Su honda preocupación por la situación que derivó en el apartamiento del juez Luis Antonio Armella de la ejecución del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008 en autos "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)" y por la consecuente suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Señor presidente:

El estado ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un problema mayor de salud pública para muchos ciudadanos argentinos, además de un grave problema de contaminación ambiental.

Tras años de descuidos y frente a una demanda de un grupo de vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico el 8 de julio del 2008 en el caso "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza- Riachuelo)".

Con esta sentencia, la Corte determinó la responsabilidad que le corresponde al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca. Además, se determinaron los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento mediante la creación y el control de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). La ejecución de este fallo fue delegada en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Antonio Armella.

A partir de agosto de 2012, el juez Armella fue acusado por diferentes medios de comunicación de cometer serias irregularidades en el ejercicio de su tarea, haciendo contrataciones directas sin licitación de empresas vinculadas entre sí y con su familia para las obras de limpieza y saneamiento de la cuenca en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el mismo Armella debía supervisar.

El 9 de octubre la Auditoria General de la Nación ratificó y corroboró estas irregularidades en las contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño de la tarea del juez, revelando que empresas vinculadas entre sí participaban en contrataciones desleales para obras en la cuenca Matanza-Riachuelo para que siempre las ganara una de ellas, por un monto que llegó a 129 millones de pesos.

Así, el 5 de noviembre, el Gobierno Nacional finalmente denunció penalmente al juez Armella ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los cargos penales que el Gobierno presentó contra el juez Armella incluían la estafa contra la administración pública, la violación de los deberes del funcionario público y las negociaciones incompatibles con la función pública.. También pidió al Consejo de la Magistratura que impulsara su juicio político por mal desempeño en sus funciones.

Al día siguiente, el 6 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió separar al juez Armella de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo y denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, marcando que se debían investigar también las eventuales responsabilidades de diversa índole en las contrataciones, en particular la de ACUMAR que contrataba a través de dos empresas estatales, Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), las cuales no podían estar al margen de las maniobras desplegadas.

La resolución de la Corte señala que este apartamiento es indispensable debido a la necesidad de "preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado".

Además, a consecuencia de esta medida, la causa por la limpieza del Riachuelo quedó paralizada hasta que la Corte designe un nuevo tribunal que retome la ejecución de la sentencia, lo cual podría tardar unos diez o quince días. En vistas de la urgencia sanitaria y ambiental que se vive en la cuenca Matanza-Riachuelo, esta medida perjudica gravemente los intereses de los damnificados que cada día siguen soportando esta situación que no mejora.

Este caso de corrupción en el Poder Judicial ensombrece, una vez más, la imparcialidad, la integridad y la transparencia que deben regir en el ejercicio de la magistratura. Los jueces que incumplan sus deberes deben ser removidos mediante los mecanismos constitucionales y, en su caso, sometidos a las responsabilidades de todo orden que surjan de su conducta.

Pero es triste comprobar que, nuevamente, los ciudadanos son postergados en la satisfacción de sus legítimos derechos. Desde todos los poderes y sectores debe existir un fuerte compromiso para que el saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo sea una realidad en el menor tiempo posible.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.