura informativa que se produjo en el momento en que ocurrían los hechos descriptos. Un minuto antes de las cuatro de la tarde William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador, pidió en su cuenta de Twitter a las señales internacionales de televisión "respetar al pueblo venezolano". "Promover la violencia y el desconocimiento de las autoridades es un delito", añadió el responsable. Fue una advertencia de lo que vendría después. A las seis de la tarde hora local la compañía de televisión de pago DirecTV sacó la señal de su parrilla de programación. A los venezolanos les quedaba sintonizar el canal oficial Venezolana de Televisión o la transmisión en YouTube de NTN24, que también fue bloqueada por el Gobierno venezolano. (http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/13/actualidad/1392246745_ 349858.html)

Por último y para completar la conducta antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha advertido que quien quiera protestar o marchar en cualquier lugar del país debe tener permiso y si no es así, serán detenidos (http://www.lapatilla.com/site/2014/02/12/maduro-prohibe-protestas- espontaneas-en-el-pais/)

Consideramos que en la República Bolivariana de Venezuela se produjo una ruptura del orden democrático, iniciada con la denuncia del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y que continúa y ha desencadenado en los hechos de violencia, censura y represión ocurridos el día 12 de Febrero de 2014. La situación descripta amerita, sin lugar a dudas, la aplicación de sanciones por parte del Mercosur y la inmediata intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por todo lo expuesto, es que pedimos el acompañamiento de las señoras y los señores legisladores al presente proyecto.