Manifestar su preocupación por el fallo que condenó al Juez Baltazar Garzón a 11 años de inhabilitación.

Expresar su solidaridad con quien ha bregado por la condena a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las dictaduras que sufrieran España, Argentina y Chile.

Hacer saber de la presente declaración al Parlamento Español y a los parlamentos latinoamericanos.

Señor presidente:

La doctrina de la jurisdicción universal, que habilita la persecución penal de los delitos de lesa humanidad ante cualquier juzgado del mundo, fue quizás el mayor avance del Derecho Penal de los últimos 50 años. Más de 125 países han dictado normas que le permiten a su sistema judicial investigar y procesar a toda persona sospechosa de consumar delitos de lesa humanidad, con independencia del lugar en el que se haya perpetrado el delito o de la nacionalidad de la persona acusada o de la víctima.

La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968; la Convención Interamericana sobre las Desapariciones Forzadas de las Personas de 1994; el Estatuto de Roma de 1988 que diera lugar a la creación de la Corte Penal Internacional y la Convención contra la Desaparición Forzada de 2007, constituyen los pilares que sustentan los principios de la jurisdicción universal y han servido para la persecución penal de quienes cometieron delitos de lesa humanidad en cualquier lugar del planeta.

Las democracias de Latinoamérica han manifestado reiteradamente su especial agradecimiento al juez Baltazar Garzón, pues a través de su valiente y decidida actuación, España se constituyó en uno de los principales impulsores de la aplicación de los principios de la jurisdicción universal y, su sistema judicial se declaró competente para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras de Argentina, Chile y Guatemala.

El juez Garzón comprendió, desde su lugar, que la mejor manera de luchar por la efectiva vigencia de los derechos humanos en el mundo es la condena a quienes han sido partícipes de su violación en cualquier tiempo y lugar. La detención y posterior condena de Adolfo Scilingo -represor Argentino- en España y el encarcelamiento de Augusto Pinochet -dictador Chileno- en el Reino Unido constituyen hitos fundamentales en la defensa y promoción de los derechos humanos, no sólo en nuestras latitudes sino en cualquier lugar del planeta.

En España, estas intervenciones fueron aparentemente "toleradas" por sectores políticos que responden a concepciones ideológicas de derecha, hasta que el juez Garzón decidió comenzar a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista y la vinculación de ciertos espacios cercanos al poder, con delitos de corrupción y lavado de dinero. Inmediatamente se le iniciaron al juez varios procesos ante el Tribunal Supremo con el claro objetivo de apartarlo para siempre de esas causas y dar una clara señal a todo el sistema de justicia.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de España que decidió apartarlo de su judicatura por 11 años, casi una inhabilitación perpetua dada la edad de Garzón, se aleja groseramente de los antecedentes del propio tribunal en donde se impusieron -en diversos casos- sanciones mucho menores por faltas mucho mayores. La sociedad española, así como también gran parte de quienes seguimos con atención este proceso, no podemos dejar de relacionarla con cuestiones políticas ajenas al proceso. Resulta muy difícil que no se asocie la condena de Garzón a su personalidad, a su historia y a su protagonismo internacional que significó un avance progresista en la Justicia Penal Internacional, irritante por cierto, para una parte importante de la corporación judicial.

La condena, a través del descrédito de quien ha hecho de su función judicial un bastión contra las dictaduras, no sólo intenta deslegitimizar los principios de la jurisdicción universal, sino que se muestra como una señal de alerta para todos aquellos jueces que, como Garzón, entienden que una justicia independiente, defensora de los derechos humanos y transparente, es el mejor aporte que puede realizar un juez a favor de la democracia y del desarrollo de los pueblos. Baltasar Garzón no fue el único sentenciado, el Tribunal quiso condenar también a España y a las democracias incipientes a retroceder décadas de avances históricos contra las corporaciones que siempre han detentado el poder económico, político y jurídico con el único propósito de mantener sus privilegios y prerrogativas. Los procesos históricos registran avances y retrocesos, los principios de la justicia universal se encuentran entre los primeros, la condena a Baltasar Garzón, entre los últimos.

Nuestro país tiene una deuda de honor con el juez Baltazar Garzón pues fue él quien logró, por primera vez en la historia, que un represor argentino sea condenado en el extranjero en presencia y cumpla sentencia a más de 30 años de encarcelamiento. Esa sentencia fue, a su vez, la primera que aplicó en España el principio de Justicia Universal por delitos de lesa humanidad cometidos en un país extranjero. Además, a partir de la detención del ex marino en octubre de 1997 se pudo conocer en detalle el plan sistemático que aplicó la Armada Argentina en la ESMA y los nombres de muchos represores que participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad.

Esta Cámara ya ha declarado, en el año 2010, su especial reconocimiento al Doctor Baltazar Garzón en defensa de los derechos humanos. En esta oportunidad queremos expresar solidaridad con el mismo y hacer pública esta declaración, enviando copia de la misma al Parlamento Español y a los parlamentos latinoamericanos.