Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que considere pertinente, remita a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación un informe acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con la actualización arancelaria del "Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas Con Discapacidad":

En que indicadores se ha basado el Ministerio de Salud, por medio de la Resolución Nº 1151/2014, para justificar haber fijado en el 18% el incrementó en los aranceles de las prestaciones del Sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad.

Los criterios por los cuales, por medio de la Resolución Nº 1151/2014, no fueron considerados, los porcentajes expresados en el Informe de agosto de 2014 de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIPESA) para efectivizar el incremento establecido por el Ministerio de Salud.

Señor presidente:

Mediante el presente pedido de informes se busca tomar conocimiento de diversas cuestiones vinculadas a la actualización arancelaria del Sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad que se llevó a cabo por medio de la Resolución Nº 1151/2014.

En el país existen 1.025 instituciones acreditadas por un sistema de Juntas Evaluadoras coordinadas por el Sistema Nacional de Rehabilitación que conforman un registro de prestadores de atención a personas con discapacidad de 1700 servicios en las diferentes provincias de nuestro país. Dichas prestadoras brindan atención a más de 100.000 personas con discapacidad, proveyendo empleo directo e indirecto a 90.000 personas.

Estas instituciones que trabajan en la atención de personas con discapacidad y brindan las prestaciones establecidas en el Nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, se encuentran en una grave situación que pone en riesgo su continuidad como prestadores. Para poder continuar su labor, en lo que hace a estimulación temprana, escuelas, integración, residencias, hogares, centros de día, centros educativo-terapéuticos, prestaciones de apoyo, transporte, entre otras, estas instituciones precisan urgentemente una actualización arancelaria.

Como respuesta a los reclamos de las instituciones aludidas, en julio del corriente año el Ministerio de Salud otorgó, por medio de la Resolución Nº 1151/2014, un aumento único del 18% en los aranceles para todas las prestaciones. Son dos los interrogantes que se suscitan frente a este incremento en los aranceles.

Por un lado, es pertinente preguntarnos en qué indicadores se ha basado el Ministerio de Salud al momento de decidir el porcentaje del incremento. Este interrogante surge a partir de la contradicción entre este porcentaje y el reclamado por las instituciones. En el informe de agosto de 2014 de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIPESA) se reproducen las pautas calculadas a partir de las diferentes variables que operaron hasta la actualidad en la incidencia de precios y costos. El incremento arancelario reclamado y sus fundamentos son:

Prestaciones ambulatorias: 48%. Los valores solicitados al 30/04/2014, serían de un 15,52 % calculado esto en relación al Índice de Precios al Consumidor oficial, a lo que se sumaría lo ya acordado por Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN, elegida por los funcionarios como convenio referencial) en un porcentaje de 28,15%, dando como resultado un coeficiente de readecuación de aranceles del 48%.

Prestaciones de hogar o alojamiento: 63,10%. La gravedad de la situación mostrada en los informes presentados referidos a dichas prestaciones, refleja la necesidad de una adecuación porcentual del 23,06%, capaz de compensar la diferencia que se genera por la errónea aplicación del Nomenclador en las prestaciones combinadas. Esto, sumado al incremento acordado con la UPCN por un 28,15% refleja un total de 63,1% de aumento para dichas prestaciones.

Prestaciones de transporte: 72,3%. Esta prestación requiere analizar un componente particular dada su incidencia en la composición del costo, que es el valor del combustible, lo que determina un porcentaje de incremento de un 34,5% al 30/04/2014 que, sumado al incremento de UPCN del 28,15%, arroja un incremento del orden del 72,3%.

En segundo lugar, y tal como queda demostrado en la enumeración anterior, los distintos tipos de prestaciones se ven afectados por los incrementos en los costos de manera desigual. Por esta razón, se solicita información acerca de los motivos por los cuales se decidió realizar un incremento único para todos los tipos de prestaciones.

El Ministerio de Salud y los organismos responsables, a pesar de los reiterados reclamos realizados no dan con las respuestas necesarias, colocando a las instituciones en una situación de total vulnerabilidad, exponiendo a las personas con discapacidad a quedar sin atención, o a que sus familias afronten los costos de los tratamientos. De esta manera se está vulnerando el derecho a la atención de las personas establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el principio de igualdad ante la ley establecido por nuestra Constitución Nacional, y la obligatoriedad de asegurar la atención de las personas con discapacidad establecido por la Ley 24.901.

Para concluir, es necesario recordar la importancia fundamental que tiene el Sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. Este ha sido la mayor y única gran política de Estado que ha logrado prolongarse en el tiempo, permitiendo el acceso de las personas con discapacidad a la atención necesaria para sostener o mejorar la calidad de vida.

Por todo lo expuesto solicito se provea de los informes pertinentes.