Derogación de la Ley 26.734

Artículo 1: Derógase la Ley 26.734.-

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

La ley 26.734 (conocida públicamente como "Ley Antiterrorista"), impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobada durante las últimas sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, debe ser derogada no sólo porque viola preceptos constitucionales y deja a la libre interpretación de fiscales y jueces el término "aterrorizar" sino, también, porque fundamentalmente supone una clara posibilidad de criminalizar legítimas protestas sociales o cualquier acto opositor que el gobierno (cualquiera fuere su signo político, actual o futuro) juzgue antojadiza o discrecionalmente como desestabilizador, contrario a sus intereses o, simplemente, molesto.

La ley que por este medio se pretende derogar apunta, según su propia fundamentación, a "adecuar la normativa a las transformaciones registradas a nivel global" en materia de avances contra la acción y el financiamiento del terrorismo como, así también, "a los más elevados estándares internacionales" en términos legislativos.

Resulta cuando menos llamativo el empeño del Poder Ejecutivo Nacional por imponer su legítima mayoría parlamentaria para ajustarse a los más elevados estándares internacionales que dicta la máxima potencia hegemónica mundial y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de su política contra el lavado de dinero.

La indudable presión política ejercida desde el exterior para la aprobación de la ley que pretendemos derogar revela, lamentablemente, la persistencia del lineamiento ideológico que dio sustento a las acciones intervencionistas de la denominada "guerra preventiva" y le otorgan, de paso, al gobierno nacional la posibilidad de inventar sus propias cruzadas contra enemigos imaginarios que podrán ser sindicados como "terroristas" con nuevo respaldo legal.

Legisladores de todo el arco opositor, constitucionalistas, sindicatos, organizaciones de derechos humanos como el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, el SERPAJ, la propia Hebe de Bonafini; el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni y hasta el oficialista grupo de intelectuales nucleados en Carta Abierta, rechazaron esta iniciativa promulgada por la Presidenta de la Nación.

El constitucionalista Daniel Sabsay se expidió al respecto afirmando que se tarta de "una ley sumamente peligrosa que viola muchos de los principios básicos del derecho penal liberal" y que "parece una norma que nos acerca a la época de la dictadura" mientras que, por su parte, la enorme mayoría de los partidos políticos que integran el arco opositor han coincidido en que, cuando la tipificación en materia penal es ambigua, se transita por el peligroso camino que puede llevar sin escalas al abuso de autoridad.

Hasta en el seno del propio gobierno hubo interpretaciones dispares sobre el alcance práctico político de la norma: mientras el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, admitió que podría afectar el desempeño de la prensa, el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, lo desmintió públicamente sosteniendo que tal afirmación era un "disparate".

El propio grupo pro-oficialista Carta Abierta, en un pasaje de un documento de naturaleza pública denominado "Carta de la Igualdad" calificó a la ley como "contradictoria con el espíritu democrático del proyecto nacional" agregando que "sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional" que, desde su particular visión, lideraría el oficialismo.

El Juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, aseguró que "el GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo". Sostuvo, además que "el GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero".

Esta ley, lejos de combatir el terrorismo, transforma en potenciales terroristas a todos los ciudadanos que pretendan hacer públicas sus legítimas demandas y reclamos sociales. Si esta ley estuviera vigente en España, el movimiento cívico y pacifista de los "Indignados" podría ser tildado de terrorista del mismo modo que ETA. Evidentemente, criminalizar la protesta es el modo autoritario que ha elegido el gobierno para ingresar en una nueva etapa de administración del Estado que, seguramente, estará signada por la disminución del gasto público, la sumatoria de ajustes tarifarios y el aumento del malestar social.

Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.