Expresar repudio a la situación de violencia sufrida por ciudadanos y ciudadanas de Tinogasta, provincia de Catamarca, mientras manifestaban su rechazo a la minería contaminante en la Ruta Nacional 60.

Señor presidente:

No podemos más que expresar una profunda preocupación y repudio a la reciente agresión perpetrada a los ciudadanos y ciudadanas de Tinogasta, provincia de Catamarca, durante una manifestación en la Ruta Nacional 60 que se encontraba bloqueada al paso de camiones con materiales para la empresa minera Alumbrera.

Con el objetivo de frenar la protesta social, agentes de la Infantería utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos contra la población civil, entre los que había mujeres y niños, dejando como saldo varios heridos.

De esta manera, desalojaron la Ruta Nacional 60 para permitir el ingreso de una decena de camiones. Sin embargo, el corte de ruta tiene lugar en seis puntos estratégicos que conducen a la empresa minera e impiden el acceso a los proveedores y contratistas.

Autoridades del gobierno de Catamarca justificaron estas medidas aludiendo que se cumplió con una orden judicial y que los camiones llevaban insumos que representaban un peligro para la sociedad porque contenían explosivos.

Consideramos que lejos de escuchar los reclamos del pueblo de Tinogasta y abrir instancias de diálogo institucional, racional y de encuentro; la protesta ha sido criminalizada, sus territorios sitiados y las fuerzas de seguridad del Estado han sido utilizadas para reprimir y acallar los reclamos sociales.

Asimismo, deseamos extender nuestra solidaridad hacia los manifestantes, hacia los hombres, las mujeres, y los niños que se encontraban presentes en el lugar. Resulta inadmisible que la Justicia avale el accionar de las fuerzas policiales en la ruta, en tanto esta acción ha revestido una brutalidad no compatible con los comportamientos que los miembros de la seguridad pública deben garantizar a la ciudadanía.

Es fundamental que las implicancias de la minería y las actividades extractivas sean puestas en debate, con el fin de que la sociedad argentina, tenga la posibilidad de llegar a consensos sobre los que regirse en esta materia. Dar la palabra a los ciudadanos, a través de consultas vinculantes, asambleas ciudadanas y otros dispositivos en relación a los aspectos económicos que la actividad genera; los métodos productivos y el impacto ambiental de la actividad minera; acceso y formación en la información; desarrollo productivo, sustentable y estratégico; cuidado del ambiente y los recursos no renovables; minimización del riesgo ambiental por sobre maximización de las ganancias; control y transparencia en el manejo de las regalías de los estados municipales y provincial. Las diversas situaciones vividas en los últimos meses en torno a esta problemática hacen imperioso el debate.

Lamentamos que estas imágenes se repitan cada vez más a menudo como hemos visto en Famatina (La Rioja), Belén y ahora Tinogasta. Solicitamos a las autoridades administrar todas las acciones pertinentes para ponerle fin a la violencia y se realicen todos los esfuerzos necesarios para llegar a soluciones en lo concerniente a las actividades propias de la minería.

Con la esperanza de que se acuda al diálogo como única herramienta democrática para la solución de los conflictos, y expresando la importancia de darle un desarrollo sustentable a nuestra economía como así también la utilización racional de los recursos naturales, es que solicito a las diputadas y los diputados que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.