Su interés por las funciones llevadas adelante por los trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas relacionadas con la promoción, protección, atención y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes como un aporte al fortalecimiento del Sistema de Protección Integral.

Señor presidente:

El Sistema de Protección Integral plantea intervenciones complejas que requieren de trabajador/a con saberes específicos, que son de carácter central, para la implementación de los programas. Estas funciones implican desarrollar un gran nivel de autonomía, siendo el establecimiento de vínculos, un medio fundamental para que la política pública se desarrolle.

Hacia fines de los 80 comienzan a cuestionarse las prácticas tutelares, surgiendo prácticas alternativas que encuentran en la Convención Internacional de los Derechos del niño un marco jurídico de referencia.

El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional otorga a la Convención sobre los Derechos del Niño jerarquía constitucional. La Convención de los Derechos del Niño obliga al Estado y a la sociedad a modificar sus relaciones con la infancia y la adolescencia, abandonando enfoques que han venido configurando a los niños/as como objetos de tutela y control, adoptando -en cambio- una perspectiva de relación que respete su calidad de sujetos de derechos (tanto en su titularidad como en el ejercicio progresivo de los mismos).

Con este proceso de cambio de paradigma comienzan a ponerse en valor experiencias de promoción de derechos y restitución de derechos que venían explorando nuevas formas de intervención, a redireccionarse programas ya existentes adecuándolos a la nueva etapa y a crearse programas para dar respuesta a los lineamientos establecidos por los nuevos marcos jurídicos.

En 2005 se sancionó la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de promover acciones positivas que tiendan al aseguramiento del goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esta ley hace extensiva la idea de Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, niños y adolescentes a todo el territorio Nacional.

En su artículo Nro. 32 define el sistema de protección integral como: aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en distintos niveles y destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El sistema manifiesta la necesidad de organizar las acciones, los recursos y los dispositivos de una forma articulada y transversal. En un primer nivel están las políticas universales, luego las medidas de protección integral (que funciona con programas en los territorios promoviendo el acceso a los derechos ) y finalmente las medidas excepcionales que funcionan como la última instancia.

Cabe destacar que la nueva institucionalidad que se despliega a partir del cambio de paradigma aún no cuenta con el reconocimiento de las funciones específicas de los trabajadores. Tampoco se han construidos carreras que contemplen este nuevo andamiaje institucional.

Cabe mencionar como antecedente a nivel Nacional la firma del Decreto 1057/2008. En el mismo se reconoce que: "Resulta conveniente otorgar para el personal de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley N º 25.164 -Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional- y del Decreto Nº 210 del 14 de febrero de 1989, una suma fija mensual no remunerativa y no bonificable como estímulo por la función desempeñada y en procura de una ejecución eficaz de los servicios que brinda".

Los nuevos modelos de intervención que implica el paradigma de la protección integral de derechos requieren de un perfil de trabajador/a que logre desplegar diferentes estrategias que presuponen conocimientos específicos sobre la temática. Es necesario contar con saberes que pertenecen al campo de distintas disciplinas sociales y lograr articularlos.

Por otro lado es necesario que los trabajadores posean conocimiento de la estructura del Estado y de los recursos existentes. Se requiere de la capacidad de articular de manera cotidiana con los diferentes actores que conforman el Sistema de Protección Integral.

Quedan desafíos para que el Sistema de Protección Integral se consolide: como ser la apropiación del paradigma por parte de todos los efectores que lo integran, la consolidación de una política transversal que involucre a las diferentes organismos del Estado y la ampliación de las partidas presupuestarias en las áreas específicas que abordan la temática de la niñez y la adolescencia, el reconocimiento de las tareas específicas que desarrollan los trabajadores/as y la generación de estructuras/carreras que den cuenta de este nuevo tipo de abordaje.

Creemos que, dicha normativa obliga a jerarquizar las políticas públicas de infancia y que en este sentido es importante el reconocimiento del tipo de tarea que desempeñan quienes trabajan en estas áreas.

El Sistema de Protección Integral es una apuesta a largo plazo que logrará consolidarse si se establecen equipos de trabajo que cuenten con espacios de formación sobre la temática, con estabilidad laboral garantizando su permanencia en el tiempo, que tengan condiciones dignas de trabajo y salarios acordes a sus funciones, carreras propias y figuras que den cuenta de las tareas que realizan. También deberán disponer de los recursos necesarios para llevar adelante las tareas que vienen asumiendo y espacios de formación y reflexión sobre la práctica concreta en la que se despliegan sus intervenciones. Esta experiencia acumulada es la que consolidará los nuevos lineamientos que permitirán que el Sistema de Protección Integral se vuelva paradigma hegemónico en el campo de la niñez.

Con este proyecto pretendemos destacar la relevancia de los trabajadores/as en la implementación de las políticas públicas y en ese sentido quiere ser un aporte al fortalecimiento a las políticas de infancia y un reconocimiento a quienes se desempeñan en la promoción, protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Por todo lo expuesto y entendiendo que las políticas públicas de niñez y adolescencia, en tanto políticas de Estado, deben ser una preocupación de los diferentes bloques y de todos los sectores políticos y sociales, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.