Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación informe mediante la Secretaria de Comercio sobre los siguientes puntos relacionados con las limitaciones a la exportación de carne:

1. Sobre qué acto administrativo se asienta la medida.

2. Que antecedentes teóricos o prácticos avalan la medida tomada de restringir las exportaciones de carne.

3. Cuál es el porcentaje de la producción que se destina a la exportación.

4. Cuál ha sido la evolución de dicho porcentaje en los últimos diez años.

5. Cuál es el número de cabezas de ganado vacuno hoy en la argentina, y cual su evolución en los últimos diez años.

6. Que políticas oficiales se han adoptado para mantener o incrementar el número de cabezas de ganado vacuno en el país a fin de permitir dar respuesta a la demanda interna.

7. Qué conclusiones han surgido del censo agropecuario realizado en 2008.

8. Ante la crisis en la industria frigorífica, que impacto se evalúa sobre los puestos de trabajo y la situación económica de los establecimientos.

9. Que incidencia tiene el transporte en el precio final de la carne.

Señor presidente:

Se ha anunciado por parte de la Secretaria de Comercio una limitación a las exportaciones de carnes por un plazo indeterminado, y aparentemente sin ninguna norma que respalde la medida.

Ante la falta de información y transparencia de la medida tomada de limitar las exportaciones de carne, y de los antecedentes de una medida similar, es que solicito este informe.

La misma medida fue tomada en el año 2006, y el resultado fue un rotundo fracaso. No solo el precio no bajó, sino que han disminuido la cantidad de cabezas de ganado, afectando de manera directa en el equilibrio de la oferta-demanda. Se estima que se han perdido 12 millones de cabezas de vacunos, de los cuales muchos son "vientres", o sea que también se ha destruido capacidad de reproducción a futuro.

Asusta que ante un panorama poco alentador, con pérdida de "cabezas" de ganado, cierre de frigoríficos, pérdida de mercados internacionales, falta de dólares, un secretario pueda tomar semejante medida de cerrar el mercado exterior.

No existe ningún antecedente teórico o ejemplos del pasado que subrayen el éxito de medidas como estas. Lo que es más pavoroso, es que está comprobado que ocurre todo lo contrario. En 2006 se cerraron las exportaciones de carne con el mismo objetivo y el resultado, 8 años después, podemos aseverar con total seguridad que se agravó el problema. Tanto es así que pasamos de exportar 770.000 toneladas, a 166.000 toneladas. En 2005 representaba el 15% del total de faena, en el 2014 cayó al 5%. No solamente perdemos lugares en el ránking de exportadores mundiales, se pierden divisas y puestos de trabajo. Según un estudio de la UCA, "el aumento de las restricciones, el peso mínimo de faena obligatorio, la creación de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) y las restricciones a las exportaciones fueron las causas de un importante ciclo de liquidación de stock con un aumento de faena, en especial las hembras, generando una importante caída de la producción de carne", y agrega que si se hubieran mantenido las exportaciones de 2005, el país hubiera recibido 10.000 millones de dólares.

Tampoco se escuchan las voces de los actores; al unísono, cámaras empresariales, productores, economistas, están de acuerdo que si el 95% de la producción está destinada al mercado interno, cerrar las exportaciones no va a disminuir el precio de ninguna manera.

Por otro lado, no se vislumbra por parte del Estado Nacional un plan o política alguna tendiente a recuperar el número de cabezas de ganado vacuno que permita enfrentar adecuadamente la demanda. Las consecuencias de esta disminución no solo se notan en el precio, sino también en la crisis en la industria frigorífica, y podemos afirmar más ampliamente que repercute directamente en la sustentabilidad de nuestra tierra. El país tiene potencial y capacidad para satisfacer la demanda interna y al mismo tiempo aumentar las exportaciones. Sin embargo, parece que los réditos que a corto plazo genera la soja, hacen que el Estado ignore políticas necesarias para fomentar las actividades necesarias para dar respuestas a la demanda y también a la sustentabilidad de la tierra.

Finalmente tampoco se ha evaluado qué impacto tendrá esta medida sobre los puestos de trabajo de la industria frigorífica, ni las consecuencias sobre el resto de los afectados indirectamente. Se estima que se han perdido 17.000 puestos de trabajo y cerrado 132 frigoríficos, además que la gran mayoría de los establecimientos se han achicado y miles de productores han salido del negocio.

Resulta así necesario que se informe claramente qué fin y por qué medio se persigue, ya que según lo que surge de los antecedentes, la medida carece de racionalidad, sustento técnico, consenso y legalidad, aparentando, ser más una simple sanción a los productores que a una medida económica que pueda resolver el problema de fondo.

Por todo ello es que solicito se apruebe el presente proyecto.